Estuve esta semana recorriendo territorios, donde he podido reafirmar mi decisión personal de dedicar todos los esfuerzos posibles a fortalecer, construir y transformar Estado en Colombia. Tarea de largo plazo, irrenunciable y construible en el día a día.
El primer caso hace referencia a una asociación de productores Agroforestales comunitarios que se han constituido, y buscado un cambio en su modelo productivo, en su sostenibilidad, y su relación con el territorio.
Ellos han recibido, luego de 4 largos y tortuosos años, la aprobación de su plan de manejo para el aprovechamiento sostenible de tres especies de productos no maderables del bosque (PNMB). Hemos trabajado conjuntamente, haciendo inventarios forestales, evaluación de ecosistemas, planificaciones prediales, evaluaciones de conectividad, cartografías detalladas, y cuanto requisito técnico imaginable podría existir, para hacer de la extracción de los PNMB una práctica “perfecta”.
Puede leer: ¡90 familias conservarán 8.000 hectáreas de bosque a través de su uso sostenible!
Sin embargo, ese proceso ha requerido un acompañamiento técnico permanente, recursos financieros de diferentes cooperantes, así como apoyo a las mismas autoridades ambientales que a pesar de su buena voluntad, no tienen todos los recursos técnico-financieros para hacer el ejercicio, novedoso de por sí, en la premura de la vida rural del pequeño y mediano campesino.
Mientras estos años pasaban, a nuestro rededor veíamos cómo otra gente llenaba camiones full de novillos, los metía al potrero, ampliaba otros más, quemando rapidito, sembrando pasto “brizhanta y humidícola, para que aguante el verano”. También, vacas de doble propósito, que llenan cantinas que se recogen en la puerta de la finca cada mañana; y muchos, muchos jagueyes (mas de 7500 en el Guaviare), hechos con maquinaria oficial.
Ningún permiso, trámite, estudio, pasa por ahí. Por el contrario, estímulos, encadenamiento, apoyo técnico y “prestigio”. Los estímulos gubernamentales perversos favorecen usos del suelo en contravía de su vocación, y ayudan a la especulación. Y por el contrario, la maraña normativa hace aún más difícil el tránsito hacia la economía forestal de los bosques nativos. ¿Hasta cuándo?
Será muy difícil avanzar rápida y masivamente en un cambio de uso del suelo en las zonas de la reserva forestal hacia la forestería comunitaria, si no se adecúan los instrumentos normativos y técnicos, para hacerlos rápidos, eficientes, técnicamente solventes, y al alcance de cientos de familias campesinas que no tienen la suerte de tener organizaciones haciendo el acompañamiento técnico y financiero.
Tampoco, si no somos capaces de construir instituciones fuertes, con capacidades financieras, técnicas y operativas, y con marcos normativos adecuados a las realidades del siglo XXI. Colombia se destaca, infortunadamente, por ser un país leguleyo, donde la norma se vuelve el fin y no la herramienta, y donde se pretende que la realidad se adapte a la norma y no al revés, como debería.
Mientras llega el esperado momento de cosechar los bosques, genera ingresos, fortalecer las asociaciones de productores campesinos, restaurar los relictos que aún quedan y los suelos degradados, la especulación de tierras y el lavado (de todas las fuentes), acecha a las familias soñadoras del bosque.
Y obvio, se entiende que el problema es mayúsculo, y que no es fácil arrancar con la formalización de la propiedad y otros derechos, pero, el tiempo corre y la cunde el desespero.
Y allí viene que después de otros largos años de espera, empezamos a trabajar el inicio del proceso de Catastro multipropósito. La gente, entre desconfiada y escéptica, nos pregunta si vale la pena asistir a las convocatorias. Sin dudarlo, apoyamos la convocatoria, la caracterización, la línea de base, todo lo que tengamos para empujar el proceso. Y se va despertando la confianza entre las instituciones nacionales, regionales, y la gente, al punto de plantear procesos generales de formalización y reconocimiento de derechos.
Las Mesas Departamentales de Reforma Agraria deben ser un paso obligado de urgencia en los territorios de mayor conflictividad.
A veces, hay que “jalar” gente de uno y otro lado, entre agencias a veces hay roces, protagonismos, inexperiencia, debilidades, y la población lo percibe, pero más aun, los lesiona.
La descoordinación de Gobierno puede ser el principal talón de Aquiles en los territorios, donde la gente está “mamada” de la burocracia, y prefiere recurrir a las órdenes claras, por bizarras que sean, del actor armado de turno que controla su territorio.
No podemos ser entonces, espectadores pasivos de esa distancia cada vez mayor de la institucionalidad con los territorios, donde se ve claramente cómo hay movimientos que están exacerbando esta distancia, escepticismo y rechazo a la gestión institucional, soportados, además, en las amenazas y hostilidades de los grupos armados que hacen de esta práctica, una forma de afianzar su “reglamentación propia”.
Incrementar el apoyo al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias es un imperativo, en donde su capacidad de gestión, incluyendo la implementación de presupuestos públicos y privados, debe ser un proceso continuo, de largo plazo.
Alli, también se requiere, que la normatividad se actualice, y permita desarrollar criterios para la participación social en la ejecución de los programas en los cuales desarrollen las experticias técnicas y administrativas necesarias para cumplir con el objeto de contratación.
Pero ojo, sin fortalecimiento ni acompañamiento, este puede ser un mecanismo que acabe por fragmentar y desbaratar la cohesión social, además de alejar aún mas la credibilidad en la capacidad y transparencia de las organizaciones sociales para este fin.
Ejemplos como el de los fondos sociales brasileros de organizaciones amazónicas locales pueden ser un buen ejemplo de cómo llevar a cabo este ejercicio de gobernanza territorial entre gobiernos y sociedad civil. A la otra orilla están organizaciones cooptadas, funcionales a los intereses de grupos armados, o políticos de turno, que hacen un daño inmenso en esta construcción de Estado en Colombia.
Cada esfuerzo posible en el fortalecimiento de un Estado coordinado, participativo, legítimo, que construya sobre el acumulado de tantos esfuerzos de las poblaciones rurales y urbanas para hacer un ejercicio de derechos en democracia, tiene el mayor sentido posible, en estos tiempos de incertidumbre. De lo contrario, la sombra del Estado fallido está a la vuelta de la esquina.