La tendencia a minimizar el tema de la deforestación, nos lleva a evaluar de manera errada los resultados en la variación de la cifra anual de este fenómeno. Este año, recibimos por primera vez y de manera pública, los resultados del año anterior y del primer trimestre, evidenciando un contraste que expresa alta inestabilidad en la tendencia general del proceso. La deforestación, impulsada por diferentes motores, puede reaccionar frente a alguno de ellos (como lo fue en 2022 y 2023 con el papel que tuvo EMC), pero requiere de estar acompañada por un cambio en otros factores que tienen un alto peso relativo en el comportamiento del fenómeno. La ventana de oportunidad del descenso de 2023, y la alarma de crecimiento en principios de 2024, debe ser utilizada, para fortalecer una política integral y de Estado, para recuperar los bosques y la gobernabilidad de largo plazo para el país.
Como lo he señalado anteriormente, la apropiación de tierras públicas y su consolidación a través de un negocio ganadero, que se nutre de recursos financieros de diversa índole, ya sea desde las economías ilícitas o en las complementadas con recursos públicos derivados estímulos perversos (expansión vial no planificada, fomento ganadero en áreas forestales, sustitución de coca sin criterio de ordenamiento, etc). En este sentido, se están madurando diferentes iniciativas que requieren con urgencia su implementación territorial, dándoles prioridad a los territorios periféricos, de frontera agropecuaria en el borde de deforestación, empezando por la estabilización poblacional en esa zona, y para ello, la sincronía y sinergia entre Ministerio de Ambiente y Agricultura, es indispensable. Celebro los pasos dados en este sentido por las ministras, y su convocatoria a una política de Estado integral con otras agencias, y el respaldo presidencial.
El campesinado requiere ser atendido en sus derechos territoriales, con las diferentes opciones hoy disponibles: la titulación individual y reservas campesinas en zonas sustraídas; las reservas campesinas sin sustracción, los derechos individuales en reserva forestal, y las concesiones forestales campesinas. Este abanico de opciones permite atender áreas que con y sin deforestación previa, pueden entrar de manera inmediata en las políticas de manejo y desarrollo forestal sostenible, así como de restauración y de pagos por conservación que sumen los recursos financieros de Gobierno nacional y cooperación internacional. Este proceso, debe además, estar articulado de manera paralela, a la mesa de negociación con EMC que se encuentra en diálogo con el Gobierno, y donde el capítulo de Transformaciones Territoriales, incluye específicamente, este tema. Recuperar la confianza de la población y de los grupos que desean transitar a la paz, debe ser la apuesta del reconocimiento de derechos territoriales.
En el mismo borde de deforestación se encuentran algunos resguardos indígenas que requieren una atención conjunta y urgente, como es el caso de Nukak y Yaguara, que poseen un coctel explosivo de colonización, construcciones viales, precisión de límites, desplazamiento forzado, instalación de cultivos de coca y ganadería por terceros ocupantes, e inversión pública irregular, en el marco de medidas cautelares impuestas para la protección de estos grupos étnicos y su territorio. En lo territorial, las Áreas Protegidas de Tinigua, Macarena, Picachos, Nukak, Paya y Chiribiquete, también poseen, un marco jurídico que permite la regularización de derechos para población asentada antes de 2016, y de otra parte, su articulación a la Mesa de Diálogos, donde el tema de uso, ocupación y tenencia, está por fin en el primer nivel de prioridad, así como la urgencia en suspender las amenazas y coerción sobre las actividades misionales de los funcionarios de Parques Nacionales, que ya cumplen más de seis años de haber sido desterrados por las amenazas de EMC, y donde se suman desde el año pasado la totalidad de funcionarios de Sistema Nacional Ambiental (SINA), impactando su presencia en la totalidad del territorio rural amazónico. Este último, debería ser el tema de prioridad en esta ronda de conversaciones, unido a la necesidad de cese de hostilidades contra organizaciones civiles de todos los espectros políticos e ideológicos, y de la movilidad y presencia de las organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional que han sido amenazados, constreñidos o desplazados.
En el abordaje de otra escala de intervención, los motores derivados de la financiación, conspiración y coordinación para la apropiación ilegal de tierras públicas y colectivas, representan un desafío para la nueva fiscal general, la Corte Suprema y el ministro de Defensa. En el caso de la Fiscalía, el tratamiento de macrocasos territoriales, y la identificación de las cadenas comerciales de gran escala, que realizan las operaciones de lavado de activos derivados de actividades ilegales (como el caso de narcotráfico y minería ilegal) que se conjugan con la apropiación de tierra y comercialización de ganado y su articulación con el uso de recursos públicos para su consolidación, son el mayor reto de este nuevo enfoque de aplicación de la ley ponderada, y focalizada en la parte alta de la cadena. El involucramiento potencial de personas con rango de aforados, es una meta pendiente de la Corte Suprema, frente al escepticismo de la población local, que sigue, con justa razón, señalando que la ley solo es “para los de ruana” -poncho en este caso-. El modelo de la deforestación y apropiación de tierras, funciona por esa destinación de recursos públicos, y de información privilegiada, usada para consolidar las tierras deforestadas, bajo la “confianza legitima” y la planificación financiera sin control de diferentes escalas gubernamentales, teniendo en el tema carretero, uno de sus principales retos, que incluye el desarrollo de lineamientos de Infraestructura Vial Verde para vias terciarias, que compense el control sobre trazados ilegales, en reserva forestal. Defensa, debe priorizar las acciones de frontera sobre el tráfico de estupefacientes y minería ilegal, que son fuentes directas del modelo depredador de gran escala.
El Congreso tiene pendiente sacar adelante una robusta ley de trazabilidad de la cadena ganadera que pinche el globo especulativo de tierras publicas robadas, y ponga orden en el desarrollo de una ganadería sostenible que empieza por su ordenamiento productivo acorde con el uso legal del suelo. De allí, irán los mensajes para diferentes agencias, técnicas y financieras, que han sido responsables de la Torre de Babel a los esfuerzos en control de la deforestación, como son el caso de la vacunación del ICA, o los préstamos agropecuarios de banca pública y privada. Y finalmente, los esfuerzos de varios gobiernos para mantener un programa de desarrollo forestal en la Amazonia, desde el Ministerio de Ambiente, debe ser ahora fortalecido con un trabajo sinérgico con el de Agricultura, que garantice el apoyo técnico financiero de miles de familias que han iniciado su proceso de reconversión productiva hacia la forestería.
La política de bosques, no puede ponernos a mirar el árbol, sin ver el bosque.
