Es muy fuerte lo que está sucediendo con el desmonte de la institucionalidad pública en los EstadosUnidos, particularmente con el cierre total de programas asociados a cambio climático, biodiversidad y transición energética, así como la reducción presupuestal y desmonte de personal en agencias de reglamentación ambiental y meteorología, por señalar algunos de los casos más aberrantes.
Las demás agencias, bajo la administración federal del Departamento del Interior, ya empiezan a acusar el mismo tratamiento de lo que una bestia sureña denomina “la motosierra” (muy gráfico en su odio visceral), aplicado por el patológico neonazi conquistador del espacio, y alimentado por el gran hombre naranja, que pide a través de redes que sea “más agresivo” en la aplicación del programa de desmonte del Estado. Significa, ni más ni menos, que agencias como la Oficina de Asuntos Indígenas, el Servicio de parques Nacionales, el Servicio Forestal, la oficina de Tierras Publicas y el Servicio Geológico, entre otras, tendrán una prueba de fuego pues su debilitamiento ya se empieza a sentir no solo en su personal, sino en su presupuesto y capacidad normativa.
Esta idea, de reducir el Estado, los controles, normatividad, derechos de minorías y del ambiente, tiene seguidores en estas latitudes tropicales, pues es tremendamente atractiva para aquellos seres humanos que ven en el negocio su sentido de vida y, en el Estado, el impedimento para hacer realidad su sueño. Entre otros males, estos libertarios ven en el Estado una carga burocrática ineficiente, unas prebendas innecesarias e ilegitimas de poblaciones que reciben subsidios e inversiones públicas priorizadas, una interpretación errónea de la responsabilidad del modelo de desarrollo en el cambio climático, y una maraña legal para proteger aspectos ambientales y de grupos étnicos que frenan el desarrollo, entre muchos otros males que dicen estos damnificados.
Candidatos con diferentes disfraces empezarán a vender esta panacea como la “salvación de la democracia” y el progreso económico. Esta narrativa no tiene mucho que esforzarse, cuando los gobiernos de turno dan muestras de incapacidad, debilidad y corrupción, en un momento donde además hay una carga acumulativa de décadas del modelito de “hacer eficiente el Estado”, y por el otro, burócratas de medio pelo, clientelistas, profesionales de bajo perfil o incapaces, que alimentan la idea de que no se necesitan empleados de planta, que sean memoria institucional, que sean garantía del funcionamiento de un marco legal y técnico que propenda por la protección de los derechos colectivos e individuales. También le da alimento, a los manejadores de la motosierra, la incapacidad de ejecución de un presupuesto público o la ejecución en temas que se prestan para la politización, y más aun, en cuanto aparece el demonio de la corrupción. La autopista de los libertarios, la abren curiosamente, los que se autodenominan “defensores de lo público” y de las conquistas sociales.
Desde hace décadas, en Colombia, la Dirección de Asuntos Indígenas hace agua, y a pesar de tener que atender más del 40 por ciento del territorio nacional, sigue siendo una pequeña dependencia del Ministerio de interior, que tiene entre otros temas llevar a cuesta el tremendo reto de la regulación de la consulta previa, una figura caída en un demoniaco circulo de tramas, conspiraciones, extorsiones e intereses que distan de la magnífica e inspiradora declaración de la OIT que se reflejó en nuestra Constitución. Muy a mi pesar, siento que la consulta será uno de los puntales de ese proyecto de reforma del Estado que viene para Colombia, y la responsabilidad está del lado de quienes se pretenden ‘intelectuales orgánicos’ de las comunidades y otros grupos, que la han usado como instrumento de guerra.
Un maltrecho y empobrecido Ministerio de Ambiente, cercado por la beligerancia y tozudez de grupos que aún siguen soñando con proclamas y paradigmas de cuando Levis Strauss describía al “buen salvaje” o cuando la revolución verde planteaba el nefasto sistema de clasificación de tierras de la FAO, donde la clase I, dominada por zonas planas, era sinónimo de agricultura, y la clase VIII, riscos inexpugnables para la ‘conservación’. No por nacer en un grupo étnico se es ‘ambientalista’, ni por tener capacidad económica o tecnológica se es ‘sostenible’. Pero ante la incapacidad de mostrar modelos de economías funcionales y preservación ambiental, los intentos de ordenamiento y zonificación están quedando atrapados en una dicotomía simplista de ‘izquierda anti desarrollo’ y ‘derecha de megaproyectos destructivos’. Ni qué hablar de cuando una política para abordar de otra forma los cultivos de coca y el narcotráfico, pues no es sólo una asunto de ‘narrativa’ sino de hechos concretos. A pesar de los logros en incautación del sector defensa, la incapacidad de transformar economías regionales es la mejor excusa para volver a la terrible política del spray de veneno y seguir metiendo vacas donde no se debe.
Si el Sistema de Parques y las Reservas Forestales siguen invadidos y empobrecidos, reblandecidos en su normativa, quedará en bandeja de plata para quienes se sueñan con tener minas, aeropuertos, hoteles, carreteras, vacas, ordeñaderos, pistas de coleo, cocales, casas quintas y otros sueños de poder de grupúsculos que se reparten el patrimonio público. Es una oportunidad para otros, que verán ahí el momento de dar el zarpazo, y terminar la tarea, repartiendo la carranga entre los ‘poderes locales’ y la inversión privada que ‘salvará’ el país de la vida.
Estos, y muchos otros temas, serán parte de una agenda política electoral muy beligerante, que tendrá una conexión directa con la fuente conceptual del experimento más brutal de desaparición de institucionalidad pública en la historia de un país, que, como de costumbre ( y detrás, Elon, el temible) ha sido inspirador para nuestros próceres. Preparar un debate argumentado y serio es menester de quienes creemos que el camino es el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, por maltrecho que lo tengamos.
