Escrito por Rodrigo Botero
Publicado en: razonpublica.com
La deforestación avanza y la respuesta del Estado es lenta. Este es el panorama que recibe el nuevo ministro de ambiente.
Rodrigo Botero
En el 2020 aumentó la deforestación
El pasado 27 de septiembre el presidente Iván Duque anunció que Ricardo Lozano, ministro de ambiente durante los últimos dos años, dejaría el cargo. Para reemplazarlo, nombró al exalcalde de Montería, Carlos Correa, quien tomó posesión el pasado 3 de octubre.
La lucha contra la deforestación estuvo dentro de las diez metas que Duque le encargó al nuevo ministro en su discurso. El presidente agradeció la gestión de Lozano y exaltó los resultados de “Artemisa”, la operación militar del gobierno Duque contra la deforestación.
Pero esos resultados no son tan positivos. Según las cifras publicadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en los últimos días, en el primer trimestre del 2020 la deforestación en la amazonia aumentó en un 82.8% con respecto al mismo periodo del 2019, que corresponde al verano amazónico y es cuando suelen concentrarse las tumbas y quemas de bosque.
Esto llama la atención, porque en el 2019 hubo un descenso de la deforestación de cerca del 19%, que generó expectativas respecto a un potencial control y reducción sostenida de la deforestación. Lo sucedido en 2020, señala que aun es prematuro pensar en ello.
En el segundo trimestre, cuando llega la época de lluvias, es normal que la deforestación disminuya y las áreas deforestadas sean sembradas con pastos u otros cultivos. Ese comportamiento histórico se mantuvo este año. El descenso también era esperable por las cuarentenas y los cierres de acceso a la región.
Deforestación amazónica en 2019 y 2020
Fuente: Boletines 18 a 23 ATD-IDEAM
Los meses que vienen serán cruciales: usualmente, en el último trimestre del año se empieza a tumbar el bosque para dejar que la madera seque y luego quemarla. Además, la “reapertura” de la economía seguramente tendrá algún efecto en esta actividad.
Las alarmas están encendidas por el aumento en la deforestación que se vio durante el primer trimestre del año —un hecho que muestra cómo las tendencias de reducción de la deforestación son inestables y cómo el descenso tan añorado no se puede predecir con certeza aún—.
Ganadería y grupos armados
A pesar de los grandes esfuerzos del sector ambiental, tanto gubernamental como civil, aún hay fuerzas muy poderosas transformando y apropiándose de estos bosques.
Prueba de ello son los kilómetros de nuevas vías abiertos al principio de este año y los cientos de hectáreas que estaban siendo transformadas para el avance agroindustrial en tierras con restricción legal.
Las mediciones muestran más de 300 mil hectáreas deforestadas en los municipios alrededor de Chiribiquete durante los últimos cinco años. En el mismo periodo entraron más de 650 mil nuevas cabezas de ganado. Allí mismo, se construyeron en los últimos dos años más de 1500 km de vías para consolidar la entrada de estas tierras “ganaderas” al mercado.
Partes extensas del territorio están vedadas para los funcionarios ambientales, y los de parques cumplen ya ocho meses de no poder retornar. Los grandes determinadores de la deforestación siguen consolidando lo ganado en este quinquenio, y el fiscal aún no da señales de humo blanco.
En algunas de las zonas donde se llevó a cabo “Artemisa” hay más vacas, vías y corrales que antes. Y a otros lugares nunca llegaron.
Los grupos armados y las bandas criminales han ampliado su presencia, dominio territorial e influencia en los territorios. En cada junta veredal se libra hoy una batalla entre distintas fuerzas y se establecen nuevas reglas y acuerdos.
Como siempre, los pobladores se llevan la peor parte. Las organizaciones sociales se disputan su autonomía en condiciones adversas, que no se cambian con un operativo militar, ni con conteos de bajas. En este contexto delicado, el Estado se mueve torpemente, con cada institución jalando para su lado.
La fragmentación y la corrupción, que son de larga data y van para largo, son un estímulo para quienes se benefician con la deforestación.
Lentitud institucional
Mientras que los apropiadores de tierras avanzan con voracidad, la reacción gubernamental es lenta:
- La Fiscalía no ha dado noticias de la investigación sobre los recursos que financian las actividades de deforestación.
- La Agencia Nacional de Tierras no arranca con la recuperación de baldíos, formalización de propiedad ni contratos de uso.
- El instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) no avanza con el Catastro Multipropósito.
- El Mintransporte apenas está pensando en soluciones intermodales para la desconexión de algunas zonas, mientras la proliferación de proyectos locales de vías amplía la frontera agropecuaria.
- Las Fuerzas Militares siguen enfocadas en “objetivos de alto valor”, mientras el territorio se derrumba a sus pies y el dominio político lo tienen otros.
- La Contraloría aun no determina el detrimento patrimonial que significa perder 500 mil hectáreas de bosque y tierras baldías en los últimos cinco años.
La agenda es clara y las instancias para tratarla ya existen, como el Consejo Nacional contra la Deforestación. Además, el Estado tiene al IDEAM, la mejor fuente de datos sobre el tema, y aun cuando hay información disponible, comete el error de no usarla a tiempo, con consecuencias para todos los colombianos.
Es necesaria la participación ciudadana
La sociedad civil tiene el derecho y además la obligación de involucrarse en el destino de sus recursos naturales, en la discusión de las políticas públicas, en los modelos de desarrollo, y en el monitoreo de los indicadores de salubridad de sus ecosistemas, entre muchos temas.
En Colombia hay cada vez más expresiones ciudadanas sobre el tema ambiental, pero muchas veces sus manifestaciones no tienen eco. Además, los conflictos que resultan de muchos proyectos de desarrollo corren el riesgo de explotar de forma violenta.
Lo anterior podría evitarse con mecanismos de participación fortalecidos. La presencia activa de la población fortalece la democracia. Además de proponer, analizar y construir, es un puente para hacer Estado en las regiones donde la historia ha marginado enormes territorios.
En este sentido, el periodismo ha jugado un papel fundamental en el acercamiento cada vez mayor de la población a temas como la deforestación al mostrar la necesidad de abordarlos con complejidad y discutir cuáles son sus motores. Se puede decir que la prensa elevó la calidad de la conversación sobre la deforestación de los árboles al territorio, un gran logro.
En los territorios de la Colombia rural, detrás de cada vuelta de río podemos encontrar actores armados, mineros ilegales, madereros, traficantes de armas, políticos cooptados, militares “mirando pa’rriba”, comunidades desconfiadas y mafiosos, entre otros.
Por eso es difícil retornar a la urbe y encontrar funcionarios públicos en “pie de guerra” y soberbia desbocada; mientras tanto, la pelea por la tierra y los bosques se pierde.
La responsabilidad de los funcionarios públicos no los hace dueños de la verdad, pero sí responsables de convocar a un país alrededor de un tema como la protección de los bosques, que se ha convertido en el más importante fenómeno político ambiental de las últimas décadas.
Los resultados en la lucha contra la deforestación son de todos los colombianos; si disminuye, todos ganamos y si aumenta, todos perdemos.
