Publicado en: Semana sostenible
Escrito por: Rodrigo Botero
Han pasado varias semanas desde que los funcionarios de Parques Nacionales Naturales (PNN) salieron de cinco áreas protegidas de la Amazonia por presiones de un grupo que se autodenominó “las verdaderas Farc”. Una catástrofe con implicaciones e impactos que el país parece no dimensionar aún.
El primer impacto es la violación a los derechos de estos defensores, una tragedia para líderes ambientales con máximas implicaciones que da cuenta del talante de los interlocutores. En segundo lugar están los acuerdos de PNN con indígenas y campesinos sobre fortalecimiento comunitario, desarrollo sostenible, restauración de ecosistemas, monitoreo, erradicación y titulación de tierras.
Parques Nacionales lideró durante el Plan Consolidación, en el Parque La Macarena, entre los ríos Ariari, Cafre y Güéjar, la titulación de 50.000 hectáreas en la zona amortiguadora, la erradicación de 2.500 hectáreas de coca, una propuesta de reserva campesina, cimientos para programas de relocalización voluntaria y una semilla del posterior acuerdo de paz.
Los guardaparques han sido amenazados por grupos al margen de la ley a los que no les conviene su presencia en los territorios. Foto: Parques Nacionales.
Pero el asunto de tierras no fue abordado como parte de una política diferenciada para los PNN, en donde las zonas amortiguadoras fueran priorizadas para procesos de formalización, disminuir las presiones en los Parques y focalizar la inversión pública y presencia institucional.
Los PNN quedaron solos y aparecieron las disidencias de las Farc, reacias a la sustitución, relocalización y cambio de uso del suelo, con la pretensión de mantener los Parques como su propiedad y para su gente. Esto lo ratifican los centenares de familias que entraron ante un Estado lento y sin brújula.
Cierran el escenario reciente los operativos contra la deforestación, muchos focalizados en la aprehensión de campesinos; entre tanto, los determinadores están brindando. La apropiación de baldíos se convirtió en el primer factor de deforestación y disparador del conflicto que arranca en los Parques, pero no sabemos dónde terminará.
Campesinos que conocí en los Parques entre 2000 y 2010 ya no están. Llegó nueva gente a arrasar procesos, normas, acuerdos y bosque. En La Paya, Nukak y La Macarena volvieron la coca y el ganado, aparecieron vías y sitios de procesamiento, negocios estimulados por el mercado, las dificultades de un Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) y los nuevos armados aprietan cada vez más a todos.
La investigación empezaba a mostrar la riqueza y potencial de la Amazonia, como nuevas especies, hallazgos arqueológicos y sitios para ecoturismo.
Hoy, con un aire enrarecido, los PNN exigen un esfuerzo para retomar lo aprendido, revisar la estructura de tenencia y formalización de los territorios, además de focalizar el catastro multipropósito y la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Es necesario deslindar la interlocución con las organizaciones campesinas que históricamente han estado allí de los nuevos ocupantes, quienes tienen una condición diferencial. La aplicación de la ley debe focalizarse en determinadores de los delitos y no en población vulnerable.
La presencia interagencial debe ser permanente, no solo para atender las coyunturas. Todo ello y mucho más empieza, entre otras cosas, por permitir el regreso de los funcionarios de Parques a sus áreas de trabajo, en representación de todos los colombianos, a cumplir su labor, con una autoridad civil que debe ser respetada y un diálogo con organizaciones que tienen memoria histórica y han puesto sobre la mesa aspectos que revelan una auténtica voluntad de diálogo.
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