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Señor ministro de Ambiente: 

Asume usted este cargo faltando dos años para que se acabe este Gobierno y le esperan múltiples retos en el manejo de la política ambiental del país. No serán sólo árboles derribados. Su antecesor y su equipo, han arrancado una serie de iniciativas que, bien apoyadas por la cooperación internacional, han logrado despegar a pesar de las dificultades. Algunos aspectos podrían ser reforzados y otros incluidos, de manera que este momento en la historia le permita al país recibir la atención que requiere en los territorios que hoy padecen este fenómeno. ¿Va a priorizar usted estos retos?

La deforestación de gran escala es la expresión de la apropiación de tierras

La deforestación a gran escala no es un problema de pobreza. Grandes capitales de diferente origen llegan hoy a los territorios donde los bosques se están transformando en inmensos pastizales. Centenares de hectáreas son apropiadas por quienes hoy tienen la capacidad de tumbar, quemar, e instalar una finca. Habrá a quienes les resulte más barato comprar fincas ya “hechas” con mano de obra campesina, barata, y muchas veces con solicitudes o procesos de constitución de veredas. La inversión pública empieza con vereda a bordo, y es allí donde prácticamente es irreversible la pérdida de estas tierras para la nación, y donde los apropiadores y acaparadores terminan el festín.

¿Será, señor Ministro, que usted va a impulsar la recuperación de tierras y la restauración de bosques y otorgar derechos de uso como el nuevo indicador de éxito contra la deforestación, en lugar de seguir midiendo hectáreas deforestadas como si fuera una torta que se renueva anualmente?

Como en otras partes del continente, los territorios deforestados empiezan a perderse para la nación no solo en su función ecológica, sino en su gobernabilidad. ¿Será posible que ese lenguaje sí motive una decisión política? ¿Será posible pensar en una gran cruzada para hacer un proceso de inventario, recuperación y restauración de las tierras robadas del patrimonio público de los colombianos? ¿Estarán la Agencia Nacional de Tierras, la Fiscalía, y Contraloría en primera línea para apoyar un esfuerzo en este sentido?

La deforestación está concentrada en zonas de bajas gobernabilidad 

La deforestación crece todos los días y con ella, la ingobernabilidad en los territorios. No solo es un asunto de la presencia o no de actores armados ilegales. La ingobernabilidad empieza por esa enorme distancia que separa cada vez más a la población local de tener una garantía de sus derechos fundamentales. El primero de ellos, el derecho a la tierra, o en su defecto, al bosque.

En su lugar, hay un mercado informal de tierras que alimenta toda la cadena de transacciones que surgen por esa forma de pasar por encima de cualquier consideración respecto a la función ecológica de la propiedad, las restricciones al uso y al tamaño que rigen para el mercado formal. Es el escenario perfecto para que los grandes flujos de dineros provenientes de actividades económicas ilegales, como minería, narcotráfico, puedan sumar a esa gran empresa. Frente a un negocio de estas dimensiones, la ingobernabilidad se sustenta en la informalidad de la tenencia y el uso del bosque.

Entonces, ¿habrá decisión política y agenda para avanzar en estos procesos de formalización de la propiedad y los derechos de uso del bosque? ¿Qué papel jugará la Superintendencia de Notariado frente a los centenares de casos de transacciones registradas en notarías regionales, testigos de excepción de los negocios que mueven las economías de la deforestación? ¿Y los movimientos de dinero de paraísos fiscales hacia y desde las compañías que empiezan a comprar tierras en zonas donde ya hay inversión publica? ¿Tendrá apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, ministro? Y, por último: ¿cuándo retornarán los funcionarios de Parques a sus lugares de trabajo? (Esta pregunta no es para Mindefensa sino para usted, porque claramente esa cartera no le ve capital político al tema).

La deforestación tiene que ser delito

Es increíble pero el código penal colombiano no establece taxativamente a la deforestación como un delito. Tampoco la apropiación de tierras públicas. Hay controversia porque muchos piensan que las cárceles se llenarían de campesinos. Pero el asunto es que quienes tienen la capacidad económica de enfrentar un eventual caso de penalización, como el caso de las sanciones de autoridades ambientales, están dispuestos a asumirlas, como se ha visto en los últimos casos de sanciones ejemplares. La arrogancia del poder económico no se va a detener por sanciones financieras que dentro del actual sistema puedan ejercer en algunos casos las autoridades ambientales. El código penal está totalmente descontextualizado de la la realidad de la deforestación colombiana y actúa en consecuencia. ¿Habrá chance de discutir esto en la agenda legislativa que se avecina?

La ley debe enfocarse en grandes determinadores 

El país está cansado de las tensiones en el accionar de la fuerza pública contra la población más vulnerable. Esto es palpable en el caso de la deforestación: en las regiones, la gente sabe perfectamente quienes son los que pagan por tumbar, quienes tienen las grandes fincas, y quienes dominan el negocio de la tierra que se deforesta. En la operación Artemisa, sin embargo, no se ha capturado un solo gran determinador. Es la evidencia de que el foco de investigación está mal direccionado y aumenta la percepción local de impunidad.

Mientras no se logren afectar las finanzas de estos grandes deforestadores, el sistema seguirá replicando el esquema de deforestación – apropiación de tierra – ganado – agroindustria, que conjuga el bajo o nulo valor de la tierra con el lavado de dineros provenientes de actividades ilegales y el uso de dineros públicos en infraestructura vial para la valorización de tierras. Un esquema muy rentable. ¿Habrá voluntad del señor Fiscal para acompañarlo en la tarea desmontar un sistema de estas dimensiones?

¿Será, señor Ministro, que usted va a impulsar la recuperación de tierras en lugar de seguir midiendo hectáreas deforestadas como si fuera una torta que se renueva anualmente?

Guatemala, un pequeño país centroamericano, golpeado por muchos años por la violencia y la corrupción, tiene un oasis de territorio para mostrarle al mundo: más de 550 mil hectáreas de concesiones forestales comunitarias, que funcionan desde hace más de 20 años. Se han constituido en un bosque rentable, con gente que vive de él, y en él, y donde la violencia ha disminuido y los bosques han crecido. Colombia, con un tamaño mas de 10 veces mayor, promueve una meta similar, apoyada por la Declaración Conjunta con Noruega, Reino Unido y Alemania, para implementar 500 mil hectáreas de Forestería Comunitaria. Es una oportunidad única para empoderar a las asociaciones comunitarias, en especial a los campesinos que no han podido resolver sus expectativas de formalización, para que desarrollen este proceso, no solamente productivo, sino de administración de los territorios. En la frontera agropecuaria amazónica, aún quedan aproximadamente 2.8 millones de hectáreas en la Reserva Forestal, que podrían ser otorgadas en contratos de uso colectivos a las Asociaciones Campesinas que habitan estas zonas distantes. ¿Se podrá pensar en una propuesta de esta dimensión, conjuntamente entre la Agencia de Renovación del Territorio, ANT y el Ministerio de Ambiente?

La corresponsabilidad: un ranking veredal de la deforestación

En general, los ministros y funcionarios del sector ambiental “cargan la cruz” de la deforestación. Pero, en vista de que ésta se relaciona directamente con los planes de desarrollo municipal y departamental, además de sus funciones frente al ordenamiento, ¿no valdría la pena saber cuál es la relación entre la gestión de éstos y la deforestación? Y en esa misma línea, ¿no valdría la pena establecer también el ranking veredal de la deforestación? ¿Existen veredas que han sido compradas por 1 o 2 finqueros, y que hacen gala de “hacer potrero” en las tierras adquiridas a pequeños campesinos? ¿Podremos hacer este sistema de seguimiento público? Sé que IDEAM tiene la capacidad y seguramente la información para hacerlo. ¿Podría usted, señor Ministro, permitir que todos los colombianos accedieron a esta información en tiempo real?

Los bosques nos protegen de nuevas pandemias, pero necesitan recursos

Uno de los proyectos más importantes de su antecesor y sus viceministros, fue la incorporación en el proyecto de ley de regalías de las fuentes para financiar el sector ambiental. Es necesario generar un mecanismo de inversión regional cada vez más fuerte, no solo a través de las agencias ambientales sino de mecanismos donde haya empoderamiento local por parte de comunidades que hoy tienen capacidades administrativas y de ejecución que pueden permitir eficiencia e impacto en las metas de transformación de las economías locales. ¿Cómo será la migración del actual programa Visión Amazonía a una plataforma de acceso de recursos para comunidades locales en el largo plazo, donde se puedan conjugar los recursos de cooperación internacional y fuentes nacionales?

La cuenca amazónica necesita liderazgo 

Señor ministro: hay una oportunidad de liderazgo para Colombia en el marco del Pacto de Leticia. Los vecinos están de tránsito o entretenidos en otros menesteres. Hay movimiento no solo entre sus homólogos de los demás países, sino también de las organizaciones civiles, comunidades, universidades y fondos ambientales. Ese movimiento requiere de una agenda, de continuidad, pero sobre todo de inclusión. Utilice todo el potencial de trabajo que hay en las organizaciones que vienen haciendo trabajo coordinado en la cuenca amazónica. No solamente de las agencias de gobierno. Hay una serie de cooperantes, tanto de gobierno como privados, que están dispuestos a empujar esa agenda.

Los espacios de frontera hoy son una oportunidad de concretar acciones, pues el deterioro ambiental y social se ha disparado en los últimos años. Los proyectos de desarrollo económico regional también son una oportunidad de convocar a sectores públicos. La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, no se puede reemplazar, pero tampoco convertirla en el mecanismo ejecutor que nunca ha sido.

Para esto, claro, se requiere gerencia y ya hay socios que lo apoyarán desde los proyectos en marcha, como es el caso del proyecto GEF-Paisajes Sostenibles de la Amazonia, ejecutado por el Banco Mundial.