La nueva edición de la revista científica del Instituto Sinchi, Colombia Amazónica, advierte que la deforestación, presencia de mafias y falta de planificación crecen con rapidez y magnitud desbordada en la Amazonia. Mañana es el lanzamiento de la publicación.
Desde la colonia las 48 millones de hectáreas que conforman la Amazonia colombiana han recibido golpes por parte de españoles, caucheros, misioneros, colonos y grupos armados, pero hoy en día su mayor verdugo es la motosierra, que en 2017 acabó con cerca de 144.000 hectáreas boscosas.
Ante la rapidez y magnitud de las presiones que destruyen la integridad cultural y ecológica de la Amazonia, como la deforestación, proliferación de grupos delincuenciales y falta de articulación del estado respecto a la visión de su futuro, en la nueva edición anual de la revista Colombia Amazónica (la número 11), publicación del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), diversos expertos ahondaron en los riesgos que amenazan la región.
“El país debe entender que la Amazonia es diferente al resto del territorio en lo cultural y natural, ya que allí habitan ecosistemas estratégicos y una población variada de indígenas, campesinos y colonos. Además, su manejo debe tener una dimensión internacional, que implica acuerdos con los países vecinos”, asegura Ernesto Guhl, editor de la revista.
El investigador espera que este insumo aporte a la formulación de políticas públicas, proyectos y acciones compatibles con su realidad socioambiental. "El gobierno debe liderar un proceso en el que intervengan los múltiples actores de la región, para así ejercer una presencia inteligente, coordinada, firme y respetuosa, basada en la investigación y conocimiento de su realidad cultural y natural. De lo contrario, el ecosistema más biodiverso del planeta desaparecerá en nuestras propias manos”.
Para Rodrigo Botero, tres regiones de la Amazonia han sido las más afectadas: La Macarena, Caquetá y Putumayo (incluido Chiribiquete) y el departamento del Guaviare. Foto: Semana.
SEMANA destaca las principales conclusiones de esta publicación, que aborda temáticas como las transformaciones de la Amazonia, cambios en los motores deforestadores, zonas más vulnerables a los incendios forestales, áreas protegidas como principal estrategia de conservación y los nefastos resultados de las caucherías.
Escribieron para este número expertos como Rodrigo Botero, director de la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FCDS) y Dolors Armenteras, del grupo de investigación en ecología del paisaje y modelación de ecosistemas de la Universidad Nacional. Además, incluye un resumen del informe que envió Roger Casement al primer ministro del imperio británico, Edward Gray en 1911, sobre los resultados de sus viajes de inspección a las caucherías del Putumayo.
Tres zonas críticas
Rodrigo Botero, Director de la FCDS, advierte que la aceleración de la deforestación y la dificultad del Estado para controlarla, avanza hacia paisajes preservados como el Parque Natural Chiribiquete.
También evidencia otros riesgos como políticas públicas que impulsan la exploración de hidrocarburos en la cuenca Caguán-Llanos, transporte intermodal, ganadería y agroindustria en Guaviare, Caquetá y sur del Meta, presencia de desertores de las Farc y llegada de nuevos colonos y grandes inversionistas a la región.
“En el último cuatrienio hubo instrumentos de planeación sectorial que le apuntan a la explotación minero energética, desarrollo agroindustrial y expansión de una red multimodal de transporte, como el Plan Maestro de Transporte Intermodal en Meta y Guaviare, la exploración de hidrocarburos en el piedemonte, los planes de desarrollo del Meta y Guaviare con cultivos agroindustriales y ganadería y las apropiaciones ilegales de tierra”.
Para el experto, tres regiones de la Amazonia han sido las más afectadas: La Macarena, Caquetá y Putumayo (incluido Chiribiquete) y el departamento del Guaviare.
El Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM), que incluye parte del suroeste del Meta y norte de Guaviare, es la más transformada en los últimos 18 años. De sus casi cinco millones de hectáreas ha perdido al menos 1,8 millones de hectáreas de bosques (en 2017 concretó 49 por ciento de la deforestación en toda la Amazonia).
“Las Farc desempeñó un papel central en la definición de usos, poblamiento y ordenamiento del territorio. Entre 2000 y 2010 ocurrió un fenómeno fuerte de transformación en el eje del río Ariari por la conexión vial entre Granada y San José del Guaviare, lo que marcó el inicio de la ampliación de un corredor de palma africana. Así aparecieron las primeras vías, lo que reactivó la exploración de hidrocarburos y mantuvo los cultivos de coca”.
Otro punto crítico está en Caquetá y Putumayo. En San Vicente de Caguán, la deforestación es más álgida por las sabanas del Yarí, afectada por el aumento del hato ganadero, al igual que en las cabeceras del río Camuya y Yaya Ayaya. Foto: Semana
En la última década apareció el desarrollo de infraestructura vial con vías terciarias, como la Marginal de la Selva y la Transversal de la Macarena. “Los departamentos han fijado prioridades que amplían la actual base vial y establecen escenarios donde se concentrará la colonización y frontera agropecuaria para los próximos años”, advierte.
Apunta que mientras aumentan los cultivos de palma por las sabanas de la Fuga en Guaviare y borde de la serranía de la Macarena), se consolida un modelo de ganadería latifundista en la Reserva Campesina del Guaviare. “Un caso puntual está en la zona sur de La Lindosa, donde hay fenómenos como la compra de veredas por un único tenedor ilegal. Son adquisiciones sin títulos de propiedad del mercado informal, con participación de las disidencias y actores como ganaderos, comerciantes, narcotráfico y bandas criminales”.
Sucumbe Chiribiquete
El segundo punto crítico está en Caquetá y Putumayo. En San Vicente de Caguán, la deforestación es más álgida por las sabanas del Yarí, afectada por el aumento del hato ganadero, al igual que en las cabeceras del río Camuya y Yaya Ayaya.
“El patrón de colonización está marcado por la apertura de vías locales, que han entrado en las zonas de la ampliación de Chiribiquete, conducidas hacia los territorios de pueblos indígenas en aislamiento. En la zona sur de las sabanas del Yarí, en el interior de Chiribiquete, han aparecido fincas por parte de fuertes brazos económicos”.
Botero señala que en los últimos dos años, en esta zona han sido derribados y quemados bosques milenarios, terrenos que luego no son cultivados ni ocupados. “Este fenómeno predomina por toda la frontera occidental de la Reserva Forestal de la Amazonia. Pobladores locales afirman que son lotes para entregarles a las familias que está trayendo la disidencia, incluidos ganaderos que pagan por su adquisición y permanencia”.
Los lotes de mayor tamaño, abiertos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, estuvieron en la ampliación de Chiribiquete, en el área de transición de sabana a bosque. Esto a raíz de las vías informales desde San Vicente del Caguán, que sirven para consolidar nuevos frentes de colonización y deforestación por parte de grandes apropiadores de tierra.
Hacia la cuenca baja del río Caguán, en la zona de Peñas Rojas, hay un frente de colonización dirigido hacia el río Yarí, sobre una antigua trocha guerrillera. La ganadería extensiva y mercado informal de tierras baldías sobre el interfluvio Orteguaza-Caguán es el más afectado por la frontera agropecuaria en este sector.
En Cartagena del Chairá está un escenario de deforestación y llegada masiva de ganaderos. Hay una nueva tendencia a abrir áreas de colonización hacia las veredas La Quebrada y El Billar, donde existen antiguas rutas de conexión usadas por las Farc.
“La ampliación de la frontera agropecuaria en esta región del Caquetá y Putumayo ha llegado a las áreas de resguardos indígenas y Parques, donde no solo la ganadería y apropiación de tierras son los motores de expansión. También están las expectativas y la planeación del sector de transporte y energético”, manifiesta Botero.
Masacre verde en Guaviare
En 2017, este departamento perdió más de 38.000 hectáreas de bosque. Tiene la presión más alarmante por la apertura de la frontera agropecuaria, debido a la confluencia de factores de orden legal, ilegal e informal.
Botero indica que Guaviare recibió varias señales que plasmaban la ampliación de la frontera agrícola, como la Marginal de la Selva (frenada en el gobierno de Juan Manuel Santos), la cofinanciación de un estudio de sustracción de la Reserva Forestal en 400.000 hectáreas, la aprobación del Plan Vial Departamental, el apoyo a sistemas ganaderos para la sustitución de cultivos ilícitos y la discusión en el criterio para definir la frontera agropecuaria.
Los lotes de mayor tamaño, abiertos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, estuvieron en la ampliación de Chiribiquete, en el área de transición de sabana a bosque. Foto: Semana
“Hay diferentes tendencias dentro del Estado que aún no coinciden con una visión común de este territorio. A esto se suma el conflicto armado con las Farc, la implementación del Acuerdo de Paz, la aparición de la disidencia y la existencia de grupos paramilitares. Guaviare tiene la Zona de Reserva Campesina más grande de Colombia, la cual nunca fue desarrollada a cabalidad. Por eso fue objeto de una apropiación por latifundistas que adquirieron enormes cantidades de tierra en el mercado informal”.
Amazonia bajo fuego
En los últimos años, el uso del fuego ha sido una constante en el manejo de cultivos, ganadería y tala de bosques, factor que ha incrementado su magnitud y ocurrencia en la Amazonia. Samuel Otavo y Uriel Murcia, expertos del Sinchi, analizaron cuáles son las áreas con mayor riesgo de ocurrencia de incendios en la región.
Por medio de datos del Sistema de Monitoreo de Incendios de Vegetación del Instituto, entre 2016 y 2018, establecieron que 12 por ciento del territorio tiene una alta ocurrencia de incendios, zona localizada en la parte de la Amazonia, en Guaviare, Caquetá, Putumayo y las zonas sur de Vichada y Meta, con su mayor expresión en enero y febrero. Más de 500.000 hectáreas fueron quemadas durante 2017 y 2018.
En 2016, la Amazonia colombiana registró 27.065 focos de calor, cifra que bajó a 22.327 en 2017 y tuvo su tope en 2018 con 38.950 (sin incluir diciembre), es decir un aumento del 43 por ciento entre los tres períodos. Los incendios naturales son raros en la Amazonia, contrario a los causados por el hombre, una amenaza regular a inicios de cada año.
Los incendios forestales, catalogados como una de las principales causas de pérdida ecosistémica en la Amazonia, generan gases como dióxido de carbono y metano que afectan el cambio climático. “Por eso las iniciativas globales no solo enfocan su accionar en frenar la deforestación y degradación de hábitats, sino también en combatir los incendios forestales”, citan los autores en su artículo.
La degradación y pérdida de hábitat producto de incendios, parece afectar más a las especies endémicas, como el mono tití del Caquetá, descubierto en 2010 y declarado en peligro crítico de extinción al poco tiempo de su aceptación como nueva especie.
Lo que esconden los incendios
Aunque los incendios amazónicos están asociados con el avance de actividades agropecuarias y la falta de claridad en la tenencia de la tierra, el aumento alrededor de las áreas protegidas puede ser el resultado de un vacío o un cambio de gobernanza por el desmantelamiento de las organizaciones armadas que hacían presencia en la zona.
Así lo advierten Dolors Armenteras, Tania González y Sebastián Barreto, expertos del Grupo de Investigación en Ecología del Paisaje y Modelación de Ecosistemas de la Universidad Nacional. Aseguran que la falta de gobernanza local y la tenencia ilegal de tierra son los motores actuales del aumento de los incendios.
“Lejos de avanzar hacia la sostenibilidad, el Acuerdo de Paz ha cambiado e intensificado los factores de pérdida de bosque y está aumentando las presiones sobre las áreas protegidas. Los incendios están asociados a la tenencia y adquisición de tierra, pero tienden a ocurrir con mayor frecuencia en bosques previamente fragmentados”, concluyen en su estudio.
Los expertos dicen que es incipiente el avance en tratar de entender cómo los conflictos armados han afectado la cobertura forestal en áreas protegidas como los Parques Macarena, Tinigua y Picachos. “La falta de presencia institucional después de la desmovilización ha abierto nuevas posibilidades de tenencia de la tierra, lo que lleva a la conversión de bosques en cultivos y pasturas, muestra que el uso del fuego está asociado con tales patrones”.
Así lo corrobora un estudio del VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite). En enero y febrero de 2018, la cantidad de incendios en Colombia casi se duplicó en comparación con 2017, pero en las áreas protegidas el aumento fue casi el triple. “Si el incremento estuviera impulsado por condiciones climáticas, debería ser igual en toda la región”.
Concluyen que la conversión ilegal de bosques a tierras agrícolas por medio de incendios podría ser el primer paso para un mayor acaparamiento de tierras por las agroindustrias. “La acaparación podría resultar en proyectos de desarrollo a gran escala sin planificación. Una gobernanza local fortalecida y articulada con la política estatal podría evitar que grandes extensiones de bosques desaparezcan y que intereses económicos sigan empujando las decisiones y cambios territoriales”.
¿Qué hacer con los Parques?
Los Parques Nacionales Naturales fueron creados como la manera más efectiva de preservar su diversidad biológica. Angélica Torres, Germán Palacio y Gabriel Colorado, investigadores de la Universidad Nacional, exploraron las aristas ocultas en estas figuras de conservación, abordando temas como los traslapes con resguardos indígenas, conflictos de usos, costumbres tradicionales y políticas ambientales, presentes desde 1975 con la creación del primer Parque en la Amazonia: Amacayacu.
“El problema no es solo un asunto de conservación, sino que engloba otras esferas sociales, políticas y económicas. Es urgente consolidar políticas interculturales de manejo territorial que fomenten la conservación ambiental y fortalecimiento cultural; espacios donde las leyes del Estado dialoguen con la ley de origen en cada territorio indígena. Dicho en otros términos, una gobernanza socioambiental”.
En la Amazonia hay ocho Parques Naturales, dos Reservas Naturales y un Santuario de Flora, que suman 9,7 millones de hectáreas, de las cuales más de tres millones están superpuestas con territorios indígenas.
“Esta superposición evidencia un antagonismo de jurisdicciones con proyectos políticos distintos: por un lado los planes de vida de los indígenas y, por otro, los planes de conservación ambiental e investigación. Esto ha generado conflictos tanto con los indígenas como con colonos asentados en estos lugares desde antes de la creación de los Parques”.
Parques con la gente, citan estos autores, es una figura que pretende sopesar si la biodiversidad es preservaba mejor excluyendo a los humanos o con la presencia de pobladores que habitan en los territorios antes de las políticas de conservación.
Como conclusión, los expertos apuntan que hay que plantear si los Parques son redefinidos con la gente, reconociendo la multiplicidad de realidades al tratarse de indígenas, campesinos, afrodescendientes y colonos. “Estudios datan que cuanto mayor sea el nivel de participación e inclusión de las comunidades, mayor será el nivel de cumplimiento de dichas políticas”.
Matanza indígena en Putumayo
Colombia Amazónica publica un reportaje escrito por Roger Casement en 1911 sobre los resultados de sus viajes de inspección a las caucherías del Putumayo por parte de la Compañía Cauchera del Perú, sociedad inglesa mejor conocida como la Casa Arana.
Los ríos Caraparaná, Igaraparaná y Cahuinari representaban un área importante de las operaciones de la Compañía Amazónica Peruana, una de las regiones más pobladas por los indígenas ante la ausencia de pestes e insectos. Un decreto peruano emitido en 1908 declaró que había 40.000 trabajadores indígenas viviendo en esta área.
“Ninguna colonia civilizada parece haber aparecido en esta región hasta cerca del final del siglo XIX; así, las tribus indígenas continuaron viviendo en su primitivo estado. Las cuatro tribus principales eran los huitotos, boras, andokes y ocainas. Se dice que los huitotos fueron los más numerosos, hasta 30.000”, cita el informe.
Eran gente primitiva e intacta hasta que llegaron los primeros caucheros colombianos, que bajaron de la parte superior del Putumayo y se localizaron a lo largo principal del Caraparaná e Igaraparaná.
“Los que llegaron en busca de caucho no tenían intención de permanecer en la selva. Querían volverse ricos, sin permanecer o civilizar a los indígenas. Un grupo de peones contratados viajaba a alguna parte de la selva en busca de tribus de indios salvajes, quienes podían ser fácilmente sometidos y obligados al trabajo de los árboles de caucho”.
En 1866, las estaciones creadas por Crisóstomo Hernández y Larrañaga crecieron, anota Casement en su reportaje, y con ello carnicerías y muertes de indígenas. “Ese año, la firma de los Hermanos Arana comenzó sus tratos mercantiles con los caucheros colombianos. Esos tratos recíprocos crecieron y finalmente terminaron con la adquisición de casi todas las colonias colombianas por parte de los Arana”.
Casement narra que uno de los agentes de la Compañía Amazónica Peruana le contó cómo los indígenas andokes habían matado a un grupo grande de colombianos, peruanos y brasileños en 1903. Terribles represalias cayeron sobre estos indígenas.
En 1905, la estación de Matanzas, un sitio con trabajadores traídos desde Barbados, era centro de invasiones por Ramón Sánchez. “Cuando visité esa parte del país en 1910, encontré a más de uno de los hombres de Barbados. A los únicos indígenas que se les permitía el uso de rifles era a aquellos jóvenes, llamados muchachos, que estaban siendo entrenados para oprimir a sus paisanos para lograr los objetivos de los caucheros”.
Narra que muchos de los británicos empleados por la Compañía admitieron que flagelaron a los indígenas. “La flagelación de los recolectores de caucho incumplidos la realizaba uno o más del grupo de racionales, personas hábiles para manejar el látigo y sacar sangre o cortar la carne con cada latigazo”.
Los expertos dicen que es incipiente el avance en tratar de entender cómo los conflictos armados han afectado la cobertura forestal en áreas protegidas como los Parques Macarena, Tinigua y Picachos. Foto: Semana Casement conoció más de 1.600 nativos indígenas, los llamados trabajadores de la Compañía. “Los primeros que vi eran siete hombres de los bora. Cinco tenían cicatrices alrededor de las nalgas y muslos debido a las marcas del látigo. Esas marcas no se limitaban sólo a los hombres. En más de una ocasión se me acercaban jóvenes con cicatrices en carne viva en sus partes traseras para pedirme un remedio que los sanara”.
Un indígena le confesó que 90 por ciento del total de la población tenía marcas por esas flagelaciones, una actividad ya prohibida. “Pero un testimonio en la estación de Matanzas, constató que las órdenes habían sido obedecidas. Uno de los flageladores confesó que un jefe nativo había recibido látigo hasta la muerte”.
Uno de los flageladores, acusado de la muerte de dos indígenas, contó cómo era esa nefasta práctica: “el indígena es tan humilde que tan pronto ve que la aguja de la balanza no marca los 10 kilogramos, él mismo extiende sus manos y se tira en el suelo para recibir el castigo. El jefe o un subordinado avanza, se inclina, coge al indígena por su cabello, lo golpea y lo tira contra el suelo. Luego de que su cara ha sido golpeada y pateada y se halla cubierta de sangre, lo azota”.
El agente de Matanzas Armando Normand fue acusado de innumerables asesinatos y torturas a los indígenas, como vertimientos de petróleo destilado para luego prenderles fuego, hacer saltar los cerebros de los niños, quemarlos en estacas y mutilarles los brazos.
En las largas caminatas para extraer el caucho, los indígenas eran sometidos a latigazos y no les daban ningún tipo de alimento. Muchos morían por el grado de descomposición de sus heridas. Para no dejar huellas por el látigo, los verdugos ingeniaron un nuevo método: “les ataban sus brazos a través de la espalda, y así sujetos se los llevaban río abajo y los metían hasta que quedaban insensibles y casi ahogados”.
En la investigación también menciona el uso de cepos, artefactos para sujetar, retener o inmovilizar a los indígenas. Los tenían en las bodegas del caucho, pero los ocultaron al momento de su reportaje. El cepo de Occidente tenía 21 huecos para las piernas, el de Entre Ríos 24 para piernas y uno para el cuello.
Los indígenas mayores fueron exterminados por tener mucho conocimiento. Casement no vio ninguna persona mayor. Le contaron que habían sido asesinadas supuestamente por dar malos consejos.
“Los métodos impuestos durante tanto tiempo disminuyeron la población indígena posiblemente en tres cuartas partes de su totalidad. También arruinaron directamente los recursos económicos de esta gran área del país. Puse en manos de miembros de la comisión de la Compañía la lista negra de aquellos que estaban implicados en las denuncias”, finaliza el reportaje.
