Viendo el debate ambiental de candidatos por televisión este fin de semana, me llamaba la atención la poca discusión alrededor de las rutas del oro para su exportación a los mercados internacionales. El oro se mueve hoy por el territorio nacional en busca de quién lo funda y lo ponga en el marco de un título minero vigente que logre ponerlo en la ruta de las firmas exportadoras. El mecanismo opera en varios países de la región, en donde hay una ‘cacería’ de títulos y permisos de exportación por parte de quienes hoy tienen acceso a la gran producción ilegal e informal del país y las zonas fronterizas vecinas, de donde también se está trayendo gran cantidad del famoso metal.
En los países de este pedazo de continente, la movilización de oro, insumos y maquinaria se hace de manera abierta, sin restricción alguna, dado el enorme poder de corrupción que tiene esta actividad. Puestos militares, de la Armada, la Policía y las aduanas son meros espectadores de este frenesí, y por supuesto, muchos logran ‘coronar’ con ingresos derivados de la omisión deliberada y cómplice. Cualquier gobierno que llegue deberá enfrentar uno de los problemas más profundos de la institucionalidad publica, y es la cooptación que ha generado esta industria de la minería ilegal en las agencias de seguridad y control territorial.
Una portada en The New York Times donde se muestra una mina de oro operada por un grupo armado ilegal al lado de una base militar, y al mismo tiempo la revelación de como el oro es comprado en Estados Unidos por la Casa de la Moneda, sin ningún requerimiento de trazabilidad, es el detonante de una situación que atraviesa la institucionalidad publica, la economía nacional, la degradación ambiental, la ausencia de corresponsabilidad internacional y la precariedad de las comunidades que viven inmersas en estas economías. ¿Cuántas portadas más se requieren para tomar en serio la necesidad de crear marcos vinculantes de comercio con países compradores de oro para asegurar una cadena de suministro con algún nivel de responsabilidad compartida?
También es interesante ver el espectro de posiciones sobre el desarrollo de la minería de gran escala como apalancador de recursos financieros para la protección ambiental, que van desde su prohibición en algunas zonas del país hasta su promoción bajo el mote de “desarrollo sostenible” y zonificación ambiental. Poco elaborado el análisis, en general, sobre las formas, capacidades y experiencias en materia de formalización minera de pequeños mineros y asociaciones locales, más allá de señalar que su única opción es la asociación con grandes empresas.
Pero, como se ve cada vez con más claridad, las expectativas internacionales sobre el potencial colombiano no son solo sobre el oro, sino sobre una gran variedad de minerales que hoy no están siendo explotados, y que, en muchos casos, aun el país desconoce su real magnitud y distribución, siendo un enorme riesgo frente a la voracidad internacional reinante en materia de ‘tierras raras’.
Extraño hablar de potencial minero cuando la información pública es tan asimétrica y poco discutida en el ámbito de la zonificación productiva nacional. Y por supuesto, también queda pendiente el capítulo del control e incidencia de grupos armados sobre la extracción, movilización y comercio de minerales, así como sobre sus socios internacionales en la comercialización. Cada vez más, esta rama de la economía será un posible destino de las organizaciones armadas que decidan pasar a la formalidad, dado el contexto internacional y las ventajas políticas de la legalidad.
Y sobre las condiciones de recuperación del pasivo ambiental y social que está dejando la minería, legal e ilegal, poco se habla. Miles de hectáreas están hoy degradadas, cientos de kilómetros de ríos contaminados con mercurio, decenas de comunidades están con niveles de contaminación más altos que el límite definido por la OMS, y son cada vez más los casos de enfermedades neurológicas y malformaciones que se presentan en las comunidades inmersas en estos territorios. Es un asunto de salud pública, pero me temo que, al ser poblaciones rurales, vulnerables y estigmatizadas, no son prioridad política para ser intervenidas con la rigurosidad que se requiere. (A propósito, desde Venezuela, Bolivia y Perú llegan toneladas de mercurio sin control, algunos de origen chino y otros de México. ¿Quién se lucra con la movilidad del mercurio?)
Finalmente, miles de personas viven hoy de la economía del oro. Muchos solamente han tenido esta oportunidad para salir de la pobreza, y crear condiciones de progreso sostenido en sus familias. Centenares de pueblos olvidados hoy tienen su bonanza gracias al oro que se mueve en el territorio. ¿Cómo convertir este recurso en fuente de oportunidades y riqueza sin que sea a costa de una tremenda degradación ambiental (y social en paralelo), siendo responsables con la sensibilidad ambiental de nuestros más importantes ecosistemas? ¿Estamos preparados para un debate sobre la zonificación minera nacional, sus usuarios de manera incluyente y la ponderación con la seguridad climática y biodiversidad del país?
El país debe analizar el profundo impacto en la corrupción y cooptación del Estado en las agencias públicas, particularmente de seguridad, si pretende algún día salir del eterno bucle del ‘Estado fallido regional’.
