Entender la deforestación como un fenómeno complejo, resultado de muchas interacciones y procesos de largo plazo es fundamental para el desarrollo de una política apropiada para su intervención. Más de la mitad de la población de los municipios del arco amazónico de deforestación no tiene cubiertas sus necesidades básicas (NBI), según datos del DANE, y superan ampliamente el promedio nacional y sólo comparables con otras regiones periféricas y ricas en recursos naturales como el Guainía, Vaupés, Chocó, Vichada y, obvio, La Guajira.
Igualmente, los datos de pobreza multidimensional en departamentos como Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare superan ampliamente el promedio nacional, con niveles de hasta el 46,5 por ciento en zonas rurales como la de este último departamento. Revisando los datos de la inseguridad alimentaria, hace una década la región amazónica presentaba un índice de 64 por ciento, superando también el promedio nacional, así como la desnutrición crónica, donde centenares de jóvenes de esta región han muerto en medio de los más de 5.000 combates registrados en las últimas seis décadas por investigadores del conflicto.
Todo lo anterior, en el marco de un proceso de deforestación y degradación de suelos continuada, en los últimos 50 años, que representan la pérdida de un poco más de 5 millones de hectáreas de bosques, y donde, desde el año 1990, cuando Colombia tiene registros sistemáticos de perdida de bosques, se ha perdido un promedio cercano al 70 por ciento de la deforestación nacional, y donde la variación de los últimos años, ya sea hacía el incremento o disminución, esta íntimamente ligada a las decisiones de los grupos armados que han ejercido el control territorial incluyendo los modelos de uso de la tierra y expansión de la frontera agropecuaria de manera clara en las últimas tres décadas, así como los periodos en que se han desarrollado iniciativas o acuerdos de paz, como en el siglo pasado (1986, 1998), y en el actual (2016 y 2022). El control que hoy ejercen los grupos armados no sólo se ve reflejado en la dificultad de la institucionalidad pública para hacer presencia, inversión o autoridad, sino en el avance de un nuevo modelo de colonización, proyección vial, desarrollo de asentamientos, uso de economías ilegales, reglamentación de la vida cotidiana y hasta definición de las normas sobre deforestación en las áreas y población que les interesa.
Sin embargo, no todo es pobreza y guerra; están los denominados “incentivos perversos de política pública”, que han sido descritos en los acuerdos del Plan de Acción de Biodiversidad como aquellos que por acción u omisión puedan afectar la biodiversidad o el incumplimiento de la normatividad ambiental. El caso más emblemático de este tipo de incentivos son los recursos de financiación de la expansión ganadera en zonas que se encuentran más allá de la frontera agropecuaria, o en zonas de restricción ambiental, ya sea a través de carreteras, pozos de agua, mejoramiento genético o adecuación de tierras, como se evidenció en un estudio que desarrollamos sobre las inversiones de Finagro o las destinaciones de regalías del DNP para la región. En los últimos ocho años, cerca de un billón de pesos invertidos en proyectos viales con recursos públicos se han sumado a las inversiones para realizar más de 8.000 km de trochas en zonas de control de grupos armados sobre áreas con restricción ambiental, que coinciden plenamente con la entrada de más de 1,3 millones de nuevas cabezas de ganado en los municipios donde se han perdido más de 600.000 hectáreas de bosque y tierras públicas. De cada 10 hectáreas deforestadas, 8,3 se pueden estar destinando a actividades especulativas y de ganadería, 0,2 a la apertura de vías ilegales, y 1,5 a cultivos de coca (que podría estar generando 150 millones de dólares año, si usamos de manera gruesa los datos de UNDOC). La extracción de oro en los ríos añade una poderosa suma de ingresos (de ese 70 por ciento de producción ilegal del oro comercializado en el país), que van a los proyectos de cada inversionista, y de los cuales una parte se queda en la guerra y otra en las economías regionales y que pueden sumar centenares de millones de dólares, ahora que el kilo de oro esta rondando los 120.000 dólares.
La producción de leche y queso es un claro renglón de economía legal, de la cual muchos campesinos lograron sobrevivir a la crisis paralela del Covid y el congelamiento del mercado cocalero. A pesar de que en municipios como La Macarena o departamentos como el Guaviare más del 70 por ciento del hato ganadero es de medianos y grandes propietarios, según datos del ICA en 2024, hay gran parte de población campesina que depende de esta actividad, donde la venta de animales, leche y queso, así como el arriendo de pastos, son su fuente de sustento legal. Algunos logran complementar recursos con proyectos de ecoturismo, bonos de carbono, maderables, frutales, abejas, en fin, nuevas pero aún pequeñas iniciativas de cambio de uso del suelo, que necesitan despegar en un marco de política de largo plazo. La paradoja es que no hay aún un mercado legal, de tipo agroforestal, que jalone un cambio de modelo en el corto plazo, a pesar de los esfuerzos de los últimos gobiernos, cada uno con sus énfasis, y las expectativas frustradas de que la ‘bioeconomía’ se convierta en el motor de conservación y desarrollo económico, sostenible y legal. Los retos que vienen con la minería de transición energética, y la exploración de hidrocarburos pondrá a prueba estos años de énfasis en la diversificación económica frente a la renta extractiva.
Menos del 1 por ciento de la población de la Amazonía está hoy en armas. Pero casi un 40 por ciento del territorio nacional está afectado por fenómenos de violencia y con una economía mixta entre lo legal e ilegal, además de una población en condiciones de pobreza multidimensional impresentable. Su territorio alberga el más importante recurso de la seguridad climática del país, entre aguas y bosques, así como su biodiversidad. Aquí puede estar nuestra mejor oportunidad para abordar la adaptación al cambio climático, el combate a la pobreza y el cierre de las violencias que acaban de ser proclamadas en consenso por los países presentes en la COP 30 de Belém do Pará.
