El país apenas comienza a entender el significado de Chiribiquete para nuestro presente y futuro, ambiental y de paz. Allí hay una intrínseca relación de factores, que pueden desatar tensiones y conflictos históricos, ya sea hacía un proceso de estabilización, o para generar una dispersión sin precedentes. Es necesario resolver de manera urgente las necesidades de reconocimiento territoriales de poblaciones campesinas asentadas en el arco de deforestación amazónico, desde la Macarena, hasta el Bajo Caguán, como las del eje del río Itilla hasta sus bocas en el Unilla. Esta zona tiene una larguísima historia de reivindicaciones para la creación de Zonas de Reserva Campesina, que pueden ser un primer paso concreto de decisiones políticas para aterrizar el proceso de diálogo sobre el tema ambiental y agrario, con la organización armada que aún está en la Mesa con el Gobierno. De la misma manera, la creación de estas zonas y otras formas de derechos, en la frontera de colonización a gran escala, puede ser perfectamente un instrumento de estabilización de la colonización, y protección de los bosques de la Reserva Forestal de la Amazonia, con los instrumentos legales creados recientemente, para utilizar los mecanismos de manejo forestal sostenible como modelo económico regional. Es decir, instrumentos legales y económicos existen, así como un instrumento financiero, – El Fondo para la Vida- para plantear un plan de transformaciones regionales de gran escala.
Por el otro lado, hay retos inminentes que se deben plantear para poder transitar a un escenario de transformaciones de largo plazo. Como lo hemos visto durante todo el año 2024, el crecimiento de cultivos de coca se ha venido concentrando en toda esta frontera occidental del parque, arrancando en la zona del Alto Cachicamo, y bajando hacia la Tunia, el Alto Camuya, el sur de las sabanas, y el interfluvio Yari Caguán, cada uno de ellos con peligrosas rutas hacia el sur de la Amazonia, donde el gran mercado europeo sigue consolidando esa demanda que fluye por los ríos Caquetá y Putumayo. No es un tema menor, pues una relación con una economía del narcotráfico, en medio de la guerra, no tiene punto de mediación en la negociación política. Se requiere una decisión de gran calado, como podría ser un proceso de sustitución voluntaria en medio de la titulación y reconocimiento de derechos territoriales, tal y como se dio en 2008 en la Reserva Campesina del Ariari-Güejar-Cafre. De hecho, varios de los actores principales de esa gesta están aún en el territorio, con incidencia en el futuro de la región.
En la operación realizada por el Gobierno nacional en estos días para inutilizar algunos puntos de acceso en una vía -originalmente trazada bajo el bosque por las Farc, décadas atrás- que se abre paso hacía el río La Tunia, pasando por el resguardo indígena Yaguara, y que posteriormente se interna bajo el bosque, para ser reactivada al sur de la Tunia y entrar hacía el corazón de Chiribiquete. Aquí, debo señalar que la intervención pareciera querer dar una señal de alerta sobre la necesidad de evitar un conflicto mayor, pues evidentemente se abstuvo de intervenir en toda su magnitud el proyecto vial que hay en ese territorio, el cual es mucho mayor, y con implicaciones no solo en el tema ambiental, sino que pone en grave riesgo los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario que habitan Chiribiquete, y el patrimonio cultural que hay allí, no sólo en las pictografías, mundialmente famosas, sino en otros vestigios, como petroglifos de cachiveras, “terras pretas”,- o antrosoles- y restos arqueológicos de asentamientos precolombinos que varios excombatientes de la región conocen muy bien. Un proyecto vial, que viene desde el río Ariari, en la zona de Puerto Rico, pasa por la mitad del Parque La Macarena, luego sigue por el borde de Chiribiquete, entra en este luego de la Tunia, y continúa hacia el río Yari y Caguán, para conectarse con el Putumayo, es una obra que implica planeación estratégica, y una visión de poblamiento y desarrollo rural. Es hora de hablar sobre ello, en serio, pues está de por medio la transformación de cientos de miles de hectáreas de bosques protegidos, grupos indígenas, y patrimonio público cultural y ambiental, que se afectarán si se da la entrada del ganado sobre la enorme deforestación del 2024 en esta zona, que además, muestra reactivación desde esta época del año.
Esto, sin mencionar aún que toda la función de conectividad, y soporte a la regulación hidrológica, de impacto nacional, se pone aún más en riesgo, con la acelerada pérdida de selvas alrededor de los ejes viales que se están impulsando en esta zona. La posible “sabanización” de la Amazonia colombiana, que ya evidencia procesos de erosión severa, compactación de suelos, sedimentación de cuerpos de agua, desaparición de zonas de regeneración natural cada vez más amplios, ingreso de incendios bajo coberturas boscosas por pérdida de humedad superficial, en medio de olas de calor más fuertes, y periodos sin lluvia más largos, dan cuenta del riesgo que está creciendo de forma alarmante.
Ese proyecto de colonización de gran escala, no puede estar por encima del derecho colectivo de todos los colombianos a la seguridad climática, al acceso a la biodiversidad y a la conservación del patrimonio cultural; también, debe priorizar de manera urgente, los derechos de las poblaciones vulnerables, particularmente campesinas, respecto a sus derechos, para lo cual hay un importantísimo momento de acuerdo entre las carteras de Ambiente y Agricultura, para enfocar este esfuerzo de poner en marcha la estabilización de la frontera agropecuaria en la Amazonia. Lo anterior, implica decisiones en torno al modelo de uso del suelo, en donde definitivamente, la expansión ganadera debe revertirse en las áreas cuya restricción legal lo impide, y transformarse a un modelo regenerativo y silvopastoril, donde la zonificación lo propicia. Al observar los proyectos de agricultura intensiva en arroz, así como la mecanización de suelos, y potreros arbolados en el núcleo demostrativo en la zona de influencia de Calarcá, líder del grupo en la negociación, me queda claro que allí hay un camino en la discusión de modelos económicos de desarrollo regional. Pero también, al ver que a menos de 5 km, se encuentra la vía que accede a Chiribiquete, donde crecen los cocales y las vacas como si fuera rastrojo, me llega incertidumbre de cómo la paz con la naturaleza podrá ser el punto de encuentro con el país y el mundo.
La contundencia con que el presidente reaccionó a lo que viene sucediendo allí, va mucho más allá de un operativo puntual sobre objetivos simbólicos, y más bien abre la discusión en grande sobre tenencia de la tierra, el modelo de desarrollo regional y la conservación del patrimonio y servicios ambientales públicos. La actual tensión regional por las disputas entre grupos armados, y su implicación en la población que está en medio, debe ser considerada en la urgencia de llegar al territorio, con una mirada desde lo más alto del gobierno, para presentar una hoja de ruta, donde la paz con la naturaleza alrededor de Chiribiquete, cambie el tremendo escenario de conflictividades que está llevándose la esperanza de la gente.
