El control, acceso, transformación y comercialización de minerales críticos es, probablemente, uno de los temas que más ha movido la geopolítica del continente americano en los últimos años.
La ventaja estratégica de China en el procesamiento de ‘tierras raras’, que nos recordaba recientemente el embajador chino en Colombia, sumada a su importante avance en proyectos de infraestructura en todo el continente, parecieran haber jugado un papel clave en la política de Estados Unidos donde ha priorizado la formalización de acuerdos en esta materia con los gobiernos de la región, cada uno con sus particularidades, pero orientados especialmente a fortalecer el acceso a minerales y energía. Todos, menos Brasil.
Este gigante no es solo un enorme territorio, con casi 215 millones de habitantes, ubicado entre las 10 economías más grandes del planeta, sino que además posee los bosques tropicales más extensos y bien conservados del planeta. Es el primer productor y exportador mundial de carne bovina, así como de café, soya, azúcar, algodón en fibra y otros productos agrícolas como el maíz, con un su ‘cerrado brasilero’ como ejemplo de producción agroindustrial que muchos países envidian (sin desmedro del impacto ambiental de tamaña transformación).
Es un país con importantísimos yacimientos de minerales no sólo críticos sino de usos industriales convencionales como hierro, aluminio y acero y de una generación energética impulsada por enormes hidroeléctricas tanto en tierras propias como en las naciones del Pacífico suramericano. En minerales críticos, aparece con el mayor potencial de niobio del mundo, pero así mismo de tantalio, tungsteno, titanio y torio. Y en el lado del sector industrial se encuentran el cobre, hierro, bauxita, zinc, níquel y manganeso, entre otros, mientras que en la categoría de metales preciosos se encuentran oro, plata y platino.
Desde finales del año pasado, el Gobierno de Estados Unidos había estado proponiendo a su homólogo brasilero un acuerdo de producción, extracción y comercialización bilateral, cerrando las opciones de comercio a otros países. Y es allí donde precisamente radica la diferencia con otros países de la región, pues en Brasil existe un conocimiento mucho más detallado de sus reservas (a diferencia de Colombia, cuyo memorando incluye avanzar en la caracterización de ellas) y, por supuesto, hay mayor desarrollo tecnológico para generar valor agregado nacional. Y en esa misma senda, ha determinado no poner en venta todos sus yacimientos, sino establecer unas cuotas de suministro al mercado mundial, y priorizar el acceso y uso nacional de largo plazo tal como se acordó en la última reunión de la alianza de los países BRICS (donde precisamente, vuelve a tensarse la cuerda entre la visión política del Escudo de las Américas y La Ruta de la Seda). La exclusividad comercial no pareciera ser una ruta apropiada para ningún país, más aún cuando las relaciones políticas, económicas y militares son asimétricas; puede, y creo que así será, tener un costo demasiado alto para los intereses de nuestro país.
Foto: Rodrigo Botero.
El actual estado de acceso al recurso minero en Colombia no es deseable (también habrá que revisar ―tema para una nueva columna― si el modelo de acceso a gran minería es sostenible socialmente cuando hay tensiones por todos lados por quienes quedan excluidos en ese modelo, y esto sabiendo que habrá que ‘rezonificar’ las nuevas zonas de producción minera). No es defendible que se mantenga acceso, control y comercialización de recursos mineros no solo de oro sino de minerales críticos en manos de grupos y economías ilegales que están destruyendo territorios por todos los paisajes nacionales, donde tenemos ―además de las aguas y suelos contaminados― tierras estériles donde la gente antes cultivaba, así como poblaciones vulnerables con récord de mercurio en la sangre. Y, para rematar, tenemos grupos armados que se nutren de un mercado que tiene compradores tanto locales como internacionales que viabilizan este negocito. Oro, coltán, estaño y ‘tierras raras’ ―otros que indican radiactividad― salen diariamente por todas nuestras fronteras (por aire, ríos, mar y tierra), dejando un rastro imborrable en las poblaciones y los ecosistemas. No sólo los grupos armados tienen su pedazo, sino, principalmente, quienes comercializan y meten esto en el mercado ‘legal’, lo cual debería poner la mira de quienes están en la tarea de seguirle el rastro al dinero.
Creo que estamos llegando a un punto donde estos y otros temas sensibles se deberán abordar, ahora que las operaciones armadas sobre zonas de extracción minera ilegal estarán en la agenda de los acuerdos militares, según entendí del comunicado sobre la presencia de tropas de Estados Unidos en Tolemaida. ¿Como debe ser la política colombiana en materia de conocimiento, exploración, transformación, adquisición de tecnologías, uso local y exportación de minerales críticos en este nuevo marco mundial, privilegiando nuestra economía, soberanía, protección de recursos naturales, y acceso de poblaciones a sus beneficios? Creo que es posible aprender de la experiencia brasilera y de otros países del mundo donde cosas buenas y otras lamentables (como el congolés) pueden darnos pistas en este espinoso camino.
