Escribir con dolor no es fácil. Y menos, cuando retumban las voces de quienes en los territorios están desesperados por la amenaza de grupos armados y de ser “reemplazados” por organizaciones de papel, maduradas como el aguacate.
Perder la autonomía, la posibilidad de gestionar, decidir, deliberar, rechazar o acordar, no es un mal menor. Para muchas organizaciones han sido décadas de trabajo, de esfuerzos, luchas, presiones, amenazas y pérdidas irreparables.
No es un mal menor que las agencias públicas no estén pudiendo entrar en territorios donde la gente está llamando a gritos la presencia del Estado. No es desdeñable que las ayudas humanitarias o los programas de atención en derechos básicos como la tierra, el desarrollo rural, el uso del bosque, el acceso y manejo de la biodiversidad, no estén pudiendo llegar por decisiones asociadas a la guerra de cada grupo armado, que se reivindica con acción política.
Las instituciones públicas hacen fila para saber cuándo y cómo se puede entrar a un territorio. Los diálogos de paz, con quien quiera que sea, pareciera que ahondan en las disputas y esfuerzos de cuanto grupo hay, por avanzar, pasar a la ofensiva en territorios y rentas ilícitas, mientras los ceses dan oportunidad para ello.
El palo no está para cucharas; cada grupo intentará meter sus expectativas en la agenda ambiental, pues está directamente asociada con la financiación y el control territorial. La formalización minera, la sustitución de cultivos de coca, la frontera agropecuaria, el mercado de tierras baldías, la deforestación, la expansión vial y ganadera, los bonos de carbono, la pesca, explotación de madera, fauna silvestre, tiene dolientes en cada grupo, y cada territorio, y obvio, a veces traslapado en sentido contrario o en “juntanza” con los actores sociales.
Los diálogos con ELN, EMC, Segunda Marquetalia, y seguramente otros más, irán poniendo la agenda ambiental compartida donde cada grupo ha tenido sus intereses y actuaciones especificas para cada caso. Mientras el país intenta reactivar su economía, los conflictos con economías ilícitas se van acentuando y es urgente ponerlas en una sola partitura, donde la visión de país aflore, sin depender de quien sea el interlocutor de Mesa. Pero esta discusión no debe poner en segundo plano la integridad de las organizaciones sociales. Comunidades campesinas, negras, indígenas, grupos de productores, empresariales, instituciones, están pendiendo de un hilo, y se requiere una señal de gran calado, que ponga el foco en ellos. No es posible avanzar en soluciones políticas, considerar la magnitud de este reto, y ojalá antes de que la violencia se ensañe con la población local, y se sigan sembrando odios y retaliaciones de nunca parar.
Las ministras de Agricultura y Ambiente han planteado enormes retos para implementar programas que son vitales para conciliar un desarrollo rural con criterios de sostenibilidad, y garantizar los servicios ambientales de los cuales depende el país. Las comunidades reclaman esa presencia institucional, la cual es cada vez más restringida en medio de esta confrontación cada vez más intensa e impredecible. Es un derecho de la población recibir la atención de la oferta pública, en áreas donde la constante ha sido su ausencia histórica. Ni hablar de las organizaciones civiles, que hasta las dedicadas a derechos humanos padecen el apetito voraz de los nuevos “comanches”. Así, se esfuma lo político, y queda el rebusque indiscriminado.
La comunidad internacional está presente, vigilante, y debe actuar en consecuencia, como lo ha hecho en otros escenarios cruciales para el país. Es necesario que haya mensajes explícitos frente a la situación que se está viviendo, y además, redoblar esfuerzos en acompañar las comunidades locales en su decisión de mantener su autonomía. La aplicación del DIH es un requerimiento perentorio, por más abogado que le busque el esguince interpretativo. La discusión política pasa por la inserción en el Estado social de derecho y no en mantener prácticas de constreñimiento poblacional violento.
Mientras esta bomba de tiempo avanza en los territorios de conflicto, en las ciudades, la discusión gira en torno a temas lejanos, distantes e inentendibles para quienes están en medio de la guerra. Los nombramientos, las resoluciones, las partidas, las movilizaciones, las conferencias, los choques, despidos, retaliaciones, son solo un espejismo del ejercicio de gobierno. Eso, no produce sino alejamiento, escepticismo, y peor aún, búsqueda de liderazgos en otros que no andan en la legalidad.
Permitir la reforma agraria y la política contra la deforestación y el manejo sostenible de los bosques, es un derecho de comunidades que históricamente han dado esa búsqueda por sus derechos básicos. Participar en la solución de estos conflictos es una oportunidad dentro de las agendas de diálogo en cada mesa instalada. El tiempo apremia y la guerra se sigue interponiendo en los esfuerzos de paz, con intereses mezquinos y de pequeña monta. El involucramiento de los grupos en diálogo, en su transición política, es una oportunidad única para sellar, de una vez por todas, los intereses de todos los actores en las regiones del conflicto. La gobernanza no podrá ser montada sobre un parapeto armado, endeble y lleno de rabia, sino en el reconocimiento de todos y del derecho a construir nuevas formas de gobierno, donde todos tengan una voz. Veremos…
