En este texto de Rodrigo Botero dice que en Colombia hay avances y cosas por mejorar.
Muy temprano en el nuevo año —el 8 de enero—, el presidente Iván Duque presentó en Leticia el documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 4021, que guiará la política para contrarrestar la deforestación en el país y promover la gestión sostenible de los bosques durante los próximos diez años.
Al parecer, la deforestación por fin se convirtió en un tema prioritario.
Además, la consolidación de la estrategia de manejo de los bosques de la mano de las comunidades, y la integración de múltiples sectores del Gobierno en la planeación y ejecución de esta política son una buena noticia.
Sin embargo, los nuevos lineamientos ponen sobre la mesa varios temas que merecen discusión.
Los contratos
Uno de los ejes del Gobierno para reducir la deforestación es la política de pago de servicios ambientales, que son incentivos económicos dados a familias y comunidades para que ayuden a conservar el bosque y preservar la biodiversidad.
Por primera vez en la historia del sector ambiental hay un número significativo de este tipo de acuerdos en varias regiones de la Amazonia, lo cual es un logro loable.
Una de las metas del Gobierno es aumentar el número de familias vinculadas a contratos de conservación. El Presidente habló de incorporar 4.000 nuevas familias que recibirán remuneración por conservar y proteger el medioambiente y 1.721 nuevas familias indígenas dentro de la estrategia Visión Amazónica.
Duque prometió la formulación de 1.573 contratos específicos de conservación, algunos de los cuales incluirán un mecanismo para formalizar el acceso de algunas comunidades al uso del bosque. Pero esto solo será posible en aquellas zonas priorizadas por el Ministerio de Ambiente dentro de la Reserva Forestal.
El nuevo Conpes establece 11 núcleos de alta deforestación ubicados en 150 municipios, que son considerados los territorios más afectados por la pérdida de cobertura de bosque natural en Colombia.
«Las necesidades de las comunidades pueden coincidir con los propósitos de conservación, pero los contratos de uso no son suficientes»
Formalizar la propiedad
El problema es que las áreas priorizadas por el Ministerio de Ambiente no son suficientes en relación con el número mucho mayor de potenciales usuarios de los bosques. Además, hay familias que están realizando actividades de manejo forestal sostenible en territorios no priorizados, tanto dentro como fuera de las áreas de reserva forestal, pero contiguas a esas zonas priorizadas.
En estos territorios, las comunidades locales llevan procesos organizativos que no están dispuestos a fragmentar para cumplir con las metas de acuerdos de conservación del Gobierno. Además, las evaluaciones ecológicas indican que hacerlo podría desperdiciar el potencial de conectividades entre las distintas fincas.
En muchos casos, las necesidades de las comunidades pueden coincidir con los propósitos de conservación, pero los contratos de uso no son suficientes cuando están luchando por la formalización de la propiedad de la tierra.
Por eso deben impulsarse también los procesos de catastro y modificar las formas de repartición de la tierra en esas regiones.
También hay oportunidades de procesos anteriores que están en la puerta del horno como las zonas de reserva campesina del Ariari Guejar y del Losada Perdido, que han cumplido todos los requisitos de ley para su creación, y están a la espera de su formalización.
Un ejercicio de gobernabilidad con participación de comunidades e instituciones, y cooperación internacional es posible, y podría reducir las tensiones sobre los parques nacionales.
Lamentablemente, el director Pedro Orlando Molano no se ha manifestado sobre este aspecto crucial en la política de uso, ocupación y tenencia de parques y zonas amortiguadoras.
Hasta ahora, los acuerdos se han desarrollado en las zonas de mejor acceso, con presencia institucional y cercanas a centros urbanos. Sin embargo, el reto está en involucrar a las comunidades en zonas de ampliación de la frontera agropecuaria, donde la gobernabilidad está en disputa y hay poca presencia institucional.
Y no se trata únicamente de proveer seguridad en esas zonas, ni de ofrecer un “proyecto productivo”, sino de construir confianza y legitimidad en las instituciones, que empieza por garantizar los derechos de ciudadanía integrales para cambiar la relación de esas comunidades con el Estado.
«El código penal no tipifica como delito la apropiación ilegal de tierras, que es el problema madre de la deforestación»
En la declaración del Gobierno en Leticia se informó que aumentarían las acciones de Artemisa —la estrategia militar para detener la deforestación— y la adecuación de las normas para hacer cumplir la ley en lo relacionado con la conservación de los bosques.
Según el presidente, se enfocarán en “deforestadores y acaparadores”, lo que puede indicar que los esfuerzos operativos y judiciales tendrán mayores efectos en los grandes responsables de la deforestación.
¿Qué razón hay para este viraje? El tipo de inversiones necesarias para deforestar, usurpar tierras a través de la ganadería e incorporarlas al mercado hace evidente la existencia de proyectos de fractura territorial a gran escala. Pero ahora es claro que estos no obedecen a la “lucha contrainsurgente” que antes planteaba la presencia de las Farc.
Cuando se revisa el Código Penal, las sanciones por deforestación son irrisorias; su abordaje es miope, fijándose en el efecto directo, y disociando el bosque del suelo y su estatus legal. En el Congreso aún hay timidez —o silencio cómplice en algunos casos— y el debate se ha reducido a discutir si “se llenarán las cárceles de campesinos inermes”.
Lo cierto es que los grandes inversionistas siguen contando con un marco legal de impunidad. Esto impide recuperar los bosques perdidos y, sobre todo, impide la recuperación física y jurídica de las tierras de la Nación a favor del Estado.
El código penal no tipifica como delito la apropiación ilegal de tierras, que es el problema madre de la deforestación; tampoco la conexidad con el uso de dineros públicos, el lavado de activos, la asociación con terceros, y demás modalidades que permiten consolidar las tierras apropiadas una vez han sido deforestadas.
Antes de hablar de negocios de “restauración productiva” en tierras posiblemente apropiadas ilegalmente, debería promoverse la recuperación física y jurídica de esos territorios. La motivación ambiental no puede ser una excusa para no retornar estas miles de hectáreas —más de 550.000 en los últimos 5 años en la Amazonia— al patrimonio de la Nación. Después, las tierras recuperadas podrían ser legítimamente otorgadas a aquellas comunidades y familias que están priorizadas parea crear acuerdos de conservación y el cierre de la frontera agropecuaria.
La tasa de pérdida y recuperación —física y jurídica— de tierras deforestadas podría ser una buena forma de medir la efectividad del Conpes 4021 —que está recién salido del horno— para controlar la deforestación y gestionar los bosques.
RODRIGO BOTERO *
Razón Pública **
* Rodrigo Botero fue director territorial de la Región Amazonia-Orinoquia de Parques Nacionales Naturales entre 2000 y 2010, y desde entonces director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible.
** Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia
