En este último año de gobierno, era muy probable que el proceso de deforestación se disparara en este primer trimestre, pues las cifras consolidadas se presentarán en el 2027, en un poco más de un año y medio. El control territorial de los grupos armados, y de sus decisiones frente a reducir o ampliar la expansión de la frontera agropecuaria, se pone a prueba en este momento, y en particular la consolidación de grandes zonas donde centenares de kilómetros de trochas se están abriendo paso entre la selva. Como lo señalé la semana pasada, encuentro situaciones alarmantes en varias regiones, que difícilmente cambiarán su tendencia en el corto plazo. La conexión vial desde el Ariari hasta Puerto Leguizamo, pasando por parques, resguardos, reservas forestales y distritos de manejo, está prácticamente siendo terminada, con la consecuente apertura de fincas, casas y corrales enormes y cocales que van creando un nuevo mercado paralelo a la colonización.
En cientos de kilómetros recorridos atravesando medio país se observa un juicioso y extraordinario ejercicio de control territorial, donde trochas recién pulidas por las máquinas siguen conectando veredas, mercados, ríos y territorios que se abren paso en medio de lo que se ponga al frente. Difícil pensar cómo un territorio tan extenso ha sido transformado en tan poco tiempo, de manera tan ordenada, y con semejante capacidad operativa y financiera. Las temperaturas máximas de esta semana, que rondaban los 34 grados, y de la siguiente, que llegarán a 36, son el escenario perfecto para terminar de quemar las miles de hectáreas que están en el suelo, así como ampliar y pulir las vías que están marcando la nueva colonización, y preparando los potreros para sembrar los pastos que recibirán el ganado. También, y es muy evidente, se seguirán sembrando y ampliando cientos de hectáreas de coca que van marcando las economías que impulsan este movimiento de apropiación de tierras.
Lo anterior es particularmente visible en la margen izquierda del río Caguán, en Cartagena del Chairá, en la otrora ‘Zona de Ordenación Forestal Yari Caguán’, que es el mayor núcleo de deforestación nacional en el momento. Caso similar existe en el alto río Camuya, en San Vicente del Caguán, y ni qué decir de la deplorable insistencia en romper con una vía el Parque Chiribiquete, desde el río La Tunia hasta las cabeceras del Yaya Ayaya (¿y su conexión con el Apaporis?). Más al norte de Nueva Colombia, la via hacia Barranco y los cocales del caño Cabra terminan fragmentando lo que quedaba de la planicie de La Macarena, pues la serranía ya se rompió con la conexión de Santo Domingo a La Julia.
La economía de los bosques —de la cual soy fervoroso seguidor—, ya sea en productos maderables (que en Colombia es restringida por la tala selectiva histórica), y no maderables, viene despegando muy lentamente, y ni la oferta tecnológica, ni el marco legal, ni el apoyo financiero, ni la vinculación del sector privado, ni la demanda comercial, han podido aun consolidar esta alternativa de manera masiva para hacerle competencia a los usos del suelo que deforestan. Existen 5 millones de hectáreas disponibles para restaurar, y son una oportunidad para un modelo productivo de gran escala, como lo está ya avanzando Brasil con financiación del BNDES.
Un caso maravilloso de esperanza es el del ecoturismo comunitario, que en zonas que van desde La Macarena hasta el Guainía, o de Leticia al Guaviare, han transformado entornos que eran impensables hasta hace poco, y logran cambiar la tendencia deforestadora de manera contundente y legítima. Nuestros ejemplos apenas empiezan a despuntar, y esperamos unos años más para ser ‘jalonadores’ de la economía regional. No desistiremos.
Lo cierto es que por donde se mire hay un proceso acumulativo, que muestra una dirección y coordinación que adolece el Estado colombiano. Vuelvo y lo repito: más allá de la consideración ambiental, la población local percibe “orden y progreso”, pues la economía local esta creciendo, las reglas están claras y la seguridad es ejercida casa a casa en cada vereda por alguien que la aplica sin contemplación. Recuperar autoridad de manera legitima será un enorme reto de largo plazo, que no se puede posponer más. Hacia donde se mire, el modelo de uso del suelo ganadero va ampliándose cada vez más, pasando por encima de cualquier ordenamiento. Me pregunto si podemos apoyarnos en ese modelo, y usar su arraigo social y cultural, y su infraestructura comercial, para lograr acuerdos básicos de ordenamiento que estén impulsados desde la demanda comercial.
Toda esta expansión está soportada por una demanda comercial de productos cárnicos y lácteos de tierras que hoy no se conectan con la expansión de la frontera agropecuaria de manera responsable. Claramente, se requiere privilegiar y apoyar centenares de productores que hoy tienen la posibilidad de entrar a mercados de mayor valor agregado a través de la trazabilidad de sus productos, para lo cual hay una tarea enorme que realizar, empezando por la aprobación final de una ley de trazabilidad que hoy espera ser ratificada en la plenaria del Congreso, luego de que en la legislatura anterior,fuera aprobada en Senado y Cámara.
La coca y el oro son los más grandes motores económicos regionales que están dinamizando estos territorios y su transformación. Cada vez es más imperativo hacer un análisis que va más allá de la condena a la actividad local, pues cae en el error histórico de nunca mirar a los actores que impulsan la cadena desde los mercados “legales”. Esta semana, cuando por primera vez se hablaba de un operativo de decomiso de estaño en lingotes, provenientes de Carreño, se pone sobre la mesa la necesidad de revisar la cadena de comercialización de minerales provenientes de estos remotos parajes, que son un enorme motor financiero de este proceso de fragmentación territorial. Pero, ahí, el silencio se apodera nuevamente de los micrófonos, pues el negocio es más importante que esos arbolitos del patrimonio público ambiental.
