Colombia , en los últimos cinco años ha perdido más de 550.000 hectáreas de bosques en tierras públicas de la Amazonia y en estas mismas zonas, ha entrado un hato nuevo de más de 1,2 millones de cabezas de ganado, para los ocho municipios que rodean la frontera agropecuaria donde más se concentra la deforestación.
Igualmente, en el continente, es el país donde más creció el hato ganadero, en un 30 por ciento, seguido de Bolivia, con un 16 por ciento, y en ambos casos los precios de producción, están asociados al bajo valor de la conversión del suelo de bosques públicos en praderas, donde cada kilo de carne está en el mercado a un valor aproximado de ocho dólares. (datos Global Product Prizes, 2023)
De igual manera, se ha señalado que desde Venezuela, entraron más de 6 millones de cabezas, que se han distribuido principalmente en el oriente colombiano, desde Arauca hasta Cartagena del Chairá, solo interrumpido por municipios como Cimitarra, Montería o Valledupar, que entran en el escalafón de los más poblados por el hato ganadero nacional.
Como en el caso boliviano, además de una raquítica institucionalidad que debería proteger las tierras públicas, o los territorios indígenas, también se presenta la perversa inversión pública en estas zonas para consolidar el modelo de apropiación vía ganadería.
Cientos de trochas son abiertas (más de 300 kilómetros en los últimos tres años en la misma zona de deforestación y ganadería), acompañadas de otros cientos de “jagueyes” hechos con maquinaria gubernamental, y el moño, con vacunación pagada con el erario público, sin importar dónde se encuentre el ganado (zonas prohibidas, invadidas, etcétera), para lograr los estándares sanitarios que nos permita “coronar” los mercados internacionales.
Todo lo anterior, posibilita que el kilo de carne colombiano compita muy bien en el mercado internacional, como por ejemplo en China, como dice la propaganda del Ministerio de Agricultura, donde el valor está alrededor de los 17 dólares. ¿Quién paga los pasivos ambientales y sociales? Pues todos los colombianos, socio.
No solo el mercado internacional es un incentivo para seguir abriendo finca y metiendo animales. En el seguimiento al mercadeo de animales provenientes de zonas con restricciones legales del suelo, los datos nos muestran un abanico amplio de zonas de comercialización. Por ejemplo, uno de cada diez animales que entra al mercado de Bogota, proviene del Guaviare; un porcentaje significativo (32 por ciento) del mercado del occidente del país, proviene del Caquetá.
Muchos almacenes no tienen ningún protocolo de verificación sobre el origen de la carne que se vende, y mucho menos en las plantas de sacrificio. La propuesta de legislación sobre trazabilidad, avanza muy lentamente, y aún lejos de los consensos.
El cerrojo a la información sobre la relación entre hatos, propietarios de animales, deforestación, comercializadores, vacunación, hierros, inversionistas sigue siendo un “muro de Berlín” a los esfuerzos por encontrar los responsables de este gran negocio y tragedia ambiental.
Cuando revisamos el porcentaje de hatos que en el país se encuentran en zonas con suelos habilitados para ganadería y usan sistemas silvopastoriles y han liberado zonas para conservación, encontramos que el porcentaje aún es tremendamente inferior a lo requerido.
Aún hay millones de hectáreas en modelos extensivos de baja productividad. Igual, millones de hectáreas que se podrían liberar para otros usos agropecuarios, y para zonas de restauración de bosques, recuperación de biodiversidad, servicios ecosistémicos y captura de CO2.
Entonces, ante una potencial demanda creciente de un mercado internacional, quedan varios interrogantes. ¿Seremos capaces de frenar la deforestación derivada del acaparamiento de tierras, y que utiliza el ganado para su consolidación? ¿Tendremos la capacidad para lograr un marco legal de trazabilidad creíble, técnicamente robusto, y de uso general? ¿Tendrán los ministerios algún criterio asociado a las características de producción e impacto ambiental, para que se incluyan en los requisitos de exportación en caso de que los países importadores no lo exijan?
Y sobre quienes serán los beneficiados de estos procesos de exportación, que han sido largos, complejos y que también abren grandes oportunidades económicas en el país, también vale la pena revisar algunos datos del fenómeno deforestador (que no es exclusivo de la Amazonia).
Por ejemplo, el tamaño de predios en los últimos años en las zonas de deforestación más intensa ha crecido dramáticamente, y encontramos que hay lotes, tumbados y quemados en un solo evento, que superan las 500 hectáreas, como ocurrió el año anterior, en unas zonas protegidas (caso Tinigua), zonas de reserva forestal (caso Calamar) y zonas de resguardos invadidos (caso nukak).
Es decir, entre el costo de inversión entre tumbar el bosque, habilitar pasturas y cercas, y poner animales, puede estar en 1000 dólares la hectárea. Pocos campesinos de a pie tienen la capacidad de inversión que esta gran empresa acaparadora está llevando a cabo. ¿De dónde provienen estos capitales? Adivina adivinador.
Suenan nuevamente los tambores de la infraestructura vial, para “conectar el oriente con los mercados del Pacifico”. Petróleo, minerales de transición energética, cereales, y obvio, vaquitas, podrán llegar a Buenaventura desde la Amazonia, rumbo a los territorios donde la demanda de “commodities” está cambiando los paisajes de los países tropicales.
¿Estamos preparados para que sea una oportunidad y no el preludio de una crisis ambiental aún mayor a la que se avizora? Me temo que debemos ser muy contundentes en revisar los criterios de exportación de ganado para estos nuevos mercados, de manera que no ocurra lo que se ha señalado por los reportes mundiales de deforestación en otros países tropicales de América y otros continentes.
