Garantizar el acceso al agua potable, la energía (ojalá limpia) a suelos sin degradación (química o física), un aire limpio, acceso y mantenimiento de la biodiversidad y bosques públicos preservados, debería ser un ‘Mínimo Vital Ambiental’ para todos los colombianos, independientemente de quien sea el gobernante de turno. Política de Estado, diría yo.
En una semana, ya se sabrá quién es el nuevo presidente. También será recibido por un ‘súper Niño’, ya declarado oficialmente, y con enormes retos para mitigar los impactos que se vienen. Reviso los indicadores de pobreza multidimensional, y estos se concentran precisamente donde hay mayores condiciones de biodiversidad o grupos étnicos (Amazonía, Chocó y La Guajira); reviso los datos de población y, tomando los valores de la Amazonía, la Orinoquía y el Chocó, allí vive menos del 7 por ciento de la población colombiana, mientras se concentran la mayor parte de los bosques, agua dulce superficial potable, suelos agrícolas de uso extensivo, y potencial minero de gran escala en oro, cobre, ‘tierras raras’, coltán, y otros más. Estas regiones son el soporte ambiental más importante del país para mitigar el efecto de los eventos climáticos extremos que vienen, así como nuestra reserva estratégica de recursos genéticos, agua superficial de calidad y bosques.
También constituyen un enorme potencial de desarrollo agrícola en la Orinoquia, que también conlleva enormes riesgos de impactos ambientales y sociales de ser ignorados sus condicionantes, y en particular los impactos acumulativos y sinérgicos de proyectos paralelos de gran infraestructura (principalmente carreteras, hidrovías, ferrovías), desarrollo energético (procesos de exploración, producción y conducción de energía), que se anuncian desde diferentes sectores de la producción sin que sea evidente un diálogo intersectorial sobre la planificación del modelo de transformación territorial, sus límites, su zonificación y sus medidas de compensación y mitigación, así como las zonas de restricción que se deben establecer.
Pero, igualmente, todos estos territorios pasan por la concentración de las conflictividades armadas y las economías ilícitas que las alimentan, pero particularmente con poblaciones que están sometidas a condiciones de marginalidad histórica que se expresan en ese terrible mapa de pobreza multidimensional que nos presenta el Banco Mundial este año. Y allí es donde todos los estudios realizados en diferentes latitudes coinciden, evidenciando cómo la abundancia de recursos naturales, baja capacidad institucional, pobre asignación de recursos públicos, bajo acceso a bienes y servicios del Estado, limitado ejercicio de derechos de ciudadanía, baja participación civil en la toma de decisiones, pobre acceso a la justicia y educación de baja calidad son el coctel perfecto para entregar poblaciones a la marginalidad, y peor aún, a ser funcionales a los modelos de gobernanza criminal, a involucrarse en economías y grupos ilegales, y recibir una doble victimización cuando los gobiernos de turno deciden “recuperar a sangre y fuego” los territorios con el discurso de la soberanía, pero con proyectos de desarrollo como motor y requisito vinculante y esto se ejerce en primera línea contra la población local.
Colombia lleva más de medio siglo en medio de campañas militares y procesos de paz que no se conectan entre sí. Pareciera que en la mentalidad del colombiano no fuera posible entender que los conceptos de seguridad, paz, desarrollo económico y derechos de ciudadanía son interdependientes y que, precisamente, por la ausencia de políticas de largo plazo que aseguren esa interrelación, y que sean focalizadas en los territorios periféricos, es que hoy tenemos más de la mitad del país incendiado, en medio del dominio de una pléyade de grupos que han desarrollado sus modelos de economía (además con integración de cadenas ilícitas y licitas), alianzas políticas regionales, provisión de servicios a la población —incluyendo seguridad y justicia, por bizarra que sea— y que hoy, además se hacen más criticas aun por el impacto ambiental acumulativo de las actividades de deforestación, minería, carreteras, ganadería en zonas restringidas, entre otras muchas más, y evidencian como la perdida de gobernanza, y de manera clara de democracia, que afectan directamente la seguridad ambiental de todos los colombianos.
No podremos acceder a ese ‘Mínimo Vital Ambiental’ del que hablamos al principio de la columna, si no es posible proveer seguridad humana a las poblaciones, darles tratamiento de ciudadanos y derechos básicos, rompiendo el abandono de siglos en las periferias (es el Estado quien debe “reintegrarse en estos territorios”); tampoco podremos transformar sus condiciones si no se desarrollan economías licitas que reemplacen la dependencia de las ilegales, y para ello los servicios ambientales tendrán que ser parte de la discusión tributaria de los próximos años. La tracción económica de la ilegalidad empieza hoy por un modelo internacional de demanda sobre recursos naturales sin trazabilidad, ya sean estos de minerales, carne u otras cadenas, lo cual debe ser foco de la gestión política para cambiar esta tendencia y exigir la corresponsabilidad internacional por su directa implicación en el debilitamiento de las democracias y el medioambiente. El comercio internacional y la política de fronteras se vuelve parte del menú en la seguridad ambiental.
Las decisiones sobre el modelo de desarrollo económico en los territorios más sensibles ambientalmente se verán en el mediano plazo, pero los impactos directos serán a muy corto plazo. Por ello no es aceptable pensar en soluciones simplistas para abordar la recuperación y protección de nuestro patrimonio ambiental de la mano de las poblaciones que hemos abandonado junto con el país periférico durante tantas décadas, como si la fragmentación territorial fuera un sino trágico, que nos lo quiere recordar la llegada del ‘súper Niño’.
