Seminario virtual: Estrategias de defensa de los territorios indígenas Amazónicos ante los impactos generados por actividades mineras

noviembre 16, 2021

noviembre 17, 2021

Objetivo general: fortalecer las estrategias de defensa de los territorios indígenas amazónicos ante los impactos generados por actividades mineras.

Objetivos específicos:

Crear las condiciones para compartir y utilizar el conocimiento, las experiencias y los aprendizajes acumulados de los pueblos indígenas y sus aliados estratégicos en la defensa de la Amazonia, ante los impactos generados por actividades mineras.
Identificar instrumentos para el mejoramiento de la capacidad de respuesta de los pueblos indígenas frente a los desafíos que implica la protección ambiental y cultural de la Amazonia ante las actividades mineras.
Construir de forma participativa los lineamientos para el diseño e implementación de una red colaborativa entre los pueblos indígenas y sus aliados estratégicos para la identificación y atención de los impactos generados por las actividades mineras en la Amazonia.

Este evento está liderado por la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro que desarrolla un trabajo articulado, transfronterizo y multiactor orientado a investigar las formas de gestionar los impactos asociados a la explotación minera en el Bioma amazónico, y los efectos derivados de la contaminación por mercurio para aportar elementos claves que permitan la apropiación del tema por parte de gobiernos, institutos de investigación, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, y trazar una estrategia que mitigue esta problemática.

La Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro está integrada por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Gaia Amazonas, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Sociedad Zoológica de Frankfurt (Colombia y Perú), el Fondo Mundial para la Naturaleza (Brasil y Colombia), Wildlife Conservation Society (WCS), el Centro de Innovación Científica Amazónica CINCIA (Perú), y la Fundación Oswaldo Cruz, FIOCRUZ (Brasil).

Este seminario se llevó a cabo en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la colaboración regional para hacer frente a los impactos de la contaminación por mercurio en la Amazonia (Brasil, Colombia y Perú)”, iniciativa financiada por el Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonia (ASL), por su sigla en inglés, y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), por su sigla en inglés.

Memorias

Día 1. El territorio, el oro y las actividades mineras desde los pueblos indígenas amazónicos.

Panel 1: Estado general de la minería en contextos amazónicos.

9:20 am. Tina Oliveira Miranda^[1]. Coordinadora del Programa Monitoreo Socioambiental de Wataniba en Venezuela.

Análisis de la minería a nivel bioma: Atlas 2020 de la RAISG.

En su presentación Tina empieza por hacer un acercamiento general a las dinámicas de la minería legal a lo largo del bioma amazónico (según el límite RAISG). Detalla datos claves de minería legal sobre Áreas Naturales Protegidas (ANP), Territorios indígenas (TI) y las tendencias de la minería legal. Luego, Tina introduce la problemática de la minería ilegal en el área y su presencia en ANP, TI y termina por mencionar la problemática de los impactos de la contaminación por mercurio.

^[1] Licenciada y doctora en Ciencias biológicas de la USB. Coordinadora del Programa de Monitoreo Ambiental en la organización Wataniba. Desde hace más de 20 años trabaja en temas relacionados con la conservación y en la gestión territorial, con énfasis en la importancia de las áreas naturales protegidas en ese proceso. En los últimos años ha estado enfocada en el análisis de la condición de los ecosistemas a nivel nacional y continental, siendo autora de la lista roja de los ambientes terrestres de Venezuela, publicada en el libro del mismo nombre, además de la evaluación y seguimiento a las presiones y amenazas que existen sobre la Panamazonia y la Amazonia venezolana. Cuenta con más de 25 publicaciones y más de 40 presentaciones en congresos. También participa en diferentes redes nacionales e internacionales.

Presentación.

Cifras

En el 17% (1.440.476 km2) de la Amazonia se practica la minería legal en alguna de sus fases de actividad.
La actividad minera legal aumentó 10% en número de zonas (2012 – 2020), Bolivia, Venezuela y Ecuador muestran los aumentos más notables.
10% de los TI y 17,4% de las ANP de la Amazonia están presionadas o amenazadas por la minería ilegal.

Retos

Las metodologías de obtención de información del monitoreo y del impacto de la minería entre países deberían ser
El levantamiento de información de minería ilegal tendría que ser sistemático regionalmente (Amazonia).
La minería fluvial y minería por debajo de la copa de los árboles, actualmente es difícil de mapear, es importante desarrollar metodologías adecuadas.

9:40 am. Víctor Manuel Moreno Rengifo^[1]. Coordinador técnico proyecto “Fortalecimiento de la colaboración regional para hacer frente a los impactos de la contaminación por mercurio en la Amazonia (Brasil, Colombia y Perú)”, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Colombia.

Fortalecimiento de la colaboración regional para hacer frente a los impactos de la contaminación por mercurio en la Amazonia (Brasil, Colombia y Perú).

^[1] Ingeniero Ambiental de la Universidad Central del Valle del Cauca, Especialista en Gerencia para el Manejo de los Recursos Naturales y Prevención de Desastres de la Universidad Sergio Arboleda; cuenta con 15 años de experiencia en la línea de Autoridad Ambiental y Evaluación de Impactos Ambientales en Parques Nacionales Naturales. Es autor de la “Estrategia para la prevención, control y manejo de las actividades mineras de la Dirección Territorial Amazonia” y “aprendizajes de la Dirección Territorial Amazonia sobre las afectaciones por mercurio en el ambiente y la salud humana en la Amazonia Colombiana”. Es coautor de la “Estrategia para el conocimiento y atención integral de los impactos generados por la minería en el departamento del Amazonas” y del “Plan de Acción Sectorial Ambiental del Mercurio de Colombia.

Presentación.

Cifras clave:

En el caso de Colombia, se consolidó la información de 8 estudios donde se colectaron muestras de peces para análisis de los contenidos de mercurio, con un tamaño de la muestra de 951 individuos, y 7 investigaciones para muestreos en cabello de personas, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas, con un total de 1.036. Se evidenció una problemática en salud pública por los altos índices de contaminación.
En la consolidación de información secundaria regional, se reportaron 176 operativos para controlar las actividades de minería ilegal, así: 17 en Brasil, 125 en Colombia y 34 en Perú, en un periodo analizado del 2014 – 2021.
El polígono propuesto de la Unidad de Análisis Subregional cuenta con un área total de 12.267.600 ha, de las cuales 4.033.662 ha (32,9%) se encuentran en territorio brasilero; 5.459.748 ha (44,5%) están en territorio colombiano, y 2.774.189 ha (22, 6%) se ubican en territorio peruano. Además, existen actualmente 81 territorios indígenas (TI) y 5 Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Retos de la gestión

Implementar el Convenio de Minamata en un contexto amazónico, con las particularidades transfronterizas, interculturales y con el reto que implica tener cuencas compartidas.
Estructurar un plan transfronterizo que permita abordar la problemática de los impactos ambientales, sociales, culturales y económicos de la minería en territorios indígenas y en áreas protegidas, que fortalezca las capacidades institucionales y de los actores sociales, que facilite el intercambio de información para analizar los efectos de la extracción del oro de aluvión y la contaminación por mercurio.
Implementar la herramienta de la Calculadora de impactos de la minería de oro en las cuencas binacionales Cotuhé (Colombia y Perú) y en el río Puré (Brasil y Colombia).
Realizar un muestreo institucional en campo, sobre las afectaciones de la minería ilegal y la contaminación por mercurio en la cuenca Cotuhé (Colombia y Perú).

Panel 2: Intercambio de experiencias de protección del territorio

10:15 am. Chela Román Miraña^[1]. Enlace de la Secretaría de Mujeres Consejo Indígena del Resguardo Yaigojé Apaporis, Colombia y Gerardo Macuna^[2]. Representante legal Consejo Indígena del Resguardo Yaigojé Apaporis, Colombia.

^[1] Enlace de la Secretaría de Mujeres, Consejo Indígena del Resguardo Yaigojé Apaporis, Colombia.

^[2] Representante legal Consejo Indígena del Resguardo Yaigojé Apaporis, Colombia.

Impacto de la minería en los pueblos indígenas y en las mujeres indígenas.

Reflexiones

Hay una relación entre cuerpo y territorio. Contaminar el territorio es contaminar el cuerpo y viceversa.
Extraer el oro de territorios amazónicos rompe el equilibrio de la vida. Genera enfermedad.
Es necesario y se debe hacer un fuerte llamado a fortalecer los procesos organizativos de los pueblos indígenas para atender la minería ilegal que los afecta en sus territorios.
La minería genera afectaciones a los pueblos indígenas, con especial énfasis en las mujeres indígenas, los adultos mayores y los sabedores tradicionales. Todo en su conjunto pone en riesgo la pervivencia cultural de los pueblos.
Llamado a la juventud a buscar alternativas que mantengan viva la cultura y conocimiento tradicional.
Llamado importante a fortalecer planes de vida.

Día 2. Las políticas mineras, la protección ambiental y los derechos territoriales indígenas en la Amazonía

Panel 1: Intercambio de experiencias de protección del territorio.

9:20 am. Elio Miraña^[1]. Líder indígena. Se desempeñó como Secretario General de la AATI^[2] PANI^[3] entre 2014 y 2015, Colombia.

Muestreos de mercurio en la Amazonía colombiana.

Elio Miraña inicia su charla mencionando los antecedentes del proceso adelantado en el territorio de los pueblos indígenas Bora y Miraña y el contexto de la dinámica de la minería presente en la región. En el año 2000 se presenta un auge de las actividades mineras, con participación de personas extrañas al territorio, que hacían parte de otras regiones e incluso mineros extranjeros, provenientes del Brasil. Resalta que gracias al proceso de fortalecimiento organizativo de los pueblos indígenas, se logró controlar y forzar que las actividades mineras salieran del territorio.

En el año 2010 se firma el Régimen Especial de Manejo (REM^[4]), entre la organización PANI y Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), donde se acuerda entre las dos autoridades el cuido y la protección del territorio, este año coincide con la segunda oleada de la minería ilegal para la extracción de oro en el río Caquetá, situación que generó dificultades entre las organizaciones indígenas vecinas y con la institución PNN, debido a que algunos líderes permitieron la realización de la minería en sus comunidades y esto conllevo a confrontaciones internas y a la pérdida de la confianza, debido a los intereses económicos.

Entre el 2011 y hasta finales del 2013, se presentan muchas tensiones en el territorio como consecuencia de la presencia de la minería y del debilitamiento organizativo, generando una división entre líderes indígenas que apoyaban la realización de la actividad y quienes su prioridad era la protección del territorio y de la gente.

En el mes de noviembre de 2014, luego de varios espacios de reuniones internas entre la organización indígena y las instituciones, se logra la realización de un estudio sobre los impactos generados por la minería ilegal en el territorio de la Asociación PANI y el Parque Nacional Natural Cahuinarí, con el acompañamiento del Ministerio del Interior como garante de los derechos de los pueblos.

^[1] Líder indígena y fue Secretario General de la AATI PANI entre 2014 y 2015, Colombia.

^[2] Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas.

^[3] Asociación de autoridades indígenas del pueblo Miraña y Bora del medio Amazonas, Colombia.

^[4] Es el instrumento jurídico y técnico para el manejo y la coordinación de la función pública de la conservación del área traslapada, mediante normas y procedimientos que, articulados entre sí permiten la planeación, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de acciones para el desarrollo del Plan de Vida del PANI y el cumplimiento de los objetivos misionales del Parque Nacional Natural Cahuinarí.

Presentación.

Reflexiones

La coordinación entre la organización indígena PANI y las instituciones del Estado, para atender la problemática de las afectaciones de la minería fue posible.
Las actividades de minería ilegal en los territorios indígenas, pueden generar problemas de gobernabilidad y de división entre los líderes, y sus distintas formas de ver la problemática.
La comprensión de los impactos que genera la minería y el uso de mercurio en las comunidades, fue uno de los pasos principales para lograr el desarrollo de los estudios en el territorio, todo este proceso fue mediado por diálogos interculturales, que fueron sustentados a través del conocimiento técnico, todo previo a la toma de muestras bajo el liderazgo de las instituciones y la academia.
Como resultado del estudio realizado en la organización PANI, en colaboración con las autoridades indígenas, PNN y el Ministerio del Interior, se definió una ruta de intervención para abordar los altos contenidos de mercurio encontrados en peces y personas. Los intercambios de experiencias entre los pueblos indígenas son espacios fundamentales que pueden contribuir a definir acciones concretas para abordar las afectaciones en sus territorios.

9:40 am Gerardo Macuna. Representante legal Consejo Indígena del Resguardo Yaigojé Apaporis, Colombia.

Tutela por impactos de la minería de oro en el Macroterritorio de la Gente de Afinidad de Yuruparí.

Gerardo expone el caso de la tutela interpuesta por la Asociación de Capitanes Indígenas del Mirití, Amazonas (Acima), la Asociación de Capitanes Indígenas de Yaigojé Bajo Apaporis (Aciya), la Asociación de Comunidades Indígenas de Yaigojé Apaporis, Vaupés (Acivaya), la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná (Acaipi) y la Asociación de Autoridades Indígenas de la Zona del Río Tique (Aatizot), que busca la protección del territorio, la salud, la vida, a la subsistencia, la autodeterminación, la integridad étnica, cultural y social, la seguridad alimentaria, la seguridad personal y colectiva, y el ambiente sano de los 30 pueblos indígenas del gran macroterritorio del Yuruparí ubicado entre las cuencas de los ríos Vaupés y Caquetá, en el noroeste amazónico.

La tutela además de llamar la atención de la Corte sobre la precariedad del sistema de salud de las comunidades en mención, identificada durante la pandemia por COVID 19, solicita el apoyo y protección de la Corte para frenar la contaminación de ríos amazónicos por la minería ilegal.

Reflexiones

La tutela se impone por la situación de violación de la ley de origen de los pueblos indígenas, la situación de enfermedad actual no atendida, la conflictividad social, el deterioro a los sistemas alimentarios y el mayor impacto en mujeres, niños y mayores.
Los principales retos para las comunidades indígenas que interpusieron la tutela son: el diseño y puesta en marcha de planes integrales, la implementación de las políticas públicas y generación de información de línea base sobre el estado de la situación de contaminación y de salud.
Actualmente la tutela está siendo revisada por la Corte Constitucional de Colombia, en el marco de lo cual se ordenó iniciar un diálogo intercultural que apoye las decisiones judiciales. Se espera el fallo para el año 2022.

10:00 am. Liz Chicaje^[1]. Lideresa indígena de la Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu (FECONA), Perú.

Constitución del PNN Yaguas en Perú

En su presentación Liz empieza por introducir la problemática de la extracción desenfrenada de los recursos en su territorio (Madera y peces) por parte de diferentes integrantes. Luego, Liz nos explica cuáles fueron las medidas y los caminos jurídicos que tomó como lideresa para sancionar a los actores que estaban depredando los bosques de la cuenca. También, Liz habla en su presentación del arduo trabajo que fue la constitución del PN Yaguas de la mano del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). En el cual, más adelante iba a enfrentar la problemática de la minería ilegal de la mano del Instituto del Bien Común (IBC), la Sociedad Zoológica de Frankfurt (SZF) Perú, el SERNANP y la Marina.

^[1] Premio Internacional en Derechos Humanos entregado por los gobiernos de Francia y Alemania y el premio Goldman 2021. Nacida en la Comunidad Nativa de Boras de Pucaurquillo, pertenece al pueblo Bora y su familia desciende del clan de la Newat que significa gavilán. Liz desde muy joven ha demostrado su liderazgo, como madre de 5 hijos, del 2012 – 2014 ha sido tesorera del Comité de Vaso de Leche, importante organización que vela por la nutrición de los niños de su comunidad. Innovadora y siempre a la vanguardia de la economía sostenible lidera junto a otras mujeres indígenas una asociación de artesanas, quienes con sus poderosas manos transforman la fibra natural de la chambira en bellas jicras, hamacas, a partir de semillas del bosque confeccionan collares y demás accesorios. Poseedora del gran conocimiento de la culinaria indígena, conforma la asociación de productoras de la yuca veneno, insumo para la preparación del casabe (pan indígena) y ají negro (salsa indígena); estos dos derivados de la yuca veneno se presentan en la carta de prestigiosos restaurantes de la capital peruana.

Es miembro activo del Comité de Gestión del Área de Conservación Regional Ampiyacu Apayacu – ACR AA, lidera, junto al Gobierno Regional de Loreto y el presidente del Comité Gestión del ACR AA, una de las primeras iniciativas de cogestión y gobernanza de grandes paisajes en Loreto, que incluye exitosas experiencias de manejo con fines comerciales del recurso forestal y de fauna silvestre, el ordenamiento de las pesquerías y la consolidación de la vigilancia comunal indígena.

A sus 34 años de edad fue la presidenta de una de las federaciones más antiguas y organizadas de la Amazonía peruana, la Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu – FECONA. Fue persona fundamental en la Declaración del Parque Nacional Yaguas en enero de este año y actualmente es parte de la comisión Ad-HOC para la elaboración del Plan Maestro de Yaguas.

Recomendaciones

Panel 2: Análisis de las políticas mineras en Perú, Brasil y Colombia.

10:20 – 10:35 am. Decio Horita Yokota^[1]. Coordinador de Gestión de la Información Instituto IEPÉ, Brasil.

Política minera en Brasil

En su presentación, Decio hace un acercamiento general a la minería legal y a la normativa que compete al aprovechamiento minero dentro de los territorios indígenas en Brasil. Luego, Decio concluye su presentación con datos correspondientes a la tendencia de la minería legal e ilegal dentro de territorios indígenas para el periodo 1985 – 2020.

^[1] Coordinador de Gestión de la Información del Instituto de Pesquisa e Formação Indígena Iepé. Economista de formación. Después de 10 años trabajando en el área de la tecnología de la información, se dedicó a la agroecología, especialmente a la agroforestería, con comunidades agrícolas tradicionales en el Cerrado de Goiás y el Vale do Ribeira en São Paulo. Desde 2007 trabaja con indígenas y otras comunidades del interior de Amapá y el norte de Pará a través de Iepé.

Cifras

El sector minero contribuye al 5% del PIB nacional brasileño (2020).
En el periodo de 1985 – 2020 la minería ilegal aumentó 10 veces con respecto a su área original (1985), mientras que la legal aumentó 4,7 veces.
Los tres territorios indígenas más impactados por la minería ilegal son: Kayapó (7602 ha), Munduruku (1592 ha) y Yanomami (414 ha).

Presentación.

10:35 – 10:50 am. Jean Pierre Araujo^[1]. Director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Perú.

En su presentación Jean Pierre expone las políticas impulsadas para la formalización de la pequeña minería o minería artesanal y el combate contra la minería ilegal. Luego, Jean Pierre hace énfasis en la implementación del convenio de Minamata en Perú, a partir de ejemplos de avances. Por último, concluye su presentación con alternativas de solución a la problemática mediante propuestas para seis líneas diferentes.

^[1] Abogado, con maestría en ciencia política y gobierno ante la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, con especialización en derecho ambiental y de los recursos naturales; prevención, gestión y resolución de conflictos y gobernabilidad y gerencia política. Cuenta con más de 15 años de experiencia en temas legales relacionados a la gestión ambiental, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, gobernanza y justicia ambiental.Actualmente dirige la Iniciativa de Justicia Ambiental de la SPDA, con cuyo equipo de trabajo diseña e implementa estrategias e intervenciones destinadas a prevenir y enfrentar los ilícitos ambientales, bajo una perspectiva de fortalecimiento de la gobernanza y la regulación, investigación, litigio estratégico, y asesoramiento. A lo largo de su carrera profesional, ha participado activamente en el desarrollo e implementación de políticas públicas con impacto en los recursos forestales y de fauna silvestre, principalmente gracias al trabajo desarrollado en el ex Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (2004 – 2010) y desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2010 – Actualidad).

Cifras

Según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) existen actualmente 1.607 mineros formalizados, de los cuales 145 están en Madre de Dios, 14 en San Martin y 10 en Loreto.
Al 2018 el Ministerio Público reportó la realización de 59 acciones de interdicción, 100 investigaciones preliminares por el delito de minería ilegal, de los cuales 9 procesos ya se han concluido.

Retos

10:50 – 11:05 am. Ernesto Ráez Luna^[1]. Director ejecutivo, Instituto del Bien Común (IBC), Perú.

Respuestas a la problemática-recomendaciones:

En su presentación Ernesto abarca tres puntos principales, el primero es la importancia y el impacto de la minería en el Perú. En este empieza por dar un contexto desde la época colonial hasta la actualidad sobre la actividad minera en Perú y hace énfasis en la proliferación de la minería informal debido a los altos precios del oro. También, explica la situación actual de las normativas de formalización minera y sus falencias. En segundo lugar, aborda el efecto de la minería sobre las tierras indígenas, donde indaga sobre los canales de aplicación de la ley para estos pueblos y las divisiones que la minería genera entre sus poblaciones. Por último, plantea respuestas a una situación desalentadora.

^[1] Director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC). Es ecólogo e investigador interdisciplinario con amplia experiencia en gestión institucional y educación en conservación, medio ambiente y desarrollo. Asesoró a varias entidades privadas y públicas, incluyendo el Ministerio del Ambiente. Fue Director de Ciencia y Desarrollo en el Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y docente fundador de la Escuela Profesional de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad A. Ruiz de Montoya. Recibió el Premio a la Conservación de la Naturaleza otorgado por The Whitley Fund for Nature y WWF. Es biólogo graduado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Florida.

Cifras

Retos

11:05 – 11:20 am. Sergio Vásquez^[1]. Asesor de incidencia y comunicaciones estratégicas.Fundación Gaia Amazonas, Colombia.

Contexto

Política minera Colombiana y como se refleja en la amazonia colombiana.

El monitoreo de la Amazonia colombiana es complejo por la extensión de esta región y las dificultades de acceso.

Es importante resaltar que la cuantificación de valores de exportación incide, porque no hay como separar los volúmenes de exportación que provienen de minería legal y los volúmenes que son lavados de la minería ilegal en la región amazónica colombiana.

^[1] Abogado y magister en derecho internacional de la Universidad de los Andes. Ha trabajado como investigador y profesor de derecho internacional en la misma universidad, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en la Universidad Sergio Arboleda. Es miembro de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. También tiene experiencia en fusiones y adquisiciones de compañías. Actualmente es asesor de incidencia y comunicaciones estratégicas de la Fundación Gaia Amazonas, en donde desarrolla campañas y herramientas para la incidencia política. En particular, trabaja asuntos de minería, litigio estratégico, empresas y derechos humanos.

Cifras

28% de la Amazonia colombiana se encuentra bajo algún grado de amenaza por presiones sectoriales (minería, vías e hidrocarburos), lo que representa un reto para su conservación.
La intención de explotación minera en la Amazonia colombiana (minería legal e ilegal) representa un traslape con resguardos indígenas de al menos el 72% de su territorio, este porcentaje está mediado por un subregistro de actividades ilegales que no han sido reportadas o que no se han podido cuantificar.
El incremento en la ampliación de actividades de minería de al menos el 56% en los últimos 10 años, incluyendo solicitudes, intereses y áreas afectadas por minería ilegal.
Colombia es el 4 exportador de oro a nivel de suramérica, con el 9.22%, antecedido por Perú, Brasil y Argentina. Esto sin contar con los volúmenes de oro que ilegalmente son exportados o que son lavados en las transacciones.
América latina aporta el 4% de oro al mercado global, esto debe compararse en términos de lo que una actividad con bajo aporte a mercados globales, impacta en la región en términos de áreas de alta importancia ambiental y social.

Retos

Existen 7 medidas de impulso a la minería en la Amazonia colombiana que deben ser analizadas en detalle y que facilitan el avance de la actividad:
- Delimitación y adjudicación de extensas áreas de territorio para el desarrollo de actividades mineras (áreas estratégicas mineras). Promueve la explotación a gran escala. Esta iniciativa está tutelada y está frenada, teniendo en cuenta la necesidad de hacer consulta previa con comunidades indígenas, mediante la Sentencia T-766 de 2015.
- Creación y promoción de municipios en áreas no municipalizadas: simultáneamente se promueve la creación de las entidades territoriales indígenas, y otros que promueven los municipios, buscando que las autoridades municipales intervengan en la consolidación de títulos mineros.
- Ley de coordinación y concurrencia: el Gobierno Nacional adjudica los títulos mineros previo cumplimiento del procedimiento; sin embargo, los municipios son los que definen el uso del suelo a través de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, lo que puede generar contraposición en las decisiones. Esto debe analizarse en el marco de las particularidades de la Amazonia colombiana.
- Estudio, señalamiento y delimitación de zonas mineras indígenas: concordancia de actividades ilegales y solicitudes de títulos en áreas aledañas a las zonas mineras indígenas, agravando los impactos y presiones hacía las áreas indígenas, fomentando la consolidación de economías ilegales.
- Adopción de instrumentos de promoción y comercio internacional e inversiones extranjeras: se atrae inversión extranjera hacia el sector extractivo con fuerte énfasis en la extracción de oro y esto implica solicitudes en cambios de procedimientos y normativas, adicional a esto en el marco de la pandemia ha evidenciado un fuerte incremento en las solicitudes de explotación minera.