Llegó el momento de la verdad, y se cierra el periodo de sesiones del Congreso, donde se pondrá en juego nuevamente la priorización de asuntos ambientales definitivos para la salud climática del país, y su desarrollo económico basado en un sector agropecuario sostenible. La aprobación del proyecto de ley, que está en su último debate en el Senado este lunes, es un reto inmenso para este país, que espera decisiones de Estado, definitivas en su seguridad ambiental y progreso económico. Las disposiciones mundiales sobre comercio apuntan a la creación de mecanismos vinculantes, de debida diligencia, para garantizar que los productos de consumo hayan pasado por un proceso de seguimiento y verificación de que no provienen de áreas deforestadas. En Colombia ha llegado el momento de garantizar la protección de las áreas generadoras de servicios ambientales de utilidad pública prioritaria, como es el caso de los bosques, humedales, manglares, y páramos, entre otros, frente al avance indiscriminado de algunas prácticas agropecuarias. La Sostenibilidad, con mayúscula, empieza por la adopción vinculante del ordenamiento territorial, y la reglamentación del uso del suelo.
La ganadería, un importante sector de la economía colombiana, y con grandes augurios de crecimiento, en particular de mercado internacional, está frente al reto de su reconversión, en dos grandes frentes: el primero, ordenar su producción, en las zonas aptas según la reglamentación de usos del suelo y su vocación agroecosistémica. Conozco y doy fe de los estudios juiciosos de Fedegan, para proponer ordenación de la actividad productiva, así como de promover su reconversión técnica, hacia una práctica ganadera que incluya intensificación basada en modelos agroforestales probados en el trópico por agencias de la calidad técnica del Cipav y cuya formulación estuvo en los legendarios profesores Murgueittio y Preston.
De otra parte, intensificar su producción, aumentando su capacidad de carga, utilizar modelos silvopastoriles con especies de leguminosas arbóreas y forrajeras; generando corredores de conectividad con diseños de cercas vivas que apoyen la liberación de zonas para la restauración; protegiendo fuentes de agua y generando renovación de suelos, la conservación y otras modalidades productivas intensivas que incluyen la estabulación total o parcial.
Estas condiciones de favorabilidad para la transición ganadera hacían una práctica sostenible y por ende un negocio con trazabilidad, amenazado por la deforestación galopante que se enquista en la región amazónica principalmente, donde los fenómenos de apropiación masiva de tierras púbicas y comunales utilizan la ganadería como forma de consolidación de esta apropiación. Inversionistas de “alto riesgo”, utilizan las tierras deforestadas convertidos en pasturas para levantar y engordar cientos de miles de cabezas que alimentan los mercados de Cali, Pereira, Pasto, y el centro sur del país, al igual que Bogotá. Más de 200.000 cabezas de ganado fueron comercializadas provenientes de la invasión al resguardo Nukak, en los últimos seis años, y algunos de estos animales, transformados en productos cárnicos que llegaron el exterior. Carne, manchada de sangre indígena, que día a día, desaparece de su territorio, ante el avance de la boñiga, el botalón y la manga de coleo.
No tengo duda, como lo he señalado en anteriores columnas, que podremos trabajar de la mano del campesinado y empresariado regional, en impulsar ese proceso de transición. De hecho, los datos sobre crecimiento del hato ganadero en este territorio (más de 1,7 millones de animales entre Guaviare, sur del Meta y Caquetá en los últimos seis años), coinciden con los datos sobre crecimiento de los grandes propietarios de ganado en esa región. Más del 89 por ciento del hato ganadero en Guaviare, por ejemplo, pertenece a medianos y grandes ganaderos, según la tipificación del ICA. En Macarena, más de un 330 por ciento ha crecido el número de animales pertenecientes a grandes ganaderos, así como más del 70 por ciento del hato ganadero en predios de más de 100 animales. Entre 2016 y 2023, las fincas con más de 500 animales, crecieron un 150 por ciento en Guaviare, 79 por ciento. en Caquetá, y 50 por ciento en Putumayo. Es decir, el bosque público se lo están engullendo grandes propietarios de ganado, que muchos, ni siquiera viven en las fincas donde se producen.
Aquí es donde es fundamental diferenciar la actividad de pequeños campesinos que alquilan sus pastos, o tiene ganado en modalidades de “al partir” o al aumento, donde básicamente sirven de mano de obra barata y logística para el negocio del gran inversionista, que usa las tierras públicas y comunales deforestadas, para hacer su negocio teniendo zonas de pasturas de bajo costo, que sumadas al desarrollo vial exponencial de la región, precisamente en zonas deforestadas, se han convertido en la fórmula para ingresar estas tierras en el mercado agropecuario. Todo esto, aceitado en no pocas ocasiones, con dineros provenientes de actividades ilícitas, de amplio espectro y ocurrencia en territorios de baja gobernabilidad.
Por todo lo anterior, tenemos que salir del “neolítico” informático, y tener un sistema de trazabilidad, que desestimule y prevenga el comercio de productos ganaderos provenientes de zonas deforestadas y con restricción ambiental. No podemos seguir registrando en papelitos de movilización de camiones el futuro de nuestros bosques y el desarrollo de una ganadería adaptada a las exigencias comerciales técnicas y ambientales del siglo XXI. Ni confundiendo población campesina vulnerable con criminalidad de alto vuelo.
Señores y señoras del Congreso, estamos en sus manos, y Colombia y el mundo a la expectativa.
