Estuve esta semana oyendo grupos de mujeres campesinas en La Macarena y en Guaviare, como de costumbre, llenan de esperanza, al ver su resiliencia, compromiso, claridad, y deseos de un futuro mejor en sus territorios. Son mujeres que, desde hace décadas, han vivido todos los momentos y horrores de la guerra, y aún así, han logrado persistir en su proyecto de vida.
Comparando este discurso y su accionar con lo que conocí hace ya casi tres décadas, hay cambios profundos que vale la pena analizar. El primer elemento es la claridad que tienen en priorizar la necesidad de generar alimentos para eliminar la dependencia de mercados externos, que además de impactar la economía familiar, pone en riesgo los temas de salud y bienestar de la población más vulnerable en lo rural. Es claro que también han analizado el impacto y rol que juega la ganadería en su economía, así como en la degradación de suelos y la deforestación, y por ello ya se ve una búsqueda de nuevos sistemas productivos, de tecnologías para la reconversión ganadera, recuperación de aguas y suelos y búsqueda de energías alternativas. Hablan con suficiencia del ordenamiento ambiental del territorio, así como de las restricciones al uso del suelo, y por ende a los tipos de inversión para cada zona de su región, y señalan las debilidades institucionales en avanzar en sus derechos territoriales, ya sea de tenencia o de uso.
Resalto todo esto porque es realmente impresionante ese cambio, aprendizaje y puesta en marcha de acciones concretas, en poblaciones que empezando este siglo, no solo desconocían, sino que rechazaban estas posibilidades por considerarlas un discurso de imposición “de intereses foráneos”. Entonces, en un cuarto de siglo, cuando hemos vivido toda suerte de intervenciones territoriales, y cuando esta zona del país sigue siendo un epicentro de conflicto armado, en medio de la mayor biodiversidad del planeta, es importante poder recoger lecciones aprendidas, que permitan una mejor toma de decisiones para este y futuros gobiernos. Creo que se debe arrancar por el necesario reconocimiento de las organizaciones sociales locales como interlocutoras en los procesos de transformación ambiental, productivo, así como de implementación de recursos públicos, principalmente de alcaldías y gobernaciones, donde la gobernanza crezca de la mano del fortalecimiento político administrativo de lo comunitario; a su vez, esto implica un entendimiento del marco legal y su funcionamiento, lo cual ha sido históricamente el principal obstáculo en la interacción Gobiernos con comunidades locales: el desconocimiento, y por ende rechazo, del marco legal, y su institucionalidad, por parte de comunidades locales que no han tenido esa opción de “gozar derechos y ejercer deberes”, donde, el conflicto ambiental y de tierras ha sido el detonante histórico de esta tensión.
Siento que a veces, en los gobiernos de turno, y en los nuevos actores armados, se olvidan estas importantes lecciones de procesos exitosos, tan necesarios en estos momentos. De una parte, la unidad de acción interinstitucional, que no es meramente ir todos en gavilla al territorio, sino tener un libreto unificado, ojalá delineado desde unas delegaciones de diálogo y oficina de Consejero Comisionado, con poder vinculante (parece que por fin tendremos un “Gabinete de Paz”) y presencia ministerial permanente, pues abunda hoy la “interpretación libre” como en ciertas líneas de jazz. Y por el otro, un actor en armas, que, para esa región, permanece en una Mesa, pero aún sigue preso del temor a la presencia institucional, o a la diversidad de expresiones sociales y políticas autónomas, manteniendo prácticas como la amenaza o extorsión a quienes divergen, generando una tensión y una asfixia determinante en los procesos sociales locales.
Escuchar el relato de mujeres campesinas lideresas pidiendo que no sean estigmatizadas, por grupos armados locales o instituciones de gobierno, así como ver panfletos de extorsión que obligatoriamente deben ser tramitados por líderes de juntas comunales, es síntoma de delirio. Ver solicitudes de la Fiscalía, a líderes comunales, información sobre uso o tenencia de la tierra en veredas bajo control de grupos armados y economías del narcotráfico es un absurdo, además de poner en riesgo la vida de estos líderes, a quienes se pide lo que un Estado incapaz no logra con toda la tecnología y capacidad institucional disponible. ¿Será que es posible un poco de sensatez y aprender de un pedazo de siglo que nos muestra que sí es posible transformarnos en un proyecto único de nación?
