Cifras preliminares de deforestación en Colombia nos muestran cómo este drama ambiental se concentra en zonas donde la gobernabilidad se ha perdido cada vez más, por cuenta de los grupos armados que ejercen su autoridad y decisiones sobre el uso del suelo. El país se enfrenta hoy a un contraordenamiento territorial, donde la planificación del uso del suelo está asociada a los intereses de los grupos armados, su base social y sus socios inversionistas.
Históricamente, la deforestación estaba asociada a necesidades de poblaciones marginadas por el acceso a tierras que no se lograban al interior de la frontera agropecuaria. Sin embargo, en los últimos 10 años hemos asistido a un cambio en las condiciones internacionales y nacionales de presión sobre las tierras y sus recursos, pues hoy existe una presión casa vez mayor sobre tierras baratas y que puedan ser articulables a los mercados internacionales para la producción de commodities que respondan a la demanda internacional. Estas tierras se encuentran principalmente en los bosques públicos de la Amazonia, así como en tierras indígenas vulnerables y de comunidades locales sin derechos reconocidos que, a su vez, suman el área de bosques bien preservados más grande del planeta y la zona de regulación climática más importante de todas las grandes cuencas boscosas tropicales, superando a las del Congo e Indonesia.
La creciente demanda mundial de carne de bajo costo se empieza a suplir con las tierras amazónicas deforestadas de Brasil y Bolivia, mientras en Colombia aún siguen proveyendo el mercado nacional, con interesantes excepciones. Pero hay más que tierra para bovinos: el escudo guayanés es una formación geológica rica en minerales, algunos de la llamada transición energética, y otros, como el oro, la gran moneda de la erosión democrática. Coltán, estaño, cobre aparecen como minerales que claramente interesan a las grandes compañías mineras de Canadá, Estados Unidos y China, que están en la carrera por conquistar estos importantes enclaves mineros decisivos en estos tiempos de guerras comerciales e informáticas. Sin embargo, hoy, el gran movilizador de recursos financieros es el oro, cuyo precio internacional sigue subiendo y está en su máximo histórico. El oro por el cual hoy cada grupo armado y financiero se disputa a muerte el territorio no solo en Colombia, sino en Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Surinam y Guyana. Allí está apalancando el mercado de la coca, pues hoy esta se paga en oro y, una vez hecha la transacción, ese metal lava el rostro de la ilegalidad con extrema facilidad. El oro, una vez que ha dejado esa estela de muerte y destrucción en los ríos amazónicos, con sus aguas y peces envenenados con mercurio, así como en la sangre de las poblaciones locales, es transportado por traficantes de todo tipo. Unos con implantes y otros no, que llegan sonriendo a Miami envueltos en kilos de oro sacados de nuestras selvas. Aunque sea inverosímil, es absolutamente legal entrar a Estados Unidos con kilos de oro encima, sin ningún requerimiento sobre su origen. Aquí es claro por qué no ha habido ningún interés de Estados Unidos en impulsar legislación alguna sobre la trazabilidad del oro, a pesar de la evidencia sobre su impacto ambiental, social y, más aún, en la financiación de cuanto grupo armado haya en el continente. ‘America First’, dice el slogan, mientras en Nueva York el precio de oro está casi un 20 por ciento por encima del valor nominal del mercado y en la meca de los grandes inversionistas con desdén por el ‘oro de sangre’ que cuelga en sus cuerpos.
Un poco más al norte de la Amazonia, las planicies del Orinoco son poco a poco transformadas en grandes áreas de producción de aceite de palma y materias primas para la alimentación animal, principalmente. Esta oferta requiere de un puerto, Buenaventura, que ya fue priorizado en la ruta de la seda China, y una carretera, que será la que una este puerto con Carreño, en el Orinoco, de la misma manera en que el gran puerto de Chancay, en el Perú, estará jalonando la movilidad de la soya brasilera sobre la Amazonia peruana, con nuevas grandes vías que pasarán sobre estos bosques y comunidades. Un reto enorme para Colombia será utilizar sus lineamientos de infraestructura vial verde en este proyecto, si es que no queremos propiciar una debacle ambiental mayor a la que ya tenemos al interior del Área de Manejo Especial de La Macarena, como lo señaló la ministra de Ambiente en su presentación de cifras de deforestación de 2024. Esto, sin contar que aún hay una tensión pendiente, y es la existencia de los yacimientos de crudo no solo en La Macarena, sino el piedemonte en general, tema del que nos ocuparemos en otra columna.
En el terreno, grupos armados –ya sea en El Catatumbo con el EMBF o ELN, en Riosucio con el EGC, en el Putumayo con el CF, en Mapiripán con EMC y Nariño con CG–, entre miles de siglas, árboles y comunidades en el suelo, siguen en sus proyectos de colonización, control de recursos naturales, políticas de tributación, desarrollo vial y control poblacional con una institucionalidad cada vez más inoperante frente a estas realidades. Estas lógicas deben ser estudiadas, analizadas y debatidas, lo mismo que se deben revisar las decisiones políticas que hay en el marco de esta carrera mundial por recursos naturales, dada la sinergia negativa que se está dando entre estos procesos locales de conflicto armado y las tendencias del mercado mundial.
