La FCDS realizó un análisis exhaustivo de los instrumentos de Planeación y Ordenamiento intersectorial -y su apropiación por parte de los actores locales – en seis municipios en Guaviare, Caquetá y Meta con el objetivo de hacer recomendaciones técnicas susceptibles de incidir en la preparación de la Estrategia Nacional REDD+. (ENREDD+).
Este proyecto terminó en diciembre de 2015.
Los municipios estudiados fueron El Retorno y Calamar (Guaviare) La Macarena (Meta), San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá (Caquetá) cuyas áreas suman más de ocho millones de hectáreas. Esta región conforma, junto al Putumayo la zona de la Amazonia Colombiana con mayores procesos de deforestación y degradación de los bosques, una pérdida progresiva del potencial hídrico, el detrimento de la biodiversidad, la pérdida de fertilidad de los suelos y el aumento de la inseguridad alimentaria.
Por medio del estudio de las distintas formas de planeación y ordenamiento del territorio, de una investigación en campo con base en entrevistas, grupos focales, entrevistas y análisis espacial intersectorial, la FCDS presenta un diagnóstico de los factores que contribuyen a la deforestación y degradación de los bosques y unas recomendaciones para superarlas. La Fundación analizó ó varias de las mayores presiones territoriales como la expansión no planificada de la red vial y las iniciativas de extracción de recursos naturales (como hidrocarburos y agroindustria). Adicionalmente, estudió cómo las comunidades campesinas, pero también las autoridades públicas se relacionan con las distintas figuras de ordenamiento y cómo la guerrilla de las FARC ha ejercido el rol de autoridad ambiental en varios aspectos.
En la coyuntura de diálogos de paz, la FCDS encontró que esta región es escenario de procesos de reconfiguración territorial alimentada, entre otras, por la violencia, pero también por otros fenómenos como la compra masiva de tierras y la expansión de la ganadería.
Entre otras, la FCDS identifica como estrategias prioritarias la articulación entre autoridades municipales para cerrar la frontera agrícola de la región, además del fortalecimiento de las autoridades ambientales.
Este proyecto fue apoyado por la GIZ.
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