Soy repetitivo en este tema: sí. Estoy obsesionado con que se mantengan unos bosques, su diversidad y la integridad de sus paisajes: también. No estoy de acuerdo con que se sigan haciendo trochas por la mitad de esos parques, ni instalando nuevos potreros, cocales, corrales y “topocheras”, como tampoco metiendo dragas, rompiendo selva con motobomba, ni metiendo miles de cabezas de ganado.
Creo en que las poblaciones campesinas deben tener condiciones apropiadas para el desarrollo agropecuario, la seguridad alimentaria, la conectividad y el acceso al mercado, que son condiciones que se dan de mejor manera en áreas cuya zonificación privilegie los modelos de desarrollo sobre los de conservación estricta.
También creo que, en Áreas Protegidas, es posible tener algunos sistemas productivos que sean de bajo impacto, y por ende favorables a la conservación, con dependencia directa de la densidad y distribución poblacional, el mantenimiento o recuperación de la cobertura original, y la desaparición progresiva de especies exóticas y principalmente, la zonificación de usos permitidos. Y por supuesto, no creo que las áreas del Sistema Nacional de Parques sean la despensa para una reforma agraria, ni para los gobiernos de turno, empresarios furtivos o al acecho, o actores armados que dominan los territorios.
Creo que la Reserva Forestal de la Nación es una enorme oportunidad para el desarrollo de la economía forestal, donde aún queda espacio para planificar ocupación del territorio, conectividad vial, asentamientos ordenados, acceso a servicios y un enorme reto de usar bosques naturales al tiempo de conservarlos y expandirlos, así como la oportunidad de hacer grandes proyectos de restauración productiva. Creo que es necesario pensar en alianzas entre comunidades y sector privado que le den el impulso técnico y financiero que aún no se logra desde lo gubernamental. También se requiere de planificación sobre densidad y distribución poblacional, sistemas agroforestales, mecanismos para garantizar conectividad y, por supuesto, desarrollar modelos de reconocimiento de derechos sobre el uso del bosque que sean atractivos y jurídicamente robustos para alejar el fantasma de que solamente la sustracción y la titulación convencional son la única salida.
Creo que es necesario avanzar sobre los derechos de titulación en poblaciones campesinas principalmente, que han sido las que mayor marginamiento han tenido históricamente. Pero este argumento no debe ser el impulsor de conflictos con comunidades negras e indígenas, y tampoco sobre los derechos del sector privado, empresas y usuarios del agro en general. Y sobre este tema, debo decir que, en las zonas de parques, no todos los que están allí son campesinos vulnerables. Es más, no todos los que tienen ganado o coca están allí dentro de los parques. No todos los que tienen cocales son campesinos vulnerables, ni es la única tierra que tienen. Entonces, la complejidad abunda, y las soluciones facilistas y ‘homogenizantes’ inducen al error.
Muchos resguardos indígenas vienen siendo ocupados progresivamente por otras etnias, y a veces por colonos, finqueros, mineros y grupos armados que presionan cada vez más estos territorios, así como su cultura, su gente, su independencia, su autonomía administrativa y, por supuesto, el espacio estratégico dentro de la guerra.
Acabo de ver cómo el parque La Macarena está siendo tasajeado en dos por una trocha y una colonización reciente, en toda la mitad de la serranía, usando una antigua trocha bajo el bosque de las Farc que ahora tiene ganado, fincas, cocales. Y va, oronda, de Vista Hermosa hacia La Julia, terminando de fracturar el último corredor de conectividad entre la planicie amazónica y la cordillera de Los Andes. El aislamiento y fragmentación de esos pedazos de parches en que se han convertido La Macarena y Tinigua terminaran por colapsar definitivamente este ecosistema y sus servicios ambientales de la Nación. Esto viene ocurriendo desde hace más de seis años, y el avance de la destrucción del bosque sobre el caño Santo Domingo es de aterrarse. En medio de las quemas, el ganado y la coca, hay disputas de las diferentes vertientes de disidencias en este gran territorio, que hace aún más complejo el escenario.
Funcionarios amenazados, “corretiados” y organizaciones sociales recibiendo todas las tensiones de cuanto estratega hay en cada mata de monte. Podría referirme, una a una, a las decenas de trochas nuevas, de fincas, de vacas, de cocales —como los que se están instalando en Chiribiquete, al sur del rio La Tunia—, o como el tremendo caso de la zona suroeste de Calamar, entre el río Itilla y la transversal hacia Barranquillita (donde hoy las maquinas amarillas están destrozando monte para hacer nuevas trochas), pero caería en el error de ver esto sin perspectiva global. Un fenómeno enorme de transformación territorial se está dando en la región con orden, planeación, recursos financieros y técnicos. En el Estado, por el contrario, me da la sensación de una enorme fragmentación, una tendencia a ver el problema como un asunto sectorial o, en el mejor de los casos, como algo aislado en un territorio de nadie, que no deja plata ni votos.
Yo no lo veo así. Creo que quienes vienen avanzando en este proceso de colonización y contraordenamiento lo han hecho de manera muy eficiente y contundente. Han “barrido”, con un Estado “lentejo” (y “carretudo”, dicen allá), y han concretado la construcción de vías, han realizado levantamientos topográficos finca por finca en varios departamentos, han asignado tierras, han promovido su modelo económico entre ganadería, coca y arroceras e imponen reglas de convivencia y ejercen su modelo de seguridad, tributación y “monitoreo” sobre los gobernantes locales. Por eso, la gente del común reclama, con rabia y razón, que el viejo y descuadernado Estado aparezca, a ver si hay una esperanza de un futuro con menos opresión. O, de lo contrario, que no estorbe.
Se requiere una operación de la misma magnitud, donde se proyecte una política de largo plazo para recuperar un pedazo enorme del territorio nacional, de manera legitima y sostenible, y de la mano de las poblaciones locales, que es el requisito indispensable para cualquier acción con esperanza de largo plazo. Me temo, que no es suficiente con la institucionalidad ambiental existente, y se requiere una decisión y desde la más alta instancia presidencial, que sea una “mente maestra” de largo plazo, que promueva una articulación y responsabilidad interagencial, privada y social, y que logre cambiar una tendencia de varias décadas que ha sido capitalizada por quienes tienen hoy el poder territorial.
