Ha pasado una semana donde la conversación sobre el proyecto de ley de Jurisdicción
Agraria, ha subido en detalle e intensidad. La ministra Carvajalino, en quien creo profundamente, ha desplegado un equipo para entablar conversaciones con distintos sectores, para hacer modificaciones de texto, aclaraciones, incluir nuevos elementos, en particular hacer explícitos los elementos de prevalencia ambiental para las zonas que así lo requieren, y fundamentalmente, acercando las concepciones y derecho agrario y ambiental que requiere este país, para alcanzar el desarrollo de condiciones que eviten entrar en círculos de violencia infinitas. Sacar adelante la Jurisdicción Agraria es un imperativo histórico, y más aún, con arreglo al ordenamiento ambiental de la nación, para lograr una visión de sostenibilidad social y ambiental, como lo plantea la Constitución.
Casi al final de la semana, leo una entrevista con Calarcá, miembro del EMB, quien habló con claridad meridiana sobre lo que ve de la negociación en curso y de su visión de desarrollo regional y conservación. Llama la atención la contundencia en la propuesta de transformación de la economía regional, en un modelo agroindustrial, con la creación de empresas comunitarias, instalación de infraestructura de procesamiento, y transformación de suelos de sabana en un complejo agroforestal de gran tamaño. Su apuesta de desarrollo, controvertible desde mi punto de vista, tiene una contundencia enorme en términos del tiempo, el volumen de recursos invertidos, las cadenas comerciales involucradas, la participación local y la escala de impacto.
Es un enorme reto, para el Estado, mostrar otras propuestas de desarrollo rural, donde haya menor riesgo de degradación de suelos en zonas de sabanas, alternativas a los proceso de encalamiento y fertilización donde sea estrictamente necesario, desarrollo de maquinaria de bajo impacto a la erosión y compactación, evaluación de impacto sobre sabanas y bosques de galería en la implementación de monocultivos, todos estos criterios que también deber seguir siendo evaluados en los planes de transformación en la Orinoquia, desde grupos económicos que están en el marco de la legalidad. Lo interesante de todo esto, es que desde un grupo armado se esté poniendo sobre la mesa un uso del suelo y una zonificación, lo cual debería ser una oportunidad de avanzar en aspectos críticos como modelos de ocupación territorial y desarrollo económico, que abre el reto de la dupla coca-ganadería como sistema de referencia territorial. Como hemos demostrado en numerosos estudios, ese modelo coca ganadería, es el motor más importante de la apropiación masiva de tierras públicas y de comunidades étnicas en la Amazonia, así como el de mayor impacto ambiental en el cambio irreversible de la cobertura forestal, de la cual depende la salud ambiental de todos los colombianos.
En lo referente a la ocupación, el reto que plantea Calarcá es mayor, pues habla directamente de continuar el ejercicio de repoblamiento armado que se ha dado en la Amazonia en los últimos años. Señala que van a “recoger” tierras de quienes han deforestado y apropiado indebidamente baldíos, para repartirlo en gente que lo necesita, de acuerdo a su visión de reforma agraria. Tremendo reto, cuando el Estado no ha recuperado una sola hectárea de tierra en baldíos indebidamente ocupados, a pesar de toda la información y trabajo de agencias y funcionarios que saben quiénes y dónde están los grandes acaparadores de tierra, con finca, potrero, saladeros y ordeñadero a borde de vía, “para mostrar que no estamos aculillados”. Un gran riesgo u omisión no aclarar qué pasa con las tierras que han sido ocupadas, o negociadas, indebidamente, por y con “garosos” y otros negocios, al interior de las áreas protegidas, ya sea en Chiribiquete, Tinigua, Macarena, y otras más, así como en la reserva forestal o los resguardos de Yaguará, sus vecinos, o Nukak, en manos de Losada. Retos para la Jurisdicción Agraria y normatividad ambiental, para discernir entre el sujeto de reforma agraria y el copamiento territorial.
Conoce perfectamente cada palmo de ese territorio, y sabe con detalle la georreferenciación de cada línea de ordenamiento, mejor que la mayoría de funcionarios públicos que se sientan en las Mesas de “ordenamiento” con él y su tropa, por lo cual, debería ser posible llegar a acuerdos claros y precisos, no solo sobre la escasa inversión pública, sino sobre la que ellos hacen y lo que les “corresponde” a las comunidades por sus lineamientos. Un hombre que sabe que a 15 kilómetros en línea recta de donde está, se encuentra la línea fronteriza de Chiribiquete y la Amazonia, sabe que allí también se instala un corredor cocalero que empantana cualquier intervención territorial potencial. Sabe dónde está entrando qué gente, y dónde la van a sacar. Sabe qué trocha se está haciendo, cuál se está usando y para qué. Eso significa tener en la cabeza el ordenamiento territorial de toda una región que se discute en una Mesa de Diálogos, que a veces no se compadece con la velocidad de transformación que el EMBF le está dando a su proyecto de implementación del Plan Estratégico de las Farc, más vigente que nunca en estos tiempos de debilidad institucional y amenaza de los mismos actores en mesa o fuera ella.
Calarcá, que nació en ese territorio y lleva muchos años en el monte, dice claramente algo que le duele al Estado, aceptar, reconocer, y más aún reaccionar: ellos están siendo el Estado, en sus palabras, “le estamos ayudando al Gobierno a ser Gobierno”. Es imposible pensar en que ese territorio salga de sus conflictividades si no se logra “reincorporar” al Estado en el territorio (pues ellos nunca han dejado de estar); es imposible, si no llegamos a un acuerdo sobre el uso del suelo, los derechos territoriales, la zonificación de usos y ocupación, pero igualmente, al papel de las comunidades en su gobernanza, en el modelo de desarrollo, en el sistema de justicia local, en el impacto de su tributación al Estado, en el futuro de la juventud después de los 14 años…
Todo lo que he señalado aquí, es lo que me inspira a seguir trabajando con la ministra Carvajalino y su equipo en mejorar el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria, y que esté a tono con las nuevas complejidades del conflicto colombiano y la implementación de planes estratégicos de grupos armados que hoy poseen el control y ejercicio del poder territorial en varias partes del país.
