El Gobernador denunció que ahora los carteles talan menos de una hectárea en varios puntos del bosque, complicando a las autoridades la identificación de los focos de deforestación mediante sobrevuelos. Dijo que desde 2013 se han deforestado en el Meta más de 200.000 hectáreas.
A mediados de febrero se cumplirá un año del gigantesco incendio registrado al interior del Parque Nacional Tinigua, que hace parte del Área de Manejo Especial La Macarena (AMEM), junto a otros tres parques: Sumapaz, Cordillera de Los Picachos y Serranía de La Macarena.
Fueron 220 hectáreas de bosque las devastadas por las llamas en ese entonces. A los colonos se les acusó de ser los responsables de las conflagraciones en busca de acaparar tierras para praderizar y luego introducir ganado o cultivos. Casi que a la par, la Serranía de La Macarena era víctima de otro incendio que amenazó con llegar a Caño Cristales. Alcanzó a estar a sólo 200 metros del reconocido como el ‘río de los cinco colores‘.
La Defensoría del Pueblo se encargó de alertar sobre el incendio la noche del sábado 22 de febrero de 2020, a través de un contundente mensaje: “El incendio provocado contra la Serranía de La Macarena, a la altura de Caño Cristales, es un atentado contra la humanidad”.
Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales, sostuvo en esa época que las llamas habrían consumido cerca de 500 hectáreas, de las cuales 150 o 200 fueron al interior del parque natural.
Los incendios son el método más utilizado por las mafias deforestadoras para acaparar tierras en parques nacionales y áreas protegidas. Foto: Mauricio Ochoa / Semana.
El rechazo y presión política y social frente a lo que estaba ocurriendo, obligó al Gobierno a emprender acciones contundentes para contrarrestar este flagelo ambiental. El exministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció entonces la creación de una Fuerza de Tarea Conjunta Ambiental, de la cual harían parte el Ejército, la Policía, la Armada, la Fuerza Aérea, la Fiscalía, entre otras organizaciones, que reforzaría los operativos y acciones de inteligencia.
No obstante, la masacre ambiental en ese territorio del Meta continúa. Aunque todavía no se ha dado conocer por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) el informe final de deforestación ocurrida en el país en 2020, lo cierto es que, por ejemplo, en el reporte de alertas tempranas de deforestación correspondiente al primer trimestre del año pasado, ese departamento se ubicó como el segundo más deforestado, tras sumar 24.288 hectáreas taladas en 1.022 polígonos. En el primer lugar se situó Caquetá, que perdió 25.064 hectáreas entre enero y marzo (1.166 polígonos) y en tercer puesto, Guaviare con 14.417 hectáreas (670 polígonos).
Según el Ideam, 32 municipios fueron las principales víctimas de la deforestación en ese primer trimestre, siendo San José del Guaviare, Tibú, La Macarena, San Vicente del Caguán, Mapiripán, El Retorno, Puerto Rico, Calamar, Cartagena del Chairá y Cumaribo, los 10 más críticos.
Según el Gobernador del Meta, las mafias ofrecen entre 3 y 5 millones de pesos por cada hectárea de bosque talada y quemada en cualquiera de las áreas protegidas de ese departamento. Foto: Rodrigo Botero.
Mientras que la motosierra estuvo concentrada en ocho Parques Nacionales Naturales: Sierra de La Macarena (47,1 por ciento de las alertas tempranas en áreas protegidas), Tinigua (25,7 por ciento), Chiribiquete (7,2 por ciento), Sierra Nevada de Santa Marta (6,9 por ciento), La Paya (4,3 por ciento), Catatumbo- Barí (4,1 por ciento), Cordillera de los Picachos (1,4 por ciento) y Paramillo (1,2 por ciento).
Según cifras de Parques Nacionales Naturales de Colombia, a corte del 31 de diciembre de 2020, en la Orinoquía se han perdido 6.908 hectáreas por esta práctica ilegal. En la Serranía de La Macarena han arrasado 3.292 hectáreas, en tanto que en Tinigua (frontera entre Meta y Caquetá) 3.275 hectáreas, y en Los Picachos, a 341 hectáreas.
En el municipio de La Macarena en los últimos siete años (2013-2020) han sido deforestadas 79,144 hectáreas (38,7%), según cifras manejadas por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y el Ideam. Foto: Rodrigo Botero.
Por otro lado, de acuerdo con la información que manejan las autoridades, en los últimos cuatro años en Mapiripán han sido devastadas más de 30.000 hectáreas de bosques. De acuerdo con las estadísticas manejadas por la Gobernación del Meta, sólo en 2020 se estima que se talaron 12.000 hectáreas de selva en una sola vereda de esa población: Puerto Alvira, de ahí que el Gobierno y la Fuerza Pública hayan fijado particular atención en esa región.
Desde la Gobernación se emprendió una cruzada para luchar contra este flagelo y las mafias que hay detrás, ya que – según esa institución – desde 2013 se han deforestado en esta zona más de 200.000 hectáreas de bosque, es decir, unos 300 millones de árboles talados, áreas equivalentes al tamaño del departamento del Quindío y al 80 por ciento del área de Bogotá. «A diario se tala una zona similar a 140 canchas de fútbol», destacaron.
«El año pasado nos comprometimos a afrontar una guerra que no podemos perder: la lucha contra la deforestación. El Meta, que en los últimos años ha mostrado unas cifras vergonzosas, se va a convertir en un departamento modelo en esta lucha. A mediados de enero, en una nueva visita a La Macarena con acompañamiento del Ministerio de Defensa, Ministerio de Ambiente, Ejército Nacional, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía General de la Nación, Cormacarena y Gobernación del Meta, revisamos y fortalecimos nuestra articulación”, mencionó Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta.
El Parque Nacional Tinigua en los últimos siete años (2013-2020) han sido arrasadas 30.527 hectáreas de bosque, de acuerdo con las estadísticas manejadas por el FCDS y el Ideam. Foto: Rodrigo Botero.
El mandatario se refiere a la Estrategia de Lucha Contra la Deforestación (EDLD), la cual está conformada por dos componentes: seguridad y presencia en el territorio de las Fuerzas Militares y la Policía, y mayor oferta institucional y articulación de las entidades competentes en asuntos sociales, ambientales y de seguridad.
Fruto de esa coordinación con el Gobierno nacional, la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena (Cormacarena) y la Fuerza Pública se han logrado importantes resultados hasta ahora como, por ejemplo, las capturas de 28 personas por delitos ambientales, especialmente enfocados a tala de árboles nativos en bosques forestales, la reforestación de más de 93.098 árboles y el monitoreo y recuperación a más de 2.000 hectáreas en el sur del Meta.
De igual manera, fue divulgado, bajo el aval del Ministerio de Defensa, el cartel de los más buscados de la deforestación. Se trata de nueve personas (ocho hombres y una mujer) responsables del ecocidio en el sur del departamento y por quienes se ofrecen hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con su captura.
Estos bandidos ofrecían hasta cinco millones de pesos por cada hectárea de bosque talada y quemada, sumando así 7.000 hectáreas boscosas en el primer semestre de 2020 en el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM) y 23.000 hectáreas en todo el departamento durante el mismo tiempo. Esta devastación está impulsada exclusivamente para el desarrollo de cultivos de coca, ganadería extensiva, acaparamiento de tierras y venta ilegal de madera. Esta actividad no la realizan pequeños campesinos, pues es evidente que estos motores de deforestación requieren grandes recursos que provienen de actividades ilegales”, resaltó el gobernador Zuluaga.
Cambio de estrategia
El mandatario informó que las mafias que operan en el sur del departamento han cambiado su estrategia delictiva.
«Antes se generaban parches de deforestación en áreas protegidas de hasta 35 hectáreas, fácilmente identificables por las autoridades en operativos en sobrevuelos y controles en los municipios. En junio de 2020 la estrategia delictiva cambió y ahora los carteles de la deforestación talan menos de una hectárea en varios puntos del bosque, complicando a las autoridades a identificar estos focos de deforestación, ya que mediante los sobrevuelos no pueden ser observados», explicó Zuluaga.
El Gobernador del Meta ha venido denunciando, demás, que el grupo armado organizado residual operado por Miguel Botache Santanilla, alias «Gentil Duarte», ordenó a 5.000 familias campesinas que habitan en los tres Parques Naturales del departamento (Tinigua, Sierra de La Macarena y Los Picachos) «tumbar monte» para sembrar como mínimo dos hectáreas de coca.
“Por cada hectárea de bosque tumbada y quemada, las mafias siguen pagando hasta cinco millones de pesos. En los primeros seis meses del año 2020 fueron deforestadas más de 22.000 hectáreas de bosque en el Meta, cifra que en todo 2019 no superó las 23.000 hectáreas”, reveló el mandatario metense.
De acuerdo con el Gobernador del Meta, alias «Gentil Duarte» ordenó el año pasado a 5.000 familias campesinas que habitan en los tres Parques Naturales del departamento (Tinigua, Sierra de La Macarena y Picachos) tumbar los bosques para sembrar como mínimo dos hectáreas de coca. Foto: Ministerio de Defensa.
De acuerdo con la Fuerza Pública, los grupos armados y las mafias que pertenecen a las disidencias Farc, amenazan con declarar como objetivo militar a estas entidades y organizaciones, al igual que a los campesinos que se vinculen a los proyectos como los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y otras acciones que convoquen a la participación ciudadana para el cuidado y protección de los bosques y áreas protegidas.
En consecuencia, el pasado 3 de diciembre del 2020, en el municipio de La Macarena fue asesinado Javier Francisco Parra Cubillos, quien trabajaba en Cormacarena y se desempeñaba, además, como defensor de Caño Cristales. Sicarios que se movilizaban en una motocicleta le propinaron varios disparos y pese a que fue llevado al hospital y, posteriormente, trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea hasta Villavicencio, murió mientras era atendido.
Javier Francisco Parra Cubillos, funcionario de Cormacarena, asesinado por sicarios en La Macarena en diciembre del año pasado. Foto: Cormacarena.
No obstante, a pesar de las amenazas que ha recibido, el gobernador Zuluaga sostiene que seguirá en su lucha y apoyando la oferta institucional y estrategias como la Operación Artemisa, que desde que comenzó en abril de 2019, ha permitido la recuperación para su protección de 6.165 hectáreas en el Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, muchas situadas en la Serranía de La Macarena.
«La protección y conservación del medioambiente está en primer renglón de nuestra agenda (…). En el sur del departamento se encuentran ecosistemas vitales para el planeta, tres parques nacionales naturales, importantes cuerpos hídricos y un gran número de especies en flora y fauna que enriquecen la biodiversidad del departamento. Pero la distancia y las difíciles condiciones de acceso lo convierten en corredor estratégico para el establecimiento de cultivos de uso ilícitos, acaparamiento de tierras por medio de ganadería o cultivos no compatibles con el uso del suelo. Históricamente esta zona no ha contado con presencia del Estado y en eso tenemos que seguir trabajando”, puntualizó Zuluaga.
