Tuve la oportunidad de escuchar a varios ministros del nuevo Gobierno en un nutrido evento y me quedan algunas reflexiones que quiero compartir. Mi intervención versaba sobre algunas recomendaciones para abordar el tema de la deforestación. Señalé —cómo en otras oportunidades— que es un fenómeno multidimensional, y que no puede abordarse solo desde el Ministerio de Ambiente, sino con una perspectiva multisectorial sobre el supuesto de que la deforestación, de gran magnitud e intensidad en Colombia, está asociada con fenómenos de apropiación de tierras, lavado de activos provenientes de minería y narcotráfico y colonización armada, así como una utilización de recursos públicos y de incentivos económicos perversos (gubernamentales) asociados principalmente a la expansión ganadera. ‘Desambientalizar’ la deforestación debe ser la consigna.
Vamos por partes.
La idea de la territorialización puede ser una oportunidad para proponer un modelo de gerencia regional que genere el vínculo entre la nación y los departamentos, con un enfoque especifico de planeación y ordenamiento regional y priorización de acciones conjuntas entre los entes territoriales. El ambiente —y en este caso preservar los bosques de la nación— depende de una efectiva planeación, ordenamiento territorial, focalización de recursos y acción intersectorial. Hay que recoger lecciones aprendidas desde la época de los Corpes hasta las fallidas Consejerías para las Regiones. El ministro del Interior lo sabe.
Lo primero es señalar que se requiere una intervención que desestimule la apropiación de tierras públicas, la transformación irreversible del bosque en pastizales y el desarrollo de infraestructura vial que permite la entrada y salida de ganado que se utiliza para consolidar la apropiación de tierra y facilitar el lavado de capitales. Dicho así, las acciones criticas están mucho más allá de operativos puntuales, que han sido la fórmula simplista de aplicación de la ley en las partes más débiles de la cadena. Por el contrario, si de aplicar la ley se trata, habrá que intervenir las fuentes de financiación de esa deforestación, de esas carreteras, y de ese ganado, y por supuesto de las transacciones de tierras que se dan a partir de su apropiación. La ‘cereza del pastel’ estará en la aplicación de la ley, dirigida a los altos funcionarios gubernamentales (amparados por su fuero especial) que destinan grandes partidas de presupuesto, con el fin de consolidar la apropiación de tierras en zonas deforestadas a través de la inversión pública, como se ha evidenciado en las investigaciones más recientes de la Fiscalía. Pago por ver…
La reconstrucción de la UIAF será definitiva, si se quiere intervenir el lado ‘más ilegal’ de la financiación de la deforestación que se ubica en el lavado de oro y narcotráfico. Dado que se habla de un país minero como propósito, será un gran reto para las autoridades intervenir las transacciones de producción, fundición, transporte y, particularmente, de compra y exportación de oro, que hoy sostienen el conflicto armado. Uno de los dos negocios —oro o guerra— tendrá que ser controlado y los ministerios de Minas y de Comercio tienen retos por delante, además de la agenda de trazabilidad de minerales que debería asumir la Cancillería, en su rol de ‘oficina comercial’. Y en el campo de la defensa se tendrán que dar la pela de la corrupción en zonas de frontera y enclaves mineros que se están ‘tragando las fuerzas’ como un ‘dragón’ al lecho del rio.
Esto, en paralelo con las acciones que estimulen usos apropiados del suelo, y reconozcan los derechos de propiedad y regularización de la ocupación (un tema que lo tiene bien claro cada movimiento armado en la región en las que ha desarrollado desde asignación de tierras hasta su propio catastro), lo que significa, invertir y desarrollar en un proceso de reconversión ganadera extensiva en modelos silvopastoriles regenerativos en las zonas aptas y sustraídas de la reserva forestal, labor que ojalá sea prioridad de MinAgricultura. Propiedad de la tierra, asistencia técnica y financiación para una ganadería sostenible acorde con la zonificación del uso del suelo (para garantizar su trazabilidad), es un imperativo para la competitividad del sector, que ruge con la expectativa de abrir nuevos mercados, consolidar los que existen y ampliar el consumo interno. Liderar de manera legitima y técnica un ordenamiento productivo, y de ocupación y uso de facto, es la única posibilidad de cambiar una tendencia que hoy tiene la deforestación a las puertas de los bosques más biodiversos, conservados y extensos del país.
Por el otro lado, se debe desarrollar un modelo de restauración de gran escala, en tierras degradadas y deforestadas (que es la mayoría del piedemonte), donde se puedan desarrollar modelos novedosos de plantaciones, especies mixtas entre crecimiento rápido (tropicales, no solo nativas) y nativas de largo plazo, así como continuar con los procesos de enriquecimiento y regeneración natural en otras zonas donde los tiempos y rentabilidad permitan el largo plazo. Aquí existe un reto enorme de coordinación entre los sectores de agricultura y ambiente, así como las corporaciones, institutos de investigación, universidades y sector privado. Es necesario demostrar que hay modelos económicos sostenibles (y legalmente viables, pues el ‘engendro leguleyo’ los hace imposibles hoy) para lo forestal, tanto maderable como no maderable, incluyendo plantaciones como bosques silvestres en pie. De lo contrario, ‘apague y vámonos’, pues no es posible que las comunidades rurales opten por los modelos forestales si sus ingresos no están claros desde el principio, y son alternativa frente al ganado, el oro o la coca. No hay opción para la ‘carreta’.
Con respecto a las carreteras, el reto es enorme. Dónde y cómo hacer carreteras es un dilema que aún no está resuelto para el Estado colombiano, a pesar de tener Ley de Infraestructura Verde y Plan Maestro Intermodal. Definir el límite de expansión vial, mejorar los ejes de conectividad para la reactivación económica e impedir los que están afectando la integridad de las áreas de conservación son un mínimo básico de actuación, que pone a prueba la coordinación entre nación y gobiernos locales, así como control sobre la expansión de la malla ilegal, donde la corrupción apesta.
En fin, luego de años de trabajo se ha logrado evidenciar con datos y análisis serios que la deforestación es la punta de un iceberg que evidencia la relación entre pobreza multidimensional y perdida de gobernabilidad en un proyecto de cooptación de Estado cada vez más consolidado. Un reto para el simplismo de querer solucionarlo con operativos y escudos llenos de estrellas.
