No se sabe si el proceso de paz está concertado Estado, sociedad civil y FARC o si cada quien aumentará las tensiones territoriales y conflictos del posacuerdo.
Por: Rodrigo Botero*
Nota publicada en la Revista Semana el 18 de julio de 2016
Ciertamente, las negociaciones de paz han avanzado entre otras cosas gracias a la prudencia y discreción de los negociadores de paz de ambas partes. Esto ha blindado el proceso entre otras cosas de las tergiversaciones que algunos sectores hacen de manera sistemática ante cualquier pronunciamiento de la Mesa.
Sin embargo, a medida que pasa el tiempo también aumentan las incertidumbres en los territorios, ya que ni las veredas, las organizaciones sociales, la institucionalidad municipal ni la departamental, en muchos casos, tiene información clara y confiable de los avances del proceso, las implicaciones del mismo, ni los pasos iniciales por abordar. Esto se percibe con una angustia profunda, muchas veces con escepticismo, por parte de los habitantes y protagonistas de este momento tan importante.
Funcionarios de las oficinas de agencias encargadas del posconflicto han pasado fugazmente por capitales departamentales y algunos municipios, sin dejar una huella significativa en la esperanza colectiva de la población, que requiere de manera urgente señales concretas del cómo, quién y cuándo se abordarán los proyectos, planes y programas de atención territorial que se deben iniciar cuanto antes para generar las condiciones básicas de atención a los acuerdos de paz, los cuales no dependen exclusivamente de la Mesa, sino de derechos básicos consagrados en la constitución.
Para el caso de la institucionalidad ambiental se abre al mismo tiempo un interrogante profundo, aun no resuelto y cada vez más urgente. Durante décadas, el ejercicio de la autoridad ambiental ha estado en manos de las FARC (o de grupos paramilitares de manera más puntual espacial y temporalmente).
Esto incluye aspectos de la vida cotidiana tales como las hectáreas de bosque que se permiten tumbar cada año, el manejo de las rondas hídricas, las cuotas de cacería y pesca, la asignación de terrenos para “colonizar”, así como el impulso a la construcción de carreteras veredales y su mantenimiento, entre otros temas trascendentales en la cotidianidad rural.
En la medida que se da el proceso de desarme y transición a la vida política de las FARC, crece la necesidad de que la institucionalidad pública ambiental haga una presencia legitimada por la participación social, sostenida, y con un balance apropiado entre los mecanismos de control social como base para el control territorial y paralelamente estableciendo las rutas transicionales para una aplicación de la legislación sobre el conjunto de temas asociados con el uso de los recursos naturales y los procesos de colonización.
Lamentablemente, ese proceso aun no se percibe de manera contundente, y todos los actores del territorio se preguntan de qué manera será la transición y el temor a una explosión de conflictos territoriales es cada vez mayor.
La posible proliferación de nuevos frentes de colonización, acumulación indebida de tierras en zonas de la reserva forestal de la Amazonia, construcción de nuevas vías terciarias, incremento en la tala ilegal para explotación de maderas, deforestación, minería informal, son solo algunos de los fenómenos que no serán controlados – incluyendo fomento en algunos casos- por la guerrilla, sino que teóricamente, por el Estado en su conjunto, dada la dificultad en el ejercicio de una gobernanza legitima y participativa para una institucionalidad ambiental históricamente débil y arrinconada por el conflicto y la desatención de los gobiernos de turno.
¿Será este un proceso concertado entre Estado, sociedad civil y FARC? ¿O cada quien, con sus temores y preocupaciones, aumentará las tensiones territoriales y conflictos del posacuerdo al que muchos apuestan?
*Experto en medioambiente y conflicto
