Varios elementos llamaron la atención sobre las cifras de deforestación para 2022 presentadas por la ministra de Ambiente. El primer aspecto a resaltar es que hubo un descenso significativo, en contraste con lo apreciado en los últimos años, lo cual llama la atención al mirar con más detalle, cómo explicar lo sucedido.
En un país desmemoriado vale la pena recordar cómo en el principio de ese año, reportamos algunos de los más altos registros de incendios de la década, y cómo las cargas de material particulado provenientes de la Amazonia y Orinoquia llenaban las ciudades del país. Los datos oficiales y de otras agencias, nos señalaban cómo se veía una tendencia de deforestación inclusive superior a la de los años anteriores.
A mitad de año hay cambio de gobierno y una nueva política se empieza a implementar en el último tercio del año. Esto indica que, en términos de causalidad, los resultados no se pueden explicar en su totalidad por un factor de reorientación política, sino, por una sumatoria de razones subyacentes, que vienen de tiempo atrás.
Lo primero que habría que señalar es que el país viene, a pesar de los vaivenes, construyendo una política que ha ubicado a la deforestación como uno de sus más importantes retos, y, por ende, diferentes esfuerzos financieros, institucionales, y legales. En medio de estos esfuerzos, la cooperación internacional ha mantenido un apoyo irrestricto, de gran impacto en el mantenimiento de estas metas.
Y en el centro de todo esto, cientos de comunidades, campesinas e indígenas, que han desarrollado tremendos esfuerzos en la tarea de reconvertir sus sistemas productivos, de hacer uso del bosque en pie, de crear iniciativas de turismo, mejorar suelos, recuperar aguas, en fin, sin que aún haya certeza de que económicamente esta transición pueda llegar de manera incluyente a todos los sectores y con la velocidad que se requiere para consolidar la transición del modelo.
Pero ojo, porque el mantenimiento de nuestros bosques en medio de las comunidades es un asunto de reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Son estas comunidades las que deberían tener mayor capacidad de adaptación y mitigación a los eventos climáticos extremos, que son inexorables, y están fuera de su alcance. Nos preparamos para lo que viene, esa es la razón.
De otra parte, están las medidas tomadas por el actual gobierno, dentro de las que son destacables tres aspectos: el primero, un acercamiento a las comunidades donde la deforestación está en sus picos más altos, buscando nuevas alianzas y salidas específicas a cada condición, lo cual implicará una acción subregional con responsabilidades interinstitucionales marcadas, que prevee una acción de Estado, más allá del sector ambiental.
Lo segundo, un cambio en el enfoque aplicación de la ley, que ha priorizado la acción sobre los grandes determinadores -léase financiadores- y de allí, una acción conjunta con la UIAF, Fiscalía y Policía. Como en el caso de la economía cocalera, por ahora, todos en modo atención máxima. Y, por último, el trabajo coordinado con los sectores productivos y de infraestructura vial, para evitar la expansión de la frontera agropecuaria, aunado a la directiva de la Unión Europea para evitar el comercio de productos que provengan de áreas deforestadas, empieza a sumar en el propósito común.
Sin embargo, hay otros elementos, más allá de la esfera gubernamental, que tienen un poderoso efecto en esta situación. La más importante, es la decisión pública que tuvo la disidencia de Farc, EMC, quienes anunciaron desde abril de 2022, su decisión de cambiar varias de las órdenes que habían promovido durante los años anteriores, relacionadas directamente con la deforestación.
Una orden tajante prohibiendo la deforestación, la quema de rastrojos, y detallando las instrucciones para la “reforestación” fue impartida en las mismas zonas donde hasta esa fecha, más de un millón de nuevas cabezas de ganado habían entrado y medio millón de hectáreas habían sido deforestadas en los últimos cinco años.
Este medio millón de hectáreas y sus inversiones son la base de una negociación política que pasa por un epicentro ambiental, como nunca antes. Pero el costo es mucho más que eso, pues la gobernanza no se debe endosar a una acción militar sin proceso político de legitimidad y empalme gubernamental.
Hay que aprender de lo que nos ha costado vidas y generaciones ambientales. La oportunidad política de este gobierno con los modelos de titulación, derechos y demás estrategias es la más clara instancia de articular los problemas estructurales agrarios y la paz ambiental.
Como suele ser en este país, las órdenes de los grupos armados se cumplen, gústele a la gente o no, y los datos corroboran la “efectividad” del mandato. ¿A qué costo? Carreteras que siguen en zonas estratégicas, grandes lotes que, si tienen patente para avanzar, hacen pensar en la continuidad del viejo plan estratégico para construir Estado en formación… ¿Hasta cuándo cada grupo seguirá pensando en su estado embrionario, en vez de sumar a un mismo sueño?
La amenaza sobre las instituciones públicas y sus funcionarios en la mayor parte de estos territorios permanece; en este vacío de gobernanza no es posible pretender que los resultados sean los mismos esperados cuando la acción armada cese. En otras palabras, este descenso, en esta zona, tiene sabor agridulce, y no es de reivindicar como un modelo a seguir. En las negociaciones de paz, se deberá, ojalá, acordar el retorno de la institucionalidad, en medio de las propuestas de retorno de los grupos armados a la civilidad y el bosque.
En el resto del país, otros grupos dejan su rastro en el paisaje. Casos como el de Putumayo, donde hacen presencia los Comandos de Frontera, tienen una extensa huella de deforestación asociada a áreas de cultivos de coca; veremos qué sucede en el marco de la crisis del mercado, como ocurre en Catatumbo, o en El Guayabero.
Curioso, el caso de Arauca donde, a partir de los conflictos entre EMC y ELN, aparece una tendencia de deforestación y coca reciente. La situación en el Bajo Cauca, Sur de Bolívar y San Lucas, lamentable, con un paisaje lunar, degradado, contaminado de mercurio en suelos y aguas, y con la poca vegetación que aún queda, en proceso de destrucción asociada a las dragas mineras, donde varios grupos hacen presencia.
La política de Ambiente, referida a deforestación y degradación de ecosistemas, deberá ir de la mano de la política de paz, y específicamente, en las mesas de diálogo y conversación con los diferentes grupos que hacen presencia y autoridad en al país, y que definen el uso del suelo en estos territorios, independientemente de su “legalidad”. La paz ambiental, es de todos los colombianos, un derecho.
