Volando hacia el Caribe en estos días, logré observar la cantidad de agua que viene bajando por los ríos, inundando la depresión momposina, y llegando a la planicie caribeña con muchas zonas donde las aguas están a tope. También la Ciénaga Grande, rodeada de grandes cultivos y recibiendo los favores de la Sierra, que provee de grandes cantidades de agua de riego. ¿Cuánto de las ciénagas y humedales del Caribe ha sido secado, taponado, rodeado por diques e intentado tomarlo para usos agropecuarios? ¿Cuántos cultivos permanentes han sido sembrados en las zonas de inundación de la cuenca media y baja del río Magdalena? ¿Existe ese dato por parte de la UPRA o de las corporaciones regionales? Y más aún: ¿cuántas hectáreas deberían funcionar como vasos reguladores de los pulsos de inundación, y que deben retornar a esa función ecológica?
Y como se trata de hablar de contrastes, pienso de inmediato en lo que vendrá en el próximo semestre. Sea con un súper Niño o no, lo cierto es que aún la predicción más leve indica una potencial disminución de las lluvias que caen en esta época del año (respecto de los promedios históricos), y también la aparición de altas temperaturas. Pasaremos a un escenario de restricción de agua en la precipitación, en el nivel de los ríos y, evidentemente, en los embalses y represas. El consumo de agua en las ciudades pareciera no regularse aún en función de prepararnos para un escenario restrictivo, ni tampoco en lo energético. Entonces, si seguimos consumiendo agua y energía sin límite, y viene una restricción de lluvias, lo mismo que altas temperaturas e incendios forestales, pues se genera una condición de riesgo inminente. Hay un tema adicional, muy complejo, y es la limitante que pesa hoy sobre el llenado de represas y embalses debido al incidente de Urrá, donde aparentemente se atribuye al nivel de represamiento sumado a la intensidad de precipitación, y que se hubiese dado un vertimiento extraordinario que condujo a parte del desastre de Córdoba hace unas semanas. Los límites de represamiento, como medida preventiva, son apropiados, así como su modificación progresiva para llegar a la máxima capacidad de almacenamiento antes de la entrada del súper Niño.
En un país de contrastes, en una misma zona se desarrolla una conferencia mundial para iniciar el trazado de una ruta hacia la transición en el uso de hidrocarburos y energías fósiles, y al mismo tiempo la nación pierde el control efectivo sobre sus más importantes parques nacionales en el territorio Caribe, así como arrecian las presiones y amenazas sobre sus estoicos funcionarios. Y es precisamente allí en donde la seguridad hídrica del país se consolida, pues gracias a su existencia la precipitación nacional tiene estas áreas como reguladoras de caudales para la gran mayoría de la población colombiana en las ciudades. Revisar la condición de gobernabilidad de los Parques Nacionales y particularmente la capacidad de generar seguridad hídrica para la nación es imperativo, más aún cuando las actividades de minería ilegal, agricultura, ganadería (donde el caso del Cocuy pareciera ser una afrenta pendenciera contra las Áreas Protegidas) y ampliación de la frontera arrecian contra las partes altas de las cordilleras, y por ende la regulación hídrica.
Y si esto ocurre en las partes altas de las cordilleras, lo que se ve en las grandes planicies de la Amazonía y el Andén Pacífico debería llamar la atención de quienes vienen a recibir la posta presidencial. En esos territorios, la extracción de oro ilegal se hace cada vez más fuerte, y la degradación de ríos, bosques y suelos aumenta, en paralelo con la contaminación química por mercurio. En muchos territorios de comunidades étnicas, ya sean indígenas o negras, la participación o no en el negocio minero ya no es una opción. Los que se oponen corren riesgo de ser violentados o expulsados del territorio, y terminan en grandes ciudades pidiendo limosna o chocando con autoridades cuando la desesperación llega a su límite. Grandes ríos, desde el Atrato hasta el Quito, pasando por el San Juan o el Patía, reciben miles de toneladas de sedimentos y contaminantes; al mismo tiempo, miles de hectáreas de zonas cultivables de las comunidades negras se han ido perdiendo ante el embate de las dragas y dragones. En la Amazonía, los alarmantes niveles de mercurio encontrados en muestras de cabello y sangre de comunidades que lograron resistir a la cauchería y a la Conquista, pero no a la guerra del oro, nos muestran que para muchos de ellos ya no es posible consumir la dieta basada en peces de los ríos locales pues ya saben que estos están contaminados en niveles altamente peligrosos.
En la Orinoquía será interesante revisar qué está ocurriendo con las descargas de pesticidas, fertilizantes y sedimentos de la agricultura y ganadería intensiva, más aún cuando el país parece encaminarse en la intensificación del uso del suelo en esta región. Revisar esta condición de la calidad de aguas es vital, en un momento en el que Colombia se va a enfrentar a fenómenos de restricción de lluvias de gran intensidad asociados al súper Niño, y no debería seguir un comportamiento de derroche tanto en el consumo de agua y energía así como tampoco hacer cuentas alegres de la “abundancia de agua” en un país que ha golpeado significativamente sus aguas superficiales en todas sus cuencas.
