Hemos dicho que hoy hay cientos de kilómetros de selva que se están tumbando con grandes máquinas, y que a lado y lado de las trochas se abren tremendos lotes de pastos para entrar ganado. Lo que está sucediendo en La Macarena, en el bajo Caguán y en Calamar, es la manifestación clara del fracaso de la política del Estado colombiano contra la deforestación en el último siglo.
Da mucha rabia observar cómo le cuesta tanto a un país tomar decisiones de fondo con problemas sobrediagnosticados y crecientes. Desde la semana pasada —como casi todos los años en esta época— estoy cacareando que hay miles de hectáreas de bosques deforestados en el suelo, que las van a quemar, que estamos en un pico de alta temperatura en el oriente y una pausa en las lluvias (o le sigo diciendo verano, pero los técnicos le dicen “época de menos lluvias”). Los incendios se dan porque los bosques han sido tumbados. Los de las sabanas van en otro costal y, más aún, las chagras o conucos.
También he contado cómo hay decenas de iniciativas, unas apoyadas por los gobiernos y otras por la cooperación internacional, donde comunidades enteras han iniciado sus proyectos de restauración en los que se combinan áreas donde crecen los rastrojos, se enriquecen los bosques con especies de interés comercial, se incorporan especies pioneras que sirven para jalonar la sucesión vegetal, como también se hacen encierros para que el ganado no entre y la vegetación se recupere. Mucha de esta restauración se hace también sobre zonas donde se requiere hacer crecer el bosque para retener humedad superficial y regular los flujos hídricos para acueductos veredales y municipales. Por eso da tanta rabia ver cuando los que meten candela para ampliar sus potreros en las tierras de bosques públicos, pues ni siquiera un elemento básico de la vida como el agua entra en su racionalidad para tomar esa decisión.
Dado que ni la autoridad se puede ejercer ni la cultura se ha transformado y los mercados siguen demandando sin preguntar de dónde viene lo que compran, hoy tenemos un panorama en el que quemar y tumbar lo hace quien le dé la gana, a menos que un grupo armado ilegal le diga que no. Allí sí se obedece.
A pesar de tener información satelital diaria sobre deforestación, puntos de calor, vientos, temperatura, humedad relativa, tipos de cobertura y no sé qué más, carecemos de un sistema de control de incendios que actúe de manera preventiva y cuya capacidad haya mejorado. ¿Cómo es posible que aún no haya una flota aérea permanente, entrenada y con capacidades aeronáuticas propias para atender grandes incendios? ¿Cómo es posible que no existan brigadas especializadas para apoyar bomberos locales en el caso de incendios de gran magnitud? ¿Cuántas décadas más vamos a perder dilatando esta decisión?
Pero todo lo anterior está dado por un fenómeno que raramente está pasando desapercibido en estos días: la deforestación, que no para y avanza rauda atravesando de lado a lado lo que nos queda de bosques. Que se esté haciendo una carretera que cruza de lado a lado la serranía de La Macarena y nadie diga nada me parece el peor síntoma de incapacidad institucional e indolencia de la sociedad civil. Que se estén quemando decenas de hectáreas y nuevas vías en Chiribiquete (que habría podido ser el centro de investigación tropical más importante de Colombia) sin que haya tan siquiera una mención, es aterrador; ni hablar con el tamaño y velocidad de avance en las fincas que se abren en Calamar, donde se soñaba una concesión forestal campesina, o en Cartagena del Chaira, donde alguna vez se quiso hacer una zona de manejo forestal sostenible. En un mundo donde la atención por una noticia tiende a ser cada vez más efímera, mantener el foco sobre un problema de esta magnitud será un reto aún mayor, más aún cuando las soluciones que se plantean son cada vez más simplistas, unas pensando en el “sagrado balín” y otras en la “santificación de lo popular”.
Darle la vuelta a un problema y volverlo una oportunidad es un arte que pocas veces se logra, pero en el caso colombiano se requiere con urgencia. ¿Podría explorarse qué ocurre si se dan estímulos del presupuesto nacional a los territorios que conserven sus bosques? ¿Sera posible que aquellos productores que incluyan prácticas de restauración puedan tener acceso a mercados con valor agregado? ¿Podría desarrollarse un marco legal para atender el fenómeno de los incendios de los bosques públicos? ¿Se ha pensado en la implicación para el país por su pérdida de carbono almacenado y su valor en el mercado, con la consecuente pérdida para los ingresos públicos? ¿Cómo podemos hacer un proceso donde la demanda nacional de productos de la ganadería, ya sean cárnicos o lácteos, incluya de manera vinculante la trazabilidad animal desde el predio y se convierta en un estímulo comercial? ¿Será posible que el registro nacional de predios deforestados entre a operar en una plataforma publica? ¿Podemos pensar en que la tributación nacional incluya pagos específicos a la conservación de los bosques? ¿Cuándo llegaremos a tener modelos de alianzas del sector privado y comunitario para bosques comerciales y silvestres?
Son muchas preguntas para debatir y construir, ojalá consensos sobre los bosques como garantía de la seguridad climática, o sobre el sistema de parques como patrimonio público y donde la investigación debería ser el pilar de nuestra transformación hacia la bioeconomía. O sobre la necesidad de una frontera agropecuaria donde el uso del suelo sea para mantener los bosques en pie. Y donde la ganadería, respetando la frontera agropecuaria, sea bajo el modelo de silvopastoreo y semi-estabulación. Mientras algún día podamos hacer algo de esto, las cenizas llenan el cielo de lo que alguna vez fue selva, y las aguas de los caños desaparecen como evaporadas por las llamas.
