Por: FCDS
En el marco de la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro, investigadores, abogados, funcionarios públicos de Colombia, Brasil y Perú y organizaciones de la sociedad civil se reunieron en Leticia para dar a conocer las acciones que han implementado contra la minería ilegal. Se comprometieron a compartir información y definir una ruta de coordinación transfronteriza.
La Amazonia viene experimentando un boom minero debido al incremento constante de los precios del oro. Esto se ve reflejado en el número de zonas en las que se extrae o se tiene contemplado extraer el oro. De hecho, según La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) y una recopilación de información de la FCDS, se encontró que, en la Amazonia brasileña 51 áreas naturales protegidas y 29 territorios indígenas se ven o se han visto afectados por la minería ilegal; 6 áreas naturales protegidas y 16 territorios indígenas con la misma problemática en la Amazonia colombiana y, por último, 13 áreas naturales protegidas y 686 territorios indígenas afectados en la Amazonia peruana.
Para abordar esta situación, desde La Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro integrada por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Gaia Amazonas, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Sociedad Zoológica de Frankfurt (Colombia y Perú), el Fondo Mundial para la Naturaleza (Brasil y Colombia), Wildlife Conservation Society (WCS), el Centro de Innovación Científica Amazónica CINCIA (Perú), Instituto Sinchi (Colombia), y la Fundación Oswaldo Cruz, FIOCRUZ (Brasil), se han adelantado acciones estratégicas para aumentar la comprensión de la problemática de la minería a nivel regional y con un contexto de cuenca hidrográfica, acordando entre las organizaciones la formalización de la Alianza este año.
Entre ellas llevaron a cabo el proyecto “Fortalecimiento de la colaboración regional para hacer frente a los impactos de la contaminación por mercurio en la Amazonia de Brasil, Colombia y Perú, financiado por el Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonia (ASL), por su sigla en inglés, y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), por su sigla en inglés.
Entre sus primeros trabajos en conjunto estuvo la creación del documento ‘Situación actual de la minería y la contaminación por mercurio en una subregión amazónica de Brasil, Colombia y Perú’, un texto que presenta una revisión de la literatura y documentación existente sobre la contaminación por mercurio en los países del Programa ASL.
Este ejercicio permitió estructurar una base datos de información sobre minería de oro y uso de mercurio en la que se pueden encontrar estudios especializados, normas, instrumentos de política, iniciativas multinivel en contra de la minería ilegal y de la contaminación por mercurio. Con el ánimo de tener una mayor comprensión de la problemática, se definieron dos unidades de análisis geográficas: Regional y Subregional, de esta última unidad con los datos obtenidos se definió un polígono impactado por la minería de oro en la única zona que comparten frontera en la Amazonia de Colombia, Brasil y Perú. Se trata de un área total de 12.267.600 hectáreas (ha), de las cuales 4.033.662 ha (32,9%) se encuentran en territorio brasilero; 5.459.748 ha (44,5%) están en territorio colombiano, y 2.774.189 ha (22, 6%) se ubican en territorio peruano.
Convenio de Minamata, ¿en qué va?
Adicionalmente, una vez condensada esta información, se desarrollaron tres seminarios virtuales entre agosto y noviembre de 2021 y un encuentro regional Amazónico en Leticia (Colombia) el pasado 7 al 9 de diciembre. En estos espacios se reunieron investigadores, abogados y funcionarios públicos del Ministerio de Ambiente de Perú y Colombia, de la Fiscalía de Perú y Colombia, de Parques Nacionales de Perú y Colombia; y de entidades regionales como secretarías de Salud y Planeación. Cada uno, desde sus experticias, expuso el panorama regional de los impactos generados por el mercurio en el ambiente y salud humana en la cuenca amazónica; se dieron a conocer las soluciones y lecciones aprendidas, y se planteó una ruta de trabajo conjunta entre países.
“El encuentro y los tres seminarios tenían el objetivo de intercambiar experiencias con el fin de entender a mayor profundidad los impactos de la contaminación por mercurio. También logramos especificar algunos puntos importantes en donde se está haciendo minería ilegal en Perú, Colombia y Brasil, afectaciones que comparten como países vecinos, esto con el fin de tener una línea de acción unificada para la protección de la salud de campesinos e indígenas, y de los ecosistemas, en especial, los protegidos como Parques Nacionales y resguardos indígenas. Estos puntos serán priorizados en la ruta panamazónica que estaremos construyendo con las organizaciones de la Alianza este año”, explicó Víctor Moreno, ingeniero ambiental y experto en impactos de la minería de oro de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
Uno de estos seminarios, ‘Los impactos del mercurio en el ambiente y la salud’, se desarrolló en tres bloques temáticos. Los dos primeros incluyeron presentaciones individuales de representantes gubernamentales de los tres países y un panel de experiencias de la academia e instituciones de investigación en los que se discutieron los compromisos enmarcados en el Convenio de Minamata, desde las experiencias de los Ministerios de Ambiente (Perú y Colombia).
Así mismo, para nutrir de elementos la discusión, se desarrolló un panel con la participación de los Sistemas de Áreas Protegidas, gobiernos regionales e institutos de investigación, para conocer sobre los avances en la identificación de la problemática en áreas protegidas y las gestiones adelantadas al respecto. Pues, según los datos condensados en el documento ‘Situación actual de la minería y la contaminación por mercurio en una subregión amazónica de Brasil, Colombia y Perú’, de las áreas protegidas en Colombia analizadas en el marco del proyecto, en el 27 % se registró el desarrollo de minería ilegal; en Brasil el 13% y en Perú el 26%.
En un segundo bloque temático, se presentó el contexto de las afectaciones en la salud humana generadas por las actividades mineras y el uso del mercurio en Brasil, Colombia y Perú desde el trabajo adelantado por el sector salud, y el proceso para la implementación de Minamata. Además, con la participación de institutos de investigación y la academia, se expuso un panorama general sobre el problema de salud pública, que viene en aumento en la Amazonia, afectando áreas de gran importancia ambiental y a las comunidades indígenas y no indígenas presentes en zonas donde se realizan actividades de minería sin ningún control o las medidas técnicas necesarias para reducir los impactos.
Conozca los seminarios
Calculadora de los impactos de la Minería ilegal de Oro en Brasil
Seminario virtual Impactos del mercurio en el ambiente y la salud humana
La ruta panamazónica
Una vez se identificaron los vacíos de información, las acciones para reducir las afectaciones de la minería y las oportunidades al unir esfuerzos entre instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, se realizó el primer Encuentro Regional Amazónico con el fin de definir una ruta de coordinación transfronteriza.
En este encuentro, en el que también participaron diferentes expertos, se discutió cómo avanza la contaminación por mercurio en el ámbito penal regional. Félix Castro Valderrama, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Loreto - sede Nauta, Perú, uno de los invitados al encuentro, habló sobre la problemática en la investigación del delito de minería ilegal y delitos conexos. “El marco legal punible en el Perú establece determinadas actividades mineras, sin embargo, no contempla otros procesos dentro de la actividad. Así ejemplifica: “cualquiera puede comercializar oro dentro y fuera del país, pero lo único que pide es acreditar la procedencia del mineral. Realmente, nadie que obtenga una joya va a pedir una certificación de la procedencia de dicho mineral”.
Por el lado de Colombia, Jairo Porras Briceño, fiscal delegado ante jueces especializados 01, Dirección Especializada Contra La Violación a Los Derechos Humanos de la Fiscalía General de La Nación, aseguró: “Para el 2018 en Colombia se exportaron 72 toneladas de oro, solo el 17% eran legales, el resto eran ilegales”. Además, relató que en un operativo realizado en el 2016 sobre la cuenca del río Caquetá en Puerto Santander Amazonas, un nodo de explotación de yacimiento minero, se documentaron un número considerable de embarcaciones extractoras de oro, que en su momento se lograron expulsar.
Un momento importante de este encuentro fue el trabajo en equipo entre todos los asistentes, quienes eligieron la ruta panamazónica para direccionar todas las acciones de organizaciones y gobierno en las áreas más afectadas por la minería. De acuerdo con Moreno, dentro de la cartografía de los sitios priorizados en el documento ‘Situación actual de la minería y la contaminación por mercurio en una subregión amazónica de Brasil, Colombia y Perú’, y que se presentó en el Encuentro Regional, se acordaron los siguientes puntos para trazar las rutas transfronteriza:
- El río Cotuhé, que nace en el Parque Nacional Yaguas en Perú y escurre sus aguas bordeando el límite Noroccidental del Parque Nacional Natural Amacayacu en Colombia.
- El río Puré, que nace en el Parque Nacional Natural Río Puré, va drenando hacía Brasil y entra al río Caquetá (Yapurá).
- En el departamento del Guainía en la frontera entre Brasil, Colombia y Venezuela.
En estos puntos se va a caracterizar la problemática en términos ambientales, sociales y de salud. También se va a trabajar en la aplicación de la ley, con un trabajo articulado que se va a generar entre las Fiscalías de Perú y Colombia, con proyección de vincular al Ministerio Público Federal y los fiscales de Brasil.
“Por primera vez tenemos un ejercicio trinacional ubicado en un paisaje compartido con una problemática en común. Por ejemplo, en la cuenca binacional del río Puré tenemos un caso de afectación por minería y mercurio con poblaciones indígenas vulnerables que ya tienen indicios de contaminación severa, en donde tenemos clara la operación de una minería a gran escala que se mueve por estos tres países y en donde hay un acuerdo entre fiscalías, cancillerías y sistemas de áreas protegidas para focalizar las acciones. Este proceso necesitará de la sostenibilidad política y se logra en el momento en que podamos poner esta agenda en el marco de los acuerdos binacionales como por ejemplo el Pacto de Leticia”, puntualizó Rodrigo Botero, director de la FCDS.
(Ver Encuentro Regional Amazónico aquí)
