El miedo, la rabia y el escepticismo reinan en muchas personas de la región amazónica hoy. Conversando con algunos, el desarrollo de este conflicto ha complicado cada vez más sus vidas y su cotidianeidad. En estas regiones, donde es más ostensible que existe otro orden, control y ley diferente al del Estado colombiano, las dificultades se han multiplicado con diversos grupos armados, heterogéneos entre sí, y al interior de sus filas, donde la sorpresa, la incertidumbre y el miedo, son una constante.
En los presidentes de Juntas de Acción Comunal se siente esa presión, pues son quienes reciben las órdenes e instrucciones de los “mandos” que usan esta forma de organización social para hacer su control, incluyendo las movilizaciones, creación de guardias, el pago de “impuestos”, resolución de conflictos sociales, obras comunitarias, y todo aquello que se mueve en la cotidianeidad del campo. La ausencia en la relación de estas comunidades con la institucionalidad pública es cada vez mayor, donde ahora, no solamente se da por la histórica pobreza, debilidad técnica e insuficiencia territorial, sino por la amenaza de los grupos armados a la presencia de estas agencias, ya sea por interés en el control sobre su gestión, como en intereses económicos. El panorama se complejiza aún más con la resistencia que han puesto las comunidades y las Juntas a la instalación obligatoria de las “guardias”, donde el uso de este instrumento de control social y confrontación ha generado aún más temores dentro de esta población, pues los conflictos que parecen venir, preocupan aún más a la población, que sigue sacando a sus hijos de estas regiones por el temor a quedar atrapados nuevamente en una guerra que no quieren.
La venta de fincas, renuncia de presidentes de juntas, migración de jóvenes, la rabia a la carnetización obligatoria, el temor a la reclusión en las “granjas” de castigo, la sorpresa por las órdenes de cuidar el bosque en el verano pasado, y la “libertad” para tumbar en este, o la orden de abrir carreteras que van monte adentro pagadas por las juntas, y de “limpiar” al borde de vía 50 metros, son parte de la esquizofrénica andanada de órdenes que día a día recibe la gente en medio de una confrontación invisible para la opinión pública. En casco urbano, la gente se pregunta por qué el proceso de diálogo no mejora las condiciones de vida básicas de la población, y se cocinan conversaciones llenas de rabia y escepticismo, y declarando un punto de “explosión” que se viene, pidiendo respuestas llenas de fuerza, como un espejismo de que esa es la fórmula para salir de su desesperanza.
Para lo ambiental, el panorama es gris, en el mejor de los casos. La deforestación del periodo de verano en 2024, dejo enormes cantidades de lotes, que están ya en pasto, y esperan miles de cabezas de ganado nuevas; este es el gran reto del gobierno este año, para cambiar la tendencia de “ganaderización” de la reserva forestal de la Amazonia. Ya las trochas fueron abiertas y mejoradas, en zonas que anuncian nueva colonización, y claro, enormes capitales que están “dinamizando” la economía regional. El precio de la tierra ha subido de manera exponencial, en la medida que las trochas han habilitado miles de hectáreas para poner los novillos a cebar a bajo costo y con mano de obra barata. La paradoja es que la condición regional premia a quienes son grandes inversionistas, y castiga a los pequeños campesinos, cada vez más arrinconados, en una lógica económica perversa. Por ejemplo, los préstamos bancarios para los grandes, se hacen con cargo a su respaldo financiero, mientras que a los campesinos, se les pide respaldo con cargo a la tierra, que no tiene ninguna formalización.
Cambio Colombia
Después de cinco años de estar haciendo inventarios forestales, y planes de manejo por especie, llegó el momento de hacer una primera cosecha de Asai, el promisorio producto no maderable del bosque, para algunas de las comunidades que están apostando por la reconversión productiva de la ganadería hacia el manejo forestal sostenible. No contaban con un detalle: la orden de los mandos era que ninguna actividad de proyecto ambiental se podría realizar, por la confrontación con la política ambiental del gobierno y contra iniciativas de cooperación internacional que han declarado los grupos armados de las disidencias. Por tanto, se perdió la cosecha de Asai, y con ella, no solo las pepas, sino la esperanza. En otros lados, los grupos de topógrafos que estaban avanzando en la delimitación de predios para avanzar en los procesos de adjudicación y derechos territoriales, también tuvieron que suspender actividades, ya que la presión por el control territorial entre facciones en conflicto, amenaza cualquier presencia institucional.
De remate, los árboles de viveros que estaban listos para sembrarse en las fincas de las comunidades que han priorizado para la restauración, pues debe hacerse en esta época de invierno y garantizar que podrán resistir el verano de fin de año, tuvieron otro percance: para mover los árboles, se requería que el vehículo que los transportara saliera antes de las seis de la mañana para poder llegar hasta lejanas zonas de frontera agropecuaria, que han sido priorizadas, y a su regreso, transitar hasta la noche. Esta acción fue prohibida, porque viola la orden de no transitar en horarios nocturnos, y decenas de familias estuvieron a punto de perder sus árboles. A la final, la gente los recogió, uno a uno, como hormigas, sacándole el cuerpo al absurdo de la guerra local. Es tan contradictorio, mientras que la coca crece y se enquista desde el río Sanza, el Santodomingo, el Cabra, el Cachicamo, y peor aún, abajo de la Tunia, el Camuya, el Yari y el Caguán, donde esos arbolitos no tienen restricción de movilidad, en la mitad de los Parques nacionales…
Más de siete meses llevan las instituciones ambientales sin poder retornar al territorio a implementar las políticas de estabilización de la frontera agropecuaria, que incluye la reconversión productiva hacía el manejo forestal sostenible, y la adjudicación de derechos territoriales, y mientras los funcionarios de parques ya llevan más de seis años sin retorno a las áreas protegidas.
Pero claro, estas son historias menores, al lado de la pérdida de esperanza.
