Durante los últimos cinco años se han deforestado más de 500 mil hectáreas en la Amazonía colombiana. Esta cifra muestra que la deforestación en la región está disparada, a pesar de que en 2019 se deforestaron menos hectáreas que el año inmediatamente anterior, como informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) el pasado 9 de julio.
Cada gobierno dice haber trabajado por reducir este número, pero las altísimas cifras persisten y todos los esfuerzos parecen insuficientes.
Según el Ministerio de Ambiente, parte de la disminución en las cifras de deforestación durante 2019 se debió a sus acciones, que se han enfocado principalmente en:
• Lograr acuerdos de conservación con familias campesinas;
• Aplicar modelos de reconversión productiva;
• Estimular el pago por servicios ambientales;
• Fomentar modelos de “forestería comunitaria”;
• Promover una gestión tradicional del bosque en las comunidades indígenas; y
• Coordinar las acciones a través del Consejo Nacional contra la Deforestación (CONALDEF).
Además, la lucha contra la deforestación ha tenido el apoyo y la cooperación de la comunidad internacional. Sin embargo, organizaciones como Monitoring the Andean Amazon Program (MAAP) señala que, en lo corrido de 2020, la deforestación podría indicar que el gobierno no habría podido controlar las actividades que impulsan la deforestación con el mismo curso del anterior.
Esto muestra que hay brechas importantes en la gestión del Estado, que deben abordarse de manera integral. Problemas tan complejos como el de la deforestación no dependen exclusivamente del sector ambiental, sino que involucran a otros actores que no han actuado con suficiente diligencia.
El catastro y los acuerdos
A diferencia de los deforestadores, que actúan de forma rápida y devastadora, el Estado brilla por su ausencia e interviene lentamente. Como siempre, el Estado llega tarde. Cabe recordar, por ejemplo, que apenas el año siguiente, empezará a implementarse el catastro multipropósito, la herramienta para actualizar los datos de los predios y contar con un inventario sistemático y actualizado. El catastro multipropósito es el principal instrumento para evitar la apropiación ilegal de baldíos.
La aplicación de esta herramienta fue posible gracias a la cooperación internacional para los municipios con mayor deforestación en la región amazónica, que a su vez son municipios donde se desarrollan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Además, la estrecha relación entre los conflictos sociales y ambientales en estas zonas apenas empieza a ser asumida en la planificación política y financiera. En 2020 se modificó el Acuerdo 058 de la Agencia Nacional de Tierras para reglamentar los Contratos de Uso en la Reserva Forestal de la Nación.
Estos acuerdos son una excelente oportunidad para adjudicarles derechos sobre los bosques a las comunidades campesinas. El objetivo es convertir estos extensos territorios en zonas de uso sostenible del bosque y estabilizar la frontera agropecuaria. El acuerdo es una plataforma apropiada para impulsar más de medio millón de hectáreas de Forestería Comunitaria. Esta es una apuesta de paz y de protección del ambiente que pondrá a prueba la capacidad del país para otorgar derechos a las comunidades al tiempo que desarrolla una economía forestal y protege estos territorios de la voracidad del acaparamiento.
En todo caso, el reto es desarrollar y reglamentar los contratos con asociaciones y otras agrupaciones comunitarias dedicadas a la gestión del bosque. En Centroamérica y otros países de la cuenca amazónica, hay ejemplos exitosos de manejo forestal comunitario en términos ambientales, financieros y de gobernanza.
Los parques nacionales
La situación es particularmente difícil en los Parques Nacionales Naturales (PNN). Por un lado, han resurgido distintos grupos armados de excombatientes de las FARC, que se organizan de manera fragmentada en los territorios para consolidar un movimiento con capacidades militares, sociales y financieras. Esto se suma a la permanencia de bandas criminales y paramilitares, que van avanzando en la adquisición de tierras e inversiones agroindustriales.
Por otro lado, centenares de familias han migrado a los parques, pues el Estado aún no ha concretado con ellas acuerdos definitivos de reconversión productiva y ha fallado en consolidar zonas de reserva campesina, como las de Lozada y Guejar.
Dentro de los parques hay una combinación de familias sin tierra, grandes ganaderos, narcotraficantes e inversionistas regionales. En fin, una mezcla de actores que complica cualquier diálogo.
Por ahora, el foco en la erradicación de la hoja de coca impide poner en el centro de atención el derecho de los campesinos a la tierra y el adecuado uso del bosque.
Los resguardos indígenas
Pero Chiribiquete y los Parques Nacionales Naturales no son los únicos en riesgo; también están en peligro los resguardos indígenas de Nukak Makú y Yaguara II.
Los procesos de ocupación territorial sacan a la luz la vulnerabilidad de los resguardos y sus comunidades. Ya casi son tres décadas de abandono o incapacidad del Estado para restituir tierras en estas zonas. Hoy el mercado ilegal de tierras y los agronegocios las han vuelto atractivas. Los indígenas están arrinconados: muchos han sido desplazados y sus tierras están ocupadas por carreteras, fincas, laboratorios, ganado, tractores y cultivos de coca.
La deforestación está aniquilando a diferentes etnias.
Por todo eso al estudiar las cifras hay que tener en mente el drama y el desastre que hay detrás de ellas y entender bien que la deforestación implica mucho más que la caída de árboles.
El iceberg
Al final, la deforestación funciona como una cadena. En los extremos —la punta del iceberg— está la población más vulnerable, que tiene la ilusión de un pedazo de tierra y que cultiva coca o lleva a cabo la pequeña ganadería.
Después vienen los medianos beneficiarios, que se favorecen de las obras locales, como puentes, vías, escuelas, la fundación de veredas y los recursos que el Estado invierte en la “reconversión productiva”. Estos actores tienen un mayor número de cabezas de ganado en zonas que no son coqueras y donde la inversión del Estado se consolida.
Por último, están los grandes deforestadores, quienes compran veredas completas, mecanizan los suelos, llevan a cabo una ganadería extensiva con mejoramiento genético, y remueven con retroexcavadora lo que queda de bosque. En estos territorios hay interconexión eléctrica, las vías ya hacen parte de la planeación departamental o nacional y las siembras son extensivas.
Entre los alimentos cultivados por esta nueva agroindustrialización figuran el maíz, el eucalipto, el arroz y la palma. Además del espacio que ocupa por sí misma, la ganadería es responsable de miles de hectáreas dedicadas a la siembra de los alimentos para aumentar la rentabilidad de los semovientes.
Todo lo anterior produce un fenómeno de “sabanización” de los bosques amazónicos y reduce el bosque para dar paso a zonas de uso agropecuario.
Curiosamente, a pesar de la disminución reciente de la deforestación, los agentes responsables de ella no han sido tocados.
El Estado ha brillado por su ausencia y no se ven venir políticas decididas para detener la violencia que se esconde debajo de estos bosques que están desapareciendo.
